A partir de ahora el Presidente de la República volverá a tener en sus manos la decisión de otorgar el indulto a los reos condenados a la pena de muerte, que a la fecha suman 43. El Partido Patriota propuso la moción que incluyó en la orden del dí­a la discusión de esta normativa y su posterior aprobación. Sólo los partidos pequeños como Encuentro por Guatemala y URNG se opusieron. El resto de las bancadas desencadenaron una serie de discursos a favor.

«Podemos hoy darle un instrumento al actual gobierno para que sirva de disuasivo, para que estos criminales que hoy nos tienen de rodillas de una vez, y por todas, sepan que la Ley se va aplicar como corresponde. La pena de muerte está en Ley (…) hoy hagamos historia en este pleno y que de nuevo los 43 condenados a muerte paguen con la vida cualquier crimen que hayan cometido», declaró enérgicamente Roxana Baldetti, al proponer la aprobación en tercera lectura y redacción final de la ley reguladora de la conmutación de la pena de muerte.

Disuasivo

Desde ayer la bancada Patriota ha insistido en que la aprobación de esta ley representa un «disuasivo», es decir, que el objetivo es convencer a la población con acciones o alejarlos de una idea, como lo describe el diccionario. Con ello, admiten, no se acabará la ola delincuencial, pero los malhechores pensarán dos veces antes de cometer parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, violación calificada, secuestro y desaparición forzada, que son delitos castigados con pena de muerte.

«Se cree que porque está vigente el pacto de San José desde 1976 no se puede aplicar la pena de muerte, eso es mentira, sí­ se puede aplicar, lo que no se puede es agregar más delitos. En 2000 conscientes de lo que estaba pasando, vienen diputados aquí­ y presentan una Ley con la que quitan de una vez por todas ese derecho al Presidente (sobre el indulto)… y Alfonso Portillo de una forma irresponsable se agarra de ese pretexto y dice: «No, dejémoslo así­». Hoy nos vamos a ir a dormir más tranquilos porque sabemos que nuestro Presidente no les va dar el derecho de la vida, sino que va a cumplir y van a ser ejecutados», declaró Mario Taracena de la UNE, en una discusión que tardó más de dos horas.

Inseguridad los mueve

Asimismo, la bancada del Partido Unionista acordó con las autoridades del Ministerio de Gobernación, incluir en la iniciativa de ley penal de armas y municiones, el delito de extorsión, pero bajo el nombre de intimidación con arma de fuego, explicó el ponente, Pablo Duarte, quien espera someter a discusión el proyecto de decreto, que promueve penas más severas sin medidas sustitutivas. La normativa propone de seis a nueve años para quienes incurran en este delito, además, impondrí­a condenas de hasta 12 años por portación ilegal de arma de fuego.

El diputado Baudilio Hichos citó esta mañana a los Ministros de la Defensa y Gobernación, pero solo asistió el primero. El objetivo era exponerles el cuerpo de la iniciativa de ley que promueve la creación de un ministerio de Seguridad Pública que se desligue de la labor administrativa que actualmente tiene la cartera del Interior. Al momento, el titular de la institución castrense, Marco Tulio Garcí­a, informó que 3 mil efectivos de seguridad ciudadana están actualmente a disposición de Gobernación.