Más que difícil de creer (porque lo hemos visto con nuestros propios ojos), ya resulta difícil de digerir las tan desfiguradas condiciones en las que se encuentra el Estado de Guatemala.
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La implicación de elementos de la Policía Nacional Civil en la desaparición y ejecución de cinco jóvenes del Barrio El Gallito pone otra vez de manifiesto no sólo que las instituciones de seguridad son ineficientes en el cumplimiento de sus mandatos y en evitar la irrupción de la corrupción dentro de sí misma, sino las condiciones de ingobernabilidad y la utilización de políticas represivas que ha aplicado desde siempre el gobierno de turno.
También es complicado percibir la «aceptación» de la población ante tan descarada muestra de la aplicación de la limpieza social.
Tras el hallazgo de los cuerpos de Herberth, Tomás, Edwin, í“scar y Juan (todos jóvenes), no era raro escuchar algunos comentarios relacionados con el contexto en el que se dieron los hechos, justificando de alguna manera los mismos.
El hecho de vivir o jugar una chamusca en determinado lugar son motivos suficientes para externar una enfermiza opinión sobre el crimen. Lo anterior debido a la corroída situación en la que se encuentra la sociedad, la cual se ha adaptado al sistema estructural funcionalista y cree que «cada cosa está en su lugar».
Que un grupo de ciudadanos tenga antecedentes delictivos no significa que otro grupo acepte o deba permitir que el Estado actúe de tal forma. Es obligación constitucional de los operadores de justicia perseguir penalmente, probar y castigar los delitos en base a la ley. Aquí de nada vale haber nacido inocente, cuando de sacrificio se trata.
El deterioro estatal corroe la conciencia ciudadana y parece no dejar tregua: la postura negativa de algunos sectores políticos ante la aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el proceso de antejuicio que está abierto contra miembros del parlamento nacional por delitos que van desde el robo hasta crímenes contra la vida (como el caso Parlacen), son prueba de ello.
Todo lo anterior sólo pone aún más de manifiesto la urgencia de un cambio de dirección y el rescate de «las ruinas del Estado». Si esto no es una dictadura, ¿qué es?
Los jóvenes nos oponemos a las políticas represivas utilizadas por este gobierno en contra de la población, cuya mayoría es joven. Exigimos el cumplimiento sustantivo de la ley. Los jóvenes decimos: «Sí a la vida».
«Â¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para acabar con la pobreza?, ¿acaso exterminar a los pobres??»