Cuando se presentó la acción ante la Corte de Constitucionalidad para interrumpir la interpelación, dije que la misma era provocada por la cuestión de las dietas que los diputados cobran por asistir, aunque no trabajen, a las sesiones de alguna de las comisiones legislativas que existen en el Congreso. Y las carreras de ayer, para reunirse a última hora, aunque solo fuera para verse las caras y firmar el acta de asistencia, confirman el sentido de la acción y el absurdo de la decisión de la CC que resolvió dar luz verde a la petición formulada para suspender la interpelación del Ministro de Cultura.

O sea que tras todo lo que se maneja en el Congreso y tomando en cuenta los pagos extraordinarios en casos tan especiales como el de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, los diputados no pierden el sentido de la pichicatería y las dietas son defendidas con uñas y dientes porque allí sí que vale aquello de que no hay que desperdiciar ni un pinche centavo.
 
 En el caso de los diputados yo creo que hay poco más que pueda ser realmente sorprendente para la opinión pública que ya observa lo que pasa en el Congreso con la más solemne indiferencia, acostumbrada como está a que del vetusto recinto de la novena avenida no salga nada edificante. Pero la celeridad con que actuó en ese caso la Corte de Constitucionalidad es de ser tomada en cuenta, porque apenas si compite con la que demostraron ayer cuando, tras el reclamo de los pueblos indígenas de occidente que les señalaron de retardar maliciosamente la acción contra la Ley de Minería, resolvieron en menos de lo que canta un gallo para mandar a la punta de un cuerno a los representantes de los pueblos que se sienten agraviados por la falta de normas efectivas para regular las consultas populares.
 
 En el caso de los diputados y su deseo de frenar una interpelación para poder cobrar las dietas de febrero, salta a la vista que el texto constitucional es clarísimo en cuanto a que nadie, absolutamente nadie, puede calificar o interrumpir una interpelación y eso se aplicaría o debiera aplicar a cualquier tribunal, incluyendo por supuesto a la Corte de Constitucionalidad. Hay que reconocer que las interpelaciones han sido manoseadas desde hace tiempo y que se ha desvirtuado por completo su sentido, pero mientras no se modifique la Constitución y la Ley de Régimen Interior del Congreso de la República, no hay forma de evitar el procedimiento que ahora es un distractor para entrampar la agenda legislativa, lo cual por cierto les cae muy bien no sólo a los interpelantes, sino al mismo pleno porque así se zafan de la obligación de tener que entrarle a temas peliagudos que los pueden distanciar con sus financistas de las telefónicas, como sería una ley efectiva para sancionar la activación de celulares robados.
 
 O la necesidad de legislar con seriedad para regular las consultas populares que están consignadas en convenios internacionales sin que internamente se haya establecido el mecanismo idóneo para hacer valer el diálogo en los asuntos de trascendencia e interés de las comunidades donde están asentados pueblos indígenas. Porque al respecto hay que decir que el diálogo y las consultas realizadas hasta ahora tienen un común denominador que es el menosprecio e irrespeto a la inteligencia de los pobladores a los que se pretende engañar y manipular con la arrogancia del “letrado” que se comunica con “la partida de ignorantes”.
 
 Está visto, pues, que la justicia se vuelve pronta y cumplida cuando hay que satisfacer la sed de pisto de los diputados o cuando se trata de mandar al chorizo un reclamo de comunidades indígenas. Así es, ha sido y será nuestra pobre Guatemala.