Mañana se cumplen sesenta y cuatro años del día en que, tras volver de su exilio de casi 14 años, Clemente Marroquín Rojas volvió a editar La Hora. Apenas once días después del triunfo de la Revolución de Octubre contra los planes de Federico Ponce para perpetuarse en el poder, se reiniciaba la publicación de este vespertino que había sido fundado en el año de 1920.
ocmarroq@lahora.com.gt
Poco tiempo después tenía que reiniciarse el combate para defender la libertad de expresión porque entonces, como ahora y como siempre, surgieron los esfuerzos por controlar a la prensa, por acallar la voz de los críticos y hace justamente sesenta años se discutía en el país la Ley Mordaza que fue propuesta por el Ministro de Gobernación del gobierno de Juan José Arévalo y abortada cuando se demostró que era inconstitucional y contraria al espíritu mismo de la Revolución que se inspiró en la libertad y en la lucha contra cualquier forma de despotismo.
A lo largo del tiempo han resurgido intentos por nuevas formas de mordaza y en algunos períodos se han implementado acciones no legales sino de hecho para callar a los críticos. Justo es decir, también, que el papel de la prensa no siempre ha sido lo responsable que uno quisiera y que los excesos y abusos cometidos en el ejercicio del derecho a la libre expresión son los que dan pie para la periódica preocupación de los políticos para emitir leyes de carácter restrictivo.
Cuando la crítica se caracteriza por el insulto y la descalificación vienen esas oleadas en busca del control del papel de la prensa. Por supuesto que es mil veces preferible el exceso que la supresión de la libertad de expresión, pero eso no significa que no debamos tener también un juicio autocrítico respecto al papel que juegan los medios en la promoción de un sano debate de ideas. Y siempre hemos cuestionado la interpretación arrogante que hacen algunos periódicos del derecho de respuesta y del derecho a las aclaraciones porque de la misma manera en que el gobierno no tiene que limitar el derecho a la libre expresión, los directores de los medios no deben incurrir en el mismo error restringiendo a los ciudadanos y especialmente a los funcionarios su derecho a defenderse de ataques y señalamientos.
Hay, por supuesto, situaciones ante las que no cabe ni siquiera la defensa, como puede ser la publicación de caricaturas francamente injuriosas y que no tienen otro fin que el de ofender e insultar y que son a la larga acciones que se revierten en contra de los mismos medios de comunicación porque descalifican el papel de la crítica. En los años recientes la prensa ha asumido el papel fiscalizador del ejercicio del poder público sin entender que mientras más exigente sea ese nuevo rol, más responsable debiera ser su comportamiento porque la influencia que se tiene así lo demanda.
En La Hora hoy como hace sesenta y cuatro años, estaremos siempre prestos a defender sin titubeos la libertad de expresión de todos los ciudadanos, especialmente cuando surgen aquellos intentos burdos por establecer mordazas y limitaciones. Pero eso no significa que no seamos también claros al demandar responsabilidad en el ejercicio de los derechos para no propiciar los exabruptos de quienes detestan a la prensa porque no pueden soportar sus críticas.