El hombre que un día dispuso disolver el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, remover de su cargo al Procurador General de la Nación y al Jefe del Ministerio Público, y además censurar a los medios de comunicación, todo para instaurar un nuevo régimen estatal, ahora tiene la pretensión de volver al país.

Aquí un breve repaso de un inédito intento de autogolpe de Estado que en 1993 amenazó a la incipiente democracia y un repaso al expediente judicial de Jorge Serrano Elías, que en los últimos meses ha vuelto a la escena política, desde Panamá.

“Guatemala amaneció hoy con el orden constitucional roto”. El Editorial que La Hora difundió la tarde del martes 25 de mayo de 1993 hacía referencia a la conferencia de prensa que solo unas horas antes había ofrecido el entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías, quien tenía tres años en el cargo y en ese momento anunciaba las “Normas Temporales del Gobierno”.

A lo largo de su mandato, Serrano había condenado la corrupción en los organismos Legislativo y Judicial y reiteradamente hablaba del chantaje al que era sometido por políticos y diputados para respaldar las iniciativas del Gobierno central que él dirigía. Por eso, ese día, en el discurso transmitido por cadena nacional, dijo: “Soy demócrata, creyente en la democracia y esta medida es precisamente para salvaguardar la democracia”.

En ese momento, el Presidente cerró el Congreso y los Tribunales de Justicia, y rodeó con efectivos policiales las instituciones de Gobierno más importantes, incluyendo la casa del Procurador de Derechos Humanos, y además suspendió las garantías constitucionales a la población e instauró un cerco mediático a los medios de comunicación con el supuesto objetivo de reordenar al Estado. La Hora tituló en su portada: “Serrano disuelve Congreso y Cortes”.

Sin embargo, las normas temporales no le parecieron “democráticas” a la sociedad, que reaccionó inmediatamente contra lo que se calificó como una verdadera ruptura del orden constitucional”.

En la conferencia, un autogolpe de Estado había sido anunciado por el mismo Presidente. Ningún sector lo apoyó y ese mismo día la Corte de Constitucionalidad examinó las decisiones presidenciales, las cuales declaró inconstitucionales. 

Pese a eso, Serrano insistió en su empresa y en contradicción a sus disposiciones y manifestaciones en las calles empezaron a organizarse en distintos sectores. Organizaciones sindicales, indígenas y populares iniciaron una serie de medidas como rechazo a las políticas del expresidente, mientras que personajes de la vida política nacional condenaron las acciones del gobierno; la Iglesia católica reclamó el retorno al orden constitucional e internacionalmente se desató una ola de condenas.

Todo esto quedó consignado el lunes 31 de mayo de 1993, en el número 25,247 de La Hora, una publicación especial conocida como la “Edición de la Dignidad”, que titulaba en la portada “Clamor para que renuncie Serrano”, pues el vespertino no aceptó la censura impuesta y circuló sin acatar la orden de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de someterse al control de la información oficial.

El 31 de mayo, se anunció que Serrano propuso un referéndum para lograr un rápido retorno a la constitucionalidad; sin embargo, los medios políticos consideraban que realmente se le estaban “cerrando los espacios legales” al Presidente, por lo que buscaba una ruta para salir del complicado escenario que él mismo había montado.

Al día siguiente, el martes, se conoció la dimisión de Serrano Elías como presidente de la República, quedando es su lugar el vicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero y como jefe interino de Gobierno, José Domingo Samayoa.

El capítulo del miércoles fue inesperado, cuando Serrano Elías, acompañado de su familia, se trasladó hacia El Salvador, desde donde ofreció declaraciones a la prensa y dijo que continuaba siendo Presidente, puesto que no había renunciado sino que fue “derrocado por una pequeña cúpula militar”.

EL EXPEDIENTE

Ese mismo día, el 2 de junio de 1993, se perforó el folder para ingresar la primera hoja del expediente de la causa en contra del expresidente Serrano Elías y dos implicados más.

En representación del Ministerio Público, el fiscal Walter Raúl Robles Valle presentó ante el Juzgado Cuarto de Instancia Penal una denuncia en contra de “Jorge Antonio Serrano Elías” y “Gustavo Adolfo Espina Sandoval”, por los delitos de violación a la Constitución, incitación pública, desacato de los presidentes del Organismo del Estado, abuso de autoridad, abuso contra particulares, abandono del cargo, usurpación de funciones, encubrimiento propio, peculado y malversación. 

El 4 de junio de 1993, el juzgado emitió las órdenes de arraigo y captura contra quienes fueran funcionarios públicos. El 5 de junio fue notificado el Ministerio de Gobernación, para que se ejecutaran las órdenes judiciales, pero en ese momento no se hicieron efectivas.

Sobre los cargos de violación a la Constitución, incitación pública, y desacato de los presidentes del Organismo del Estado, el señalamiento pesa por el propio rompimiento del orden constitucional.

La denuncia también consigna el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad; si bien es cierto que Serrano Elías solicitó ante la oficina encargada, Control de Áreas en Reserva Nacional, el arrendamiento de un terreno situado en la aldea Las Camelias, Livingston, Izabal, también lo es, que sin autorización, introdujo y ocupó un área de 8 mil 398.24 metros cuadrados, para llevar a cabo construcciones y no siembra de árboles, como había indicado”.

Para el delito de apropiación y retención indebida en forma continuada, consignan que al asumir su mandato como Presidente presentó un informe de la Contraloría General de Cuentas, en el cual el 22 de junio de 1991, declaró sus bienes y deudas; “Sin embargo, al abandonar el cargo por los motivos de todos conocidos, su patrimonio resultó incrementado, a tal extremo que nunca estaría acorde con el salario real que devengaba como Presidente”.

Para el delito de usurpación de atribuciones la denuncia señala que Serrano se arrogó facultades que no le correspondían, toda vez que la Constitución no le facultaba para llevar a cabo la disolución de los poderes del Estado.

En cuanto al delito de fraude, indica que valiéndose y amparándose de su condición de mandatario de la Nación, desvió los recursos económicos pertenecientes a la población para beneficio suyo y de su familia, y para el pago de sus deudas.

El 5 de junio de 1996 el MP solicitó una nueva orden de aprehensión por los delitos de usurpación de funciones y fraude, bajo el argumento que consta en la solicitud: “Del estudio de los hechos investigados hasta ahora se desprenden bastantes motivos racionales para disponer de la detención del sindicado”.

El abogado del expresidente solicitó una excepción por falta de acción y la suspensión penal iniciada por todos los delitos, la desestimación de la denuncia y que se levantaran todas las denuncias. El juez lo denegó, pero el defensor apeló y el caso se elevó a una sala, y ahí el fallo del juzgador finalmente fue confirmado.

Entre los delitos imputados, de acuerdo con el expediente, de ser capturado para que el expresidente enfrente un proceso penal, el MP indica que buscaría la suma máxima de las penas establecidas para todos los delitos que se le imputan.

SIN CADUCIDAD

En Guatemala, Serrano Elías es el expresidente más requerido por la justicia. Tres órdenes de captura en su contra, reiteradas en más de 10 ocasiones y tres solicitudes de extradición pendientes, que lo hacen el más esperado por los tribunales.

En ese sentido, el MP solicitó por primera vez la extradición de Serrano, el 7 de junio de 1993. En dicha ocasión informes extraoficiales daban luces que había viajado a Panamá, pero tampoco no se descartó que continuara en El Salvador, y se buscaba agotar los recursos para su aprehensión.

Se hicieron gestiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero Panamá, donde se encontraba, se negó a entregar al exgobernante guatemalteco, argumentado que los hechos y delitos que motivaron la solicitud de extradición constituyen delitos políticos.

También se consignó que no existe tratado bilateral de extradición entre Guatemala y Panamá, solamente la Convención de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), suscrita en La Habana el 20 de febrero de 1928.

Una nota publicada por La Hora, el miércoles 9 de junio de 1993, guarda la declaración del entonces jefe del MP, Edgar Tuna Valladares, quien dijo que la Fiscalía “no descansará hasta traerlo a Guatemala, y juzgarlo”.

Dicho trámite fue realizado en por lo menos cuatro ocasiones, sin tener resultados efectivos, según consta en el expediente.

Mientras tanto, el MP en forma periódica ha solicitado al Juzgado Cuarto, y ahora al Juzgado Quinto del Ramo Penal, donde se encuentra el expediente, la reiteración en más de 10 ocasiones de la orden de captura, siendo la última en 2010.

Por aparte, según el expediente, el 31 de mayo de 2002, se ordenó la localización y detención preventiva internacional (Cédula Roja) en contra del expresidente Serrano Elías, por los delitos de peculado, malversación, fraude, usurpación y apropiación y retención indebidas, para lo que solicitaron que se iniciara el procedimiento con la Interpol.

El trámite se completó el 15 de noviembre de 2002, la Interpol emitió las Cédulas Rojas, para las órdenes de localización y aprehensión de Jorge Antonio Serrano Elías y Francisco Rolando Perdomo Sandoval.

Dichos documentos fueron emitidos sin caducidad, y toda vez que no se ha operado la prescripción, el proceso se mantiene vigente.

Con un grueso expediente judicial cargado de serias acusaciones y el recuerdo social de un autogolpe que amenazó con fracturar la democracia. ¿Volverá Serrano Elías a Guatemala?