El Altiplano de San Marcos, una de las regiones donde se vive con los más bajos índices de desarrollo humano, está atravesando una situación de tensión que puede complicarse si el Gobierno no interviene adecuadamente. En Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, la actividad minera ha generado pugnas entre la empresa Montana Exploradora y pobladores que ya han denunciado daños a su salud, escasez de agua y casas con paredes rajadas.
Por su parte, la empresa, que ha negado su responsabilidad en estos daños, publicó campos pagados en que señala agresiones contra sus trabajadores en esas comunidades, y que requirieron de la intervención de la policía y el Ejército.
Estos acontecimientos ocurren mientras que en más municipios de esa región, Ixchiguán, Tacaná, Tajumulco, San José Ojetenam, Sibinal, Nuevos Progreso, y otros municipios más en Huehuetenango se inician los proyectos de exploración minera, y la población se ha empezado a movilizar para manifestar su descontento. Sólo en Huehuetenango suman 18 las consultas comunitarias sobre proyectos extractivos, y en San Marcos también se han realizado, aunque el Gobierno no los reconoce como medidas vinculantes.
Partiendo de la manera en que el Gobierno ha asumido este tipo de problemáticas, no es difícil pensar que una medida que se podría tomar es decretar otro estado de Excepción, en el cual se militaricen estas poblaciones, tal como ocurrió en San Juan Sacatepéquez.
Si esta proyección es correcta, nuestros «tiempos de solidaridad» terminarían convirtiéndose en un estado de inestabilidad social cada vez más generalizado. Esta región ya ha sido intervenida de esta manera cuando se realizaron operativos para capturar a personas implicadas en narcotráfico. En esa ocasión, habitantes de Tajumulco me expresaron sentirse violentados como pueblo, además que mujeres denunciaron que fueron objeto de abusos por parte de policías mientras allanaban sus casas.
En San Juan Sacatepéquez se capturó a 43 personas, entre las cuales había quienes se les reconocía también como líderes que se oponían a la instalación de la planta cementara. Para su captura, se utilizó mil soldados y policías según el reporte de algunos medios. Y mientras estos son acusados de intimidar a la población y del asesinato de un comunitario, organizaciones sociales denunciaron que la empresa fue la que envió a delincuentes para intimidarlos.
El Gobierno, en vez de recurrir a medidas que siembran miedo en la población, debe tener la capacidad de esclarecer los hechos que se desarrollan en torno a estos conflictos por la presencia de las industrias extractivas en las comunidades. Ojalá no repita en San Marcos el mismo error, pues ya suficiente tienen estas comunidades con la miseria a la que han sido sometidas.
No quiero dejar pasar que ayer fue el Día de la Juventud. A partir de la otra semana me referiré al entorno en el que se desenvuelve este sector, que es presente y futuro en nuestro país.