Uno de los motivos que provocó que los 48 cantones de Totonicapán se manifestaran está relacionado con los precios que por servicio eléctrico se ven obligados a pagar; pretender decir que el tema es nuevo y solo atañe al actual gobierno sería improcedente.

Históricamente el servicio de energía eléctrica domiciliario, comercial o industrial es un tema muy sensible, no es la primera vez que opino al respecto, lo he hecho por varios años porque este servicio conlleva un pago ineludible para la población; es decir, para los consumidores en general. Sin embargo, salvo la creación de la tarifa social, cuyo mérito le corresponde al Ejecutivo que presidiera Alfonso Portillo y el suscrito, ningún gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Municipal, ha querido comprender que manipular y jugar con la tarifa del servicio eléctrico es ponerle banderillas al pueblo consumidor.

Dentro de las diferentes opiniones que he publicado, sin referirme a todas, cito las que bajo el título “Alumbrado público” hiciera el 16 y 23 de octubre de 2009. Sin duda alguna, considero que el Ejecutivo y el Legislativo deben analizar si efectivamente quieren encontrar parte de la solución de un hecho que no solo afecta a los 48 cantones de Totonicapán, sino en realidad afecta a todos los consumidores de energía eléctrica.

En esa opinión señalé que en el servicio de iluminación pública, que a veces existe y otras no en las calles y avenidas de los poblados urbanos, numerosas municipalidades han cometido arbitrariedades, abusos y hasta delitos en el cobro, cité que ese servicio tenía diferentes porcentajes de cobro en las facturas. Al revisar algunos de los cobros que actualmente se hace, vuelvo a poder decir que por ejemplo la municipalidad de Ciudad Vieja cobra un 17%, que las municipalidades de Mixco, Amatitlán y la ciudad capital cobran un 13% y que muchas municipalidades, por ejemplo Villa Nueva cobra un 10%; sin embargo, la disparidad no solo es en el porcentaje de cobro de alumbrado público sino también es el costo verdadero que cada una de las respectivas municipalidades tiene al respecto.

No es un secreto que varias municipalidades incluyen, como parte del alumbrado público, el costo de bombeo de agua, hecho improcedente por cuanto no tiene que ver el costo de bombeo con el alumbrado público. Adicionalmente, hay municipalidades donde el consumo de energía eléctrica en los edificios propiedad del municipio la pagan a través de un incremento o agregado al alumbrado público, estos hechos, tanto el MP como la Contraloría General de la Nación están en la obligación de investigarlos por cuanto implican estafa y también implican cobros indebidos que improcedentemente la municipalidad respectiva está haciendo. Una de las reglas económicas es la sinceridad de los costos, de los cobros, qué corona tiene la municipalidad de Quetzaltenango que es dueña de una empresa distribuidora de Energía Eléctrica para que toda Guatemala le subsidie su tarifa domiciliaria, comercial e industrial en su municipio. Por supuesto, al alcalde Barrientos le sirve demagógicamente de propaganda, pero en ningún caso se justifica que el presidente Otto Pérez Molina lo exonere o el INDE le haga un cobro pendiente, utilizando el subterfugio que la deuda se va a fundamentar de forma retroactiva en una tarifa de hace años. Adicionalmente, porque el sector empresarial organizado en CACIF, se convierte en cómplice, calla y acepta estos hechos que perjudican a sus agremiados y al consumidor a nivel nacional.
¡Guatemala es primero!
Continuará.