El cabildeo político y financiero para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pueda continuar su mandato por dos años inició ya hace algunas semanas, esperando que tanto el nuevo gobierno como los países que apoyan económicamente este trabajo y por ende a Guatemala, acepten que hasta el 2015 exista una entidad internacional específica para encontrar las redes de grupos clandestinos, que trabajan de forma ilegal e impunemente, en detrimento de los guatemaltecos.
La CICIG, como se le conoce dentro y fuera de Guatemala, es un modelo único creado por las altas autoridades del Sistema de Naciones Unidas, a solicitud de quienes hace ya casi 10 años explicaban que no era posible alcanzar mejores resultados en la administración de justicia, ni bajar los índices de corrupción del país, porque había una serie de quistes o células malas dentro del aparato social guatemalteco, incluyendo un componente muy fuerte del sector público. Su naturaleza entonces, según algunos grupos jurídicos y políticos, era la de un propio cuerpo clandestino, amparados bajo la inmunidad diplomática de un Convenio internacional, y con el riesgo de convertirse en una estructura de poder político dentro del país. Su rechazo en esos sectores fue casi unánime, utilizando la vía de la inconstitucionalidad para evitar su implantación, aunque el reclamo social se hacía cada vez más evidente, especialmente porque en realidad parecía que ninguna de las instituciones del Estado podía alcanzar los resultados esperados, a la luz de tener dichos grupos adentro de sus propias estructuras.
Con más estrategia y conocimiento jurídico del marco legal, político y social del país, se reconfiguró la propuesta y en el marco ya de un mandato de contexto similar, pero bajo la institucionalidad de una fiscalía dentro del Ministerio Público, y con la obligación de seguir los parámetros constitucionales que se deben respetar, se adopta el Convenio entre la ONU y Guatemala, favorecido principalmente por los países amigos de Guatemala, que coincidían con la descripción de un Estado débil, entre otras razones, pero principalmente, porque carecía de la fortaleza para extirpar esos grupos clandestinos de impunidad en el país, y que por medio de distintas fuentes (narcotráfico, trata de personas, venta de órganos, corrupción, contrabando, y un largo etcétera) agotaba los pocos recursos que se destinaban para su combate, haciéndolo bajo todo punto de vista, inefectivo. Durante los años que han transcurrido, la CICIG ha cumplido parcialmente su mandato, y por esa razón la solicitud o gestión para su continuidad debe ser apoyada, especialmente porque como toda organización social, pero bajo sus elementos perversos, estos grupos clandestinos han luchado fuertemente por afianzarse en sus posiciones, y peor aún, se sospecha que han surgido nuevos, cobijándose en dos aspectos que son vox populi: una estructura normativa creada especialmente para resguardarlos o quizá sumamente débil para sacarlos; y una ineficiencia del Estado para proceder contra ellos. Entonces, la CICIG en esta época, se hace necesaria y algunos consideran inclusive, indispensable, aunque se reconoce que debe contar con mucho apoyo, principalmente social, pero también de las decisiones políticas de los actuales gobernantes, además del concurso financiero que se busca en los países económicamente solventes que apoyan a Guatemala. La CICIG entonces, debe trazar una línea más hábil y estratégica para mejorar su trabajo y su función, evitando caer en imprecisiones o generalidades, especialmente ante aquellos actores con los que tiene que interactuar (jueces y fiscales), aunque está claro que dentro de su mandato no está el de hacer relaciones sociales o quedar bien con todos, pero con ese fortalecimiento interno, su trabajo será más efectivo, no hay duda al respecto.
Pero las autoridades del Estado deben empezar a considerar un escenario en el 2016 sin la participación de la CICIG. Si se hizo necesario que un grupo especializado tuviera que introducirse al país para alcanzar resultados que mejoraran la percepción de impunidad, es porque existe duda que las instituciones constitucionalmente encargadas de cumplir ese rol no podrán por sí solas. Entonces el camino para estos más de 2 años que restan, consistirá en crear las condiciones políticas (políticas públicas y decisiones de alto nivel), sociales (un compromiso de la población), económicas (mejorar los índices de tributación y cortar la dependencia de donaciones o préstamos) y principalmente técnicas e institucionales (fortalecimiento de capacidades de investigación, análisis y resolución) del propio Estado, logrando que al momento en que la CICIG se retire, haya creado un sistema efectivo de combate a los grupos clandestinos que generan impunidad en el país, porque pensar en erradicarlos pareciera una verdadera misión imposible, pero una misión en la que todos debemos estar comprometidos a cumplirla, desde el lugar en donde nos corresponda.