SERVICIOS PÚBLICOS: EL ENFRENTAMIENTO DE DOS IDEOLOGÍAS


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Cuando las empresas públicas de Guatemala se privatizaron, uno de los argumentos a favor era que los consumidores disfrutarían de mejores precios, que estos serían competitivos y que los servicios en manos privadas se ampliarían al resto del país partiendo de una sana competencia que se traduciría en beneficios para los consumidores. Años después, grupos sociales se manifiestan para que la energía eléctrica, uno de los servicios privatizados, vuelva a manos estatales, como estrategia para reducir los precios que se consideran altos y fuera de la órbita del ingreso de las personas.

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POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt

* Líderes sociales ven la nacionalización de la energía eléctrica como una alternativa para abaratar costos dada la poca capacidad de pago
* Ministro De la Torre cree que la solución es la modificación de la matriz energética a través de hidroeléctricas y energía renovable
* Evitar la corrupción, el tráfico de influencias y procurar el diálogo y la consecución de acuerdos serán claves para el futuro social del país 

Una de las razones para que integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán salieran a manifestar el 4 de octubre pasado, bloqueando puntos de la carretera Interamericana, y que terminó en un incidente que dejó varios fallecidos y heridos, fue el alto costo de la energía eléctrica, sobre todo el que la empresa que provee el servicio en el municipio cobra por el alumbrado público.

Carmen Tacam, la joven presidenta de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, afirma que antes del 4 de octubre no se pedía nacionalizar el servicio de energía, pero luego “se modifican algunas peticiones que se habían hecho y posteriormente sí se incluye que se pueda nacionalizar”.

Luis Lara, Secretario General de la organización sindical denominada Frente Nacional de Lucha (FNL), entidad que también propone nacionalizar varios servicios, hace resaltar que la propuesta de nacionalizar la energía eléctrica se basa en que “es un servicio estratégico según la Constitución”, que implica que “debe estar bajo una estricta rectoría del Estado de Guatemala”.

Lara explica, convencido: “consideramos que este servicio debe nacionalizarse”, y parte de los resultados positivos que advierte, es que la acción “bajaría realmente los costos”, que implicaría beneficio para varios estratos sociales porque la energía eléctrica “es parte del desarrollo de un país”.

“Se generarían mecanismos en que los guatemaltecos, todos, pudiéramos administrar los servicios que le pertenecen al Estado”, sumó a sus declaraciones.

Tacam agrega que los problemas con el servicio de energía que prestan empresas privadas, se deben “no solo a que en Totonicapán, sino que en la mayor parte de los Departamentos del país, hay un alto índice de pobreza”. “El abuso” de la empresa distribuidora sería desmedido, porque “el cobro es muy elevado y aparte de elevado, hay un mal servicio”, comentó.

NO ES IDEOLÓGICO
Cuando en cualquier instante se habla de la propuesta o posibilidad de nacionalizar empresas que están vinculadas con sectores de la economía, donde el Estado participó en algún momento previo, se suele pensar que se habla de la estatización de lo que el Gobierno tenga capacidad de sumar a los activos del Estado.

Sin embargo, en el caso guatemalteco de la energía, los sectores sociales consultados no se encuentran en una posición inflexible. Por ejemplo, en Totonicapán, la postura está basada en que los precios deberían estar de acuerdo a la capacidad de pago de los consumidores y no en posiciones ideológicas, por lo cual el servicio podría continuar en manos privadas, pero con buena calidad y a un precio justo.

A este respecto, Tacam explica: “nosotros lo hemos dicho: no estamos pidiendo que nos regalen la energía eléctrica porque sabemos que todo servicio tiene un costo; pero este debe ser de acuerdo a la situación que está pasando no solo el municipio de Totonicapán sino en los demás municipios y departamentos”.

“Pedimos un cobro justo”, agregó la líder comunitaria, “que lamentablemente ellos –las empresas– no quieren, entonces nosotros vemos esa opción, de que se pueda nacionalizar y de esa manera quizá pueda bajar el costo de la energía eléctrica”.

Asimismo, Lara dice que es necesario debatir sin necesidad de llegar a extremos. Uno de estos, afirmó, “fue poner a todos los guatemaltecos bajo el lucro de una o varias transnacionales”, pero el otro sería que “nosotros queramos hablar de una nacionalización desde el punto de vista socialista, que tampoco es lo que estamos diciendo”.

“Queremos encontrar, entre esos dos extremos, la propuesta que nuestro país necesita y para eso es que pedimos el diálogo”, agregó.

DE ACUERDO, PERO NO ES LA VÍA
Sergio de la Torre, ministro de Economía, manifestó que las organizaciones que piden la nacionalización de la energía hasta el momento no tienen una propuesta concreta de lo que solicitan. “No la conozco formalmente”, señaló el funcionario, “pero por supuesto hay mucha gente que puede opinar, estamos en un país donde hay libertad de expresión”.

En ese sentido, De la Torre dijo que “para poder reaccionar sobre eso habría que tener una propuesta formal de qué significa (la medida)”. Sin embargo, el Ministro estima que “históricamente en Guatemala y en el mundo, las empresas estatales normalmente son deficitarias, son muy poco efectivas y al final se traducen en altos precios para los consumidores”.

“En mi particular punto de vista”, agregó el titular de la cartera de Economía, “no va por ahí el modelo de desarrollo; sin embargo, tienen razón de protestar por el alto costo de la energía, tienen rezón de protestar; yo también protesto, el sector privado también protesta”.

La estrategia que busca cambiar la matriz energética sería la vía “correcta”, según De la Torre, misma que busca usar energía limpia y barata producida por hidroeléctricas. Pero a decir del Ministro, “ahí es donde no hay mucha congruencia entre protestar contra las hidroeléctricas si esa vía es la que nos va proporcionar la oportunidad para cambiar la matriz y por lo tanto bajar los precios de la energía, que es lo que necesitamos los guatemaltecos, consumidores y productores”.

“Estoy de acuerdo”, dijo el Ministro, “necesitamos hacer algo y lo estamos haciendo”, entre las medidas estaría la adjudicación de más de 600 megavatios de generación de energía que se ha hecho este año, a cargo de la cartera de Energía y Minas. Cambiar la matriz energética, hacia energía limpia y barata “es la verdadera solución”, afirmó De la Torre.

Precios de energía más baratos se traducen en bajos costos y mejores precios finales, agregó.

¿HIDROELÉCTRICAS?
La nacionalización de la energía eléctrica no sería una de las estrategias del actual gobierno para abaratar el precio que pagan los consumidores, el camino estaría por la vía de las hidroeléctricas. Pero para eso es precisamente el debate, afirmó Luis Lara, porque “nosotros creemos que la generación de energía, respetando el componente ecológico y buscando consensos locales, puede ser un espacio de salida”. Se deben aprovechar los recursos pero respetando los elementos ecológicos de cada lugar, afirmó.

HUMANIZAR EL SISTEMA DE MERCADO
Marco Antonio Barahona, analista político del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) comentó que para bien o para mal, nuestro país está en la órbita del sistema capitalista, aunque hay manifestaciones de mercantilismo.

En el mundo occidental, “que tiene leyes de mercado a veces no justas, donde las empresas trabajan por la ganancia y no tanto por el bienestar social, es comprensible que organizaciones sociales y personas de escasos recursos resientan los precios de los servicios públicos que son prestados por empresas privadas”.

Es natural que se manifieste descontento, pero haciendo cuentas con la realidad, hay un marco legal “que hay que respetar”, es necesario que los gobiernos tengan presente la promoción del bien común, generación de condiciones que permitan tratamiento diferenciado según los niveles de ingreso y consumo de las personas, “por eso es que tenemos una tarifa social”, aunque no siempre está a la altura de las necesidades de la gente, agregó el experto.

De esa cuenta, “vivimos en un conflicto permanente entre el sistema capitalista en que nos desenvolvemos, que implica muchas injusticias y las necesidades de la gente que requerirían otro tratamiento”.

Por esta razón, es el Consejo Económico Social –de reciente creación– el que debe buscar de qué forma se logran acuerdos nacionales que permitan auxiliar “de manera subsidiaria a grupos de la población que necesitan apoyo temporal”, y desarrollar más sentido de responsabilidad social empresarial. “Estamos en un cauce que es la economía capitalista que hay que ver cómo lo humanizamos”, acotó.

¿ES VIABLE LA NACIONALIZACIÓN?
Aunque reconoce que los precios de la energía eléctrica son altos, De la Torre estima que el país está mejor que en la última década del siglo pasado, pues explica que en los noventa “no teníamos energía eléctrica y se tuvo que tomar decisiones de cortísimo plazo, donde se hicieron inversiones de generación eléctrica que se producía con bunker y derivados del petróleo”. Eso solucionaba problemas de emergencia, pero ahora “estamos avanzando por tener una mejor matriz que empiece a bajar los precios”.

Si bien se señala que en las privatizaciones de los noventa hubo poca transparencia en la operación y que se favoreció a empresas específicas, Barahona afirma no estar de acuerdo en nacionalizar: “eso no funciona, el Estado no es un buen prestador de servicio y daría mucho lugar a corrupción”, comentó.

El Estado tiene áreas especiales de trabajo, por lo que se debe mejorar el servicio civil, profesionalizar el servicio público, pero “las nacionalizaciones en el mundo ya no funcionan”, afirmó.

Por aparte, Tacam dijo que la situación es relativa, y considera que luego de las privatizaciones la situación está deteriorada, porque cuando el servicio lo prestaba el Estado, los salarios, en comparación con los de la actualidad, se ajustaban mejor a las necesidades.

“Ahora vivimos en un monopolio que se come a la gente que tiene necesidad; entonces, por qué los bienes del Estado debe administrarlos una empresa privada; el Estado también tiene capacidad de administrar”, pero los gobiernos no tienen una visión clara, porque es más fácil dejar que otros administren, comentó.

Sobre la viabilidad de la nacionalización, indicó que “estamos tocando a un grupo de poder económico que obviamente va cerrando sus filas para que nosotros no podamos progresar, pero la lucha va seguir; tenemos claro que el tema es para un derecho colectivo y no solo un grupo, porque no hablamos solo de Totonicapán, sino de una nación”.

Lara afirma que en el FNL tienen una propuesta que le presentarán al Presidente de la República, “en el marco del diseño de un diálogo para enfrentar el nivel de conflicto en el tema de la energía”.

Para esto debe existir una serie de consejos de participación, para que contribuyan a medir los costos de la energía, porque “hasta el día de hoy nosotros sabemos que es la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica la que decide, pero ahí no tenemos ningún representante; deciden solo unos que a saber quiénes serán” y los precios se deciden, según argumentan, “porque llovió o porque no llovió”, dijo el líder sindical.

“Depende de los ojos con que se vea la propuesta, porque lo que ocurre en el país es que se manejan cosas demasiado absolutas” y dentro de ese absolutismo, “fue haber entregado a las transnacionales el cobro del servicio, porque la generación y transporte lo tenemos”, indicó.

RECUADRO
IRÓNICA HISTORIA

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., fue privatizada por el gobierno de Álvaro Arzú, en 1997, bajo los argumentos de que se tendrían mejores precios para los usuarios si esta se trasladaba a inversionistas privados. Al final de cuentas, los recursos originados por la venta del activo se terminaron, se usaron para algunas emergencias y para pagar deuda, y el mercado eléctrico mantiene altos precios para los usuarios.

Sin embargo, en 2010, curiosamente, una empresa estatal, más específicamente municipal, adquirió la mayoría de acciones de la EEGSA. El accionista mayoritario de la EEGSA es Empresas Públicas de Medellín (EPM), creada en 1955 en Colombia, mediante la fusión de cuatro entidades hasta ese momento independientes como energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos.

“Sus transferencias anuales al Municipio de Medellín, su dueño, son destinadas íntegramente a inversión social. Por su dinámica empresarial, EPM se ha convertido en una de las mayores empleadoras de la región”, cita en página Web, Empresas Públicas de Medellín.

Además de brindar servicios públicos, esa empresa genera ingresos para su lugar de origen, que permiten sufragar gastos prioritarios, que en Guatemala posiblemente se cubran con endeudamiento.