«Muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen viven. Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte», Eduardo Galeano.
lahora@lahora.com.gt
La intención que el gobierno de la UNE tuvo, desde la campaña, la cual contemplaba retomar el control territorial que perdió el Estado con la penetración del crimen organizado, el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia Civil y la depuración de la institución de la Policía, parece haber empezado con la expresa intención de acaparar la mirada de la opinión pública con los «intensos operativos» efectuados en «zonas rojas» de la ciudad.
Los propios resultados del incendiario inicio del Plan de los Cien Días del presidente ílvaro Colom han obligado a cambiar el rumbo de su lógica respecto al actuar de la PNC. Desde el 16 de enero pasado las capturas efectuadas por la Policía en los famosos operativos han superado por muy pocos números las «faltas de mérito» y las «medidas sustitutivas» otorgadas por los juzgados.
Según información de la propia Policía, a mitad de la semana, un mínimo porcentaje de las aprehensiones respondían a órdenes de captura emanadas de juez competente, lo cual no sólo convertía la implementación del plan en un show del gobierno de turno, sino recargaba el trabajo de los juzgadores en el Organismo Judicial.
Las acciones de la PNC (por cierto, acompñadas del Ejército), hasta ahora muestran como único resultado decenas de capturas sin fundamento y algunas por delitos leves y no un enfrentamiento serio al crimen organizado, el cual entre sus acciones podría desde una butaca coordinar el funcionamiento de la delincuencia común.
Pese a la gran cantidad de allanamientos, requisas, operativos y cuanto alcancen a realizar las instituciones encargadas de la seguridad, las muertes no cesan: el ataque indiscriminado contra siete jóvenes en Chinautla, la aparición de tres cadáveres con señales de tortura en San Pedro, Sacatepéquez, y el regreso de los asesinatos contra los pilotos por extorsiones son crímenes ejecutados con, o sin los operativos «de alto impacto».
Ni el alto nivel de violencia, sumado a las cuestionables acciones de la Policía, constituye todo el problema. La forma en la que una gran parte de la población percibe los hechos de violencia representan también un punto en la mira del Estado, el cual está llamado a velar por el bienestar común.
La criminalización de las victimas y la aceptación de un fuerte grupo de la sociedad a las prácticas de limpieza social obligan a las instituciones competentes del Estado a cambiar la lógica actual de la aplicación de la justicia. La idea de que el hallazgo de cuerpos degollados y con señales de extrema violencia se justifique con un tatuaje o antecedentes penales, no puede seguir libre por ahí. Es necesario dirigir las acciones también a ese punto.