Los cambios hechos y por operarse en el Ministerio Público podrán evaluarse rápidamente y de manera objetiva dependiendo de la forma en que los fiscales procedan a la investigación, de cómo se produjo la estafa al Congreso de la República y la participación de todos los que estuvieron vinculados con ese negocio que parece tener más cola que un barrilete.
El Fiscal General recién estrenado, en realidad con pocas horas de ejercicio del cargo, recibió una andanada de la directiva del Congreso cuando lo culparon de haber tenido a la mano para capturarlo al señor Raúl Girón, pero al margen de esa controversia que al final de cuentas puede entenderse como un esfuerzo por quitarse una brasa de las manos y pasársela a alguien más, ahora que ya se entra a la fase de investigación es necesario que el Ministerio Público dé muestras de que los nuevos fiscales sabrán utilizar en mejor forma los recursos ahora disponibles y que son muchos más de los que esa institución tenía hace cinco años.
Obviamente en este escandaloso caso vuelve a surgir la figura del delincuente de cuello blanco que sabe cómo hacer sus cosas y sin duda que será difícil establecer la ruta del dinero estafado al pueblo de Guatemala, pero el viejo aforismo establece que en realidad no hay crimen perfecto, sino solo investigaciones defectuosas y por ello es que ahora urge que las labores de fiscalía se ejecuten con nuevos criterios, con una mentalidad que rompa con la tendencia que ha sido, históricamente, la de garantizar la impunidad de los políticos y de los ladrones de altos vuelos.
Para la nueva administración del Ministerio Público este caso constituye una oportunidad más que cualquier otra cosa, porque pueden demostrar marcadas diferencias con la tradición del sucio manejo de las evidencias para proteger a los sinvergí¼enzas. Obviamente la presión ciudadana y el interés de la opinión pública puede considerarse como un enorme peso para los fiscales y una dificultad más para el avance de las investigaciones, pero la verdad es que todo ello hace que este caso se convierta en un reto paradigmático que le puede dar al Fiscal General y a su equipo de trabajo una imagen totalmente distinta.
En el caso de MDF hay demasiada gente involucrada y todos, desde los políticos que jinetearon el dinero público, hasta los socios de la empresa y sus asesores, así como los cómplices que se encargaron de hacer los contactos con los ambiciosos congresistas, todos tienen que responder por sus actos y expiar su culpa. Aunque nuestras leyes contemplen penas de pipiripau para los corruptos, por lo menos el estigma de ser convictos criminalmente tiene que pesar sobre ellos.