Una serie de televisión basada en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar —negadas por la derecha política hoy en el poder— ha desatado antes de su estreno una controversia que recuerda la vieja división en Chile entre los partidarios y adversarios del régimen encabezado por el general Augusto Pinochet.
«Los archivos del Cardenal», que se estrena el jueves por la noche en el canal estatal, muestra el papel que desempeñó la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, creada por el cardenal Raúl Silva Henríquez después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Ante la avalancha de violaciones a los derechos humanos cometidas por el nuevo régimen, Silva creó primero un comité ecuménico para proteger a los perseguidos y buscar a los desaparecidos, reemplazado luego por la Vicaría de la Solidaridad.
La Televisión Nacional dijo en un comunicado que «Los Archivos del Cardenal» es una «serie policial de época, que ocupa como inspiración casos pertenecientes a la Vicaría de la Solidaridad».
Aun antes de estrenarse la serie, Carlos Larraín, presidente del partido derechista Renovación Nacional, se convirtió en su más fuerte detractor. Este partido y la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente fueron el sustento civil de la dictadura.
«El canal nacional, en lugar de afirmar la vida colectiva, gira contra ella para servir un sesgo político (supuestamente izquierdista): hay que mantener vivo el odio», afirmó Larraín en una carta publicada el miércoles por el periódico El Mercurio.
Mauro Valdés, director ejecutivo de TVN, respondió el jueves a Larraín por el mismo medio. Dijo que contar la historia de la Vicaría y «reflejar el talante y la valentía de personas que defendieron la vida de otros, contribuye esencialmente a una idea de ‘vida colectiva’ hecha desde valores sustantivos».
El primero de 12 capítulos unitarios está inspirado en el caso de los hornos de cal de Lonquén, ubicados en una zona rural cercana a Santiago, donde un oficial de la policía y nueve suboficiales arrojaron los cuerpos de 15 campesinos luego de matarlos a golpes, según establecieren forenses extranjeros.
La información llegó a la Vicaría en 1978, y tras comprobarse la existencia de los restos en los viejos hornos, se transformó en la primera prueba tangible de la existencia de los detenidos-desaparecidos. A raíz del descubrimiento, según establecen diversas investigaciones judiciales, Pinochet ordenó desenterrar los cuerpos y volver a desaparecerlos en el mar, en una operación conocida enigmáticamente como «Retiro de televisores».
Larraín admitió en su carta que no se preocupó por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura: «En mi condición de abogado, debí estar mucho más alerta en la protección a la persona frente a un gobierno de facto. Ese fue mi error y el de muchos otros…».
El «Retiro de televisores» dificultó el hallazgo de los restos de más de un millar de desaparecidos cuyo destino aun es desconocido. Nunca se supo el porqué del nombre. Algunos suboficiales del ejército declararon en tribunales que la orden indicaba que debían ubicar las fosas clandestinas «para limpiarlas».
El actor chileno radicado en Argentina, Benjamín Vicuña, realiza uno de los papeles protagónicos, el de un joven abogado, miembro de una familia acomodada, que tras presenciar un secuestro lo denuncia a la Vicaría y luego se convierte en uno de sus funcionarios.
Con su arribo a la Vicaría, Ramón Sarmiento (Vicuña) inicia «un viaje desde la ingenuidad hasta el conocimiento de lo que pasa en el país», dijo el actor.
La derecha política negó durante casi 20 años la realidad de las torturas y las desapariciones. Las admitió plenamente en 2000, una década después de recuperada la democracia, cuando las fuerzas armadas entregaron un listado de 200 detenidos desaparecidos y el lugar donde estaban.
El listado fue el resultado de una mesa de negociaciones entre los militares, representantes de las iglesias, abogados de derechos humanos y del gobierno.
Muchos de los lugares señalados como tumbas clandestinas de izquierdistas estaban vacías —sólo se ubicaron fragmentos de huesos o de ropas— porque fueron objeto del «Retiro de televisores».
Durante la dictadura murieron 3.065 opositores a manos de agentes del estado, de los cuales más de un millar engrosan la lista de detenidos-desaparecidos. En 21 años de democracia se han encontrado restos de unas 200 personas.