Las autoridades electorales han ordenado al partido Viva que cese inmediatamente su engañosa campaña que presentan como motivación para el empadronamiento y la afiliación, pero que tiene un evidente contenido político-electoral de los que están prohibidos. Muy cristianamente, la respuesta de Viva ha sido que no acatan la resolución y que la impugnarán porque ellos están en sus trece y mantendrán la campaña que busca posicionar al partido del pastor Harold Caballeros.
Y si así son las vísperas, con esa tendencia a pasarse la Ley por el arco del triunfo, ya podemos imaginar lo que serían las fiestas si esa agrupación política llegara a ganar una elección. El mensaje es claro, porque aunque el espíritu de la Ley sea tan claro y categórico, los dirigentes de Viva demuestran que aprovecharán cualquier vericueto legal para hacer lo que les dé la gana y en contra de ese espíritu de la legislación.
Obviamente Viva se coloca en posición de ventaja frente a otros partidos políticos al hacer una millonaria campaña, sin que explique, ni por asomo, el origen de esos fondos, en la que se presenta como la formación capaz de cambiar Guatemala. Es obvio que el tema del cambio será crucial en las próximas elecciones porque la mayoría de la población entiende que el país va por mal camino, que no existe en realidad una esperanza concreta porque ni siquiera se puede atacar el problema de la seguridad, no digamos el resto de las obligaciones del Estado, y el partido de tendencia cristiana quiere situarse en la mente de los electores como el que ofrece un cambio profundo para el país.
Si la manipulación de la Ley es poco edificante en un país donde el principal cambio tiene que ser en la consolidación de un inexistente régimen de legalidad, cuánto más esa desfachatez de reírse de la resolución de la autoridad competente, aprovechando las deficiencias que hay en el régimen del Amparo para llevar el caso a una instancia y jurisdicción diferente a la electoral a fin de mantenerse en la evidente y clara violación de la norma que prohíbe a los partidos políticos hacer campaña proselitista antes de la convocatoria a elecciones.
Creemos que aunque no se reforme la Ley, los partidos políticos que deseen dar cátedra de civismo y decencia, deben explicar el origen de sus fondos de campaña y en el caso del señor Caballeros no hay ninguna información de quiénes están proporcionando los recursos y, mucho menos, de a cambio de qué tipo de compromisos. Está demostrado que nadie regala nada y que los financistas se despachan con la cuchara grande.