Comunicaciones telefónicas por conferencia, hallazgos de celulares sofisticados y paneles solares, reos que entran y salen de prisión con autorización de las propias autoridades y planificación de crímenes son algunos de los hechos que persisten en el sistema carcelario durante la administración del presidente Otto Pérez Molina y del ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quienes hasta hoy no cumplen con las promesas del cambio.

¿Hacerlo por excepción es una estrategia de seguridad o un plan para facilitar el negocio?

Cárceles continúan como centro de operación del crimen

El hoy Presidente de la República, dijo a La Hora Política, el 13 de abril del 2011, siendo candidato a la Presidencia por el Partido Patriota, lo siguiente: “Debe retomarse el control de los diferentes centros penitenciarios, para contrarrestar las acciones criminales que se desarrollan desde su interior, evitando la corrupción de las autoridades. Eso plantea la urgencia de construir centros penitenciarios, para cumplir con el mandato constitucional –“readaptación social y a la reeducación de los reclusos”– (Artículo19); que principia por la correcta clasificación de los privados de libertad, de tal forma que se garantice su seguridad y el cumplimiento de su condena”.

A un año y medio después de asumir el poder, el Gobierno pretende construir una cárcel de máxima seguridad por excepción, argumentando que la construcción de la misma puede tardar hasta dos años y aduciendo que los planos de diseño, por seguridad, deben ser secretos. Si el hoy Presidente estaba consciente que era urgente, ¿por qué esperaron tanto tiempo para empezar el proceso de la construcción de la cárcel? ¿Por qué no dijo en campaña que era necesario construir cárceles por el mecanismo de excepción? ¿A propósito, dejan pasar el tiempo para que luego todo sea “urgente” y utilicen este mecanismo?

LOS PROBLEMAS

La comunicación de reos dentro de las cárceles persiste y una prueba de eso es que recientemente trascendió –por investigaciones que están en proceso de judicialización– cómo los detenidos de diferentes prisiones, aun cuando están en departamentos distintos, pueden hacer una conferencia telefónica para amedrentar a sus víctimas, aunado a que también cuentan con celulares sofisticados donde tienen acceso a redes sociales y otras herramientas tecnológicas.

Esa comunicación permite que los criminales continúen planificando extorsiones, asesinatos y secuestros en contra de la población guatemalteca, que diariamente está expuesta a la violencia planificada por grupos organizados.

La situación actual del sistema carcelario comparada con la de Álvaro Colom y Carlos Menocal, expresidente y otrora titular de la Cartera del Interior, respectivamente, no ha variado, pues hasta la fecha no existe un plan integral en marcha que permita detener la corrupción y la permisividad hacia los detenidos.

En febrero pasado, Luis González, ahora exdirector del Sistema Penitenciario (SP) fue removido de su cargo, tras conocerse que autorizó varias salidas del reo Byron Lima, supuestamente a espaldas de López Bonilla; el sucesor en el cargo, Edgar Camargo, tiene ahora la responsabilidad de reformar la institución, pero no hay información contundente al respecto.

En el tema de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad poco se conoce sobre las políticas que se han implementado, pues ni González ni Camargo –que evade a los medios de comunicación– han expuesto sus argumentos sobre esta temática y los avances que supuestamente han alcanzado.

El tiempo ha trascendido y se desconoce sobre la creación de los reglamentos específicos que deberían implementarse en esta administración, tal como lo ordenaba el Acuerdo Gubernativo 513-2011, que se publicó el 30 de diciembre de 2011, tras la aprobación del Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario.

La ausencia de reglamentos específicos deja un vacío legal relacionado con las obligaciones y los derechos de las personas detenidas.

La Hora en reiteradas ocasiones ha intentado conocer más sobre este y otros temas, a través del director de Presidios, pero usualmente es el portavoz Rudy Esquivel quien atiende las solicitudes

Esquivel dijo recientemente que los reglamentos específicos se encontraban en análisis y en un proceso de adecuación a la realidad de cada centro de detención; en agosto próximo se esperaba la primera proyección formal de esas referencias legales.

El 12 de diciembre del año pasado, Luis González explicó que prefería buscar reformas a la Ley del Sistema Penitenciario y no crear los reglamentos específicos, por “algunas contradicciones”.

ACCIONES DEL MINGOB

Estadísticas del SP indican que en un año y medio se han realizado 1 mil 954 requisas en los diferentes centros carcelarios; se ha detenido a 120 personas por intentar ingresar objetos no permitidos, entre ellos 13 elementos penitenciarios; se han decomisado 6 mil 556 teléfonos celulares y se han realizado 892 traslados por reubicación o por la comisión de un hecho criminal dentro de prisión.

El ministro de Gobernación dijo que uno de los principales mecanismos de control que utilizan son las requisas que se realizan constantemente.

El funcionario agregó que existen esfuerzos interinstitucionales para mantener el control de los centros carcelarios, pero es necesario y de forma urgente desarrollar la infraestructura adecuada con tecnología de punta.

Según López Bonilla, esa es una de las razones por las que se analiza crear una cárcel de máxima seguridad y por la urgencia y para preservar la seguridad de no revelar los planos de diseño se considera que podría ser por “excepción”, pero esto es una decisión que tomaría el presidente Pérez Molina.

El encargado de la seguridad agregó que la infraestructura con la que actualmente se cuenta no es la apropiada, pues data desde los años 60 y 70, mientras que hoy las cárceles albergan a delincuentes del siglo XXI.

A criterio del funcionario, la construcción por “excepción”, no es un “capricho” es una urgencia que llevaría al menos dos años; si este proyecto no avanza de forma inmediata será la siguiente administración de gobierno que se encargue de esto.

“No es un capricho, es una urgencia, una cárcel bien diseñada y con el equipo adecuado no se construye en seis meses o un año, puede llevar hasta 2 años. Si no se hace ahora será el próximo gobierno quien trabaje en este proyecto”, indicó.

El Titular de la Cartera del Interior destacó que pretenden transparentar este proceso, además están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Reiteró que las licitaciones tampoco son una “garantía”.

SIN PLAN

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que al igual que la administración anterior, ésta tampoco tiene un plan y una estrategia para enfrentar los problemas de Presidios.

“El primer punto es que el SP debe ser prioritario y no lo ha sido ni con el gobierno pasado ni con éste, el segundo punto es el fracaso ante la ausencia de planes y estrategias. Tenemos más de cinco años de que militares en situación de retiro dirigen las cárceles y vemos claramente la falta de criterios para conducir el proceso penitenciario, además de que no hay recursos, no hay políticas, no hay estrategias, ni directores que tengan las capacidades y conocimientos para enfrentar la complejidad que tiene el SP”, explica el profesional.

El director del CEG califica “igual de malo” el trabajo que se ha hecho a lo interno de las cárceles, porque no existen programas de rehabilitación y resocialización, persiste la corrupción y el descontrol.

“El trabajo es igual malo que el de los anteriores –gobiernos–, el SP sigue siendo la cenicienta, no hemos entendido la integralidad del proceso de seguridad: si hay un esfuerzo de investigación y jueces que juzgan e imparten justicia, pero no hay un proceso de reinserción. No sirve de nada llenar las cárceles de gente”, explica.

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que la administración de las prisiones falla en la ausencia de controles y la falta de oportunidades para reinsertar a los reos a la sociedad.

“Pienso que hay dos fallas muy grandes, primero que no existe un régimen ordenado dentro de la cárcel, ellos siguen viviendo en desorden porque tienen mucha libertad y no tienen horarios estrictos para cumplir actividades, segundo no hay una oferta de oportunidades laborales o no hay suficientes y esto es algo que debería proporcionar la institución, es un mandato de la ley”, explica.

Dedik opina que el sistema de rehabilitación data desde hace 40 años, a pesar de que en la actualidad los desafíos a enfrentar son otros.

“Hay que ser realista, el sistema necesita un reajuste a la actualidad y no estar estancado como hace 40 años donde había otro perfil de reclusos y otra cantidad; hace 40 años no existía el tema de pandillas, existían extorsiones pero no a este nivel, la sociedad, los delincuentes, los crímenes han evolucionado pero el sistema de rehabilitación se quedó totalmente estancado”, dice la entrevistada.

ESFUERZOS HUMANOS

Julio Rivera Clavería, analista en seguridad independiente y exviceministro de Seguridad, considera que el Mingob hace todo lo humanamente posible para contrarrestar el ingreso de ilícitos en la cárcel, aunque la corrupción persiste.

“Considero que se están haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles, se hacen requisas constantemente junto con el Ministerio Público, el problema radica en que los niveles de corrupción son muy altos y eso es una realidad innegable”, afirma el exfuncionario.

En otro punto considera que la corrupción que se gesta en los centros carcelarios corresponde al involucramiento de personal del SP que por dinero o por amenazas de las maras y las mafias pueden responder a los intereses de los detenidos.

“Es un tema muy complicado de resolver en el corto plazo, no puede ser resuelto en la medida que no existan cárceles adecuadas para el tratamiento de reos altamente peligrosos, vuelvo a insistir en lo mismo que siempre he planteado, hay que pensar en una cárcel de máxima seguridad con todos los requisitos de la tecnología moderna y de las cárceles penitenciarias modernas para que efectivamente existan controles sobre todos los internos del país”, dice el abogado.