Ecuador soporta los embates de una aguda crisis de poderes, atizada por la protesta social, que forzó la huida hacia Colombia de once opositores y que por primera vez en diez años de turbulencia no compromete la continuidad del presidente.
El país más inestable de la región -con ocho mandatarios en una década- volvió a ser sacudido por el efecto dominó de la pugna de poderes que incuba los planes del presidente socialista Rafael Correa, de 44 años, para cambiar la Constitución.
Correa, quien gobierna sin los partidos mayoritarios e invocando una revolución socialista que lo tiene en la cima de la popularidad, enfrentó una férrea oposición de derecha que ha ido doblegando con el apoyo de indígenas y movimientos ciudadanos que lo respaldan con manifestaciones en las calles.
Un bloque parlamentario de mayoría adverso al Ejecutivo intentó torpedear el plebiscito en que fue aprobado, el 15 de abril, la Constituyente que redactará la nueva Carta Política, y que según Correa deberá reforzar el papel del Estado en la economía, recortar los poderes del Congreso y despolitizar los tribunales.
A raíz de esa obstrucción, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), erigiéndose como máxima autoridad en época de comicios, destituyó a 57 opositores el 7 de marzo, iniciándose un duro pulso con el Poder Judicial y el Legislativo para resolver la situación de los políticos.
El lunes el máximo Tribunal Constitucional (TC) restauró el fuero parlamentario a 50 de los legisladores, pero el fallo fue desconocido por el Congreso, el TSE y el presidente Correa por considerarlo irregular, mientras cientos de manifestantes rodearon el hemiciclo para repudiar la medida.
El Parlamento, dominado ahora por una mayoría afín al gobierno -que se abstuvo de presentar listas en las legislativas-, resolvió desintegrar el TC aduciendo que los magistrados excedieron el tiempo de sus funciones, mientras que una fiscal solicitó el arresto de 24 de los opositores bajo sospecha de sedición.
El martes once de los afectados llegaron a Colombia pidiendo «protección jurídica» alegando una persecución política orquestada por Correa, quien deslindó cualquier responsabilidad en la crisis y expresó su rechazo a una eventual detención de sus detractores.
«Hay una dictadura donde no hay garantías personales ni jurídicas. Cuando hay una decisión jurídica adversa, inmediatamente Correa manda a las turbas asalariadas a tratar de linchar y matar a los jueces», afirmó la derechista Gloria Gallado.
A diferencia de otras crisis, en las que también Ecuador fue sacudido por pugnas de poder, manifestaciones y anomia jurídica, esta vez la suerte del jefe de Estado no está en juego.
Por el contrario Correa cuenta con una popularidad récord del 76% que prácticamente lo atornilla al poder, y más desde la aprobación de la Constituyente por una mayoría histórica.
«Internamente está claro que el apoyo a la presidencia es alto, no así el de los diputados, lo que inclina a su favor la correlación de fuerzas», comentó Paulina Recalde, del Observatorio Político de la Universidad Católica.
Así, la situación pareciera favorecer a Correa al menos internamente, porque en el frente diplomático la salida de los diputados abre interrogantes sobre las garantías para sus detractores, dijeron analistas.
«Se puede alimentar la percepción de que en Ecuador hay un desorden total, que hay caos y eso obvio porque no vivimos en un Estado de derecho, aunque tampoco en una dictadura como por error quieren hacer ver los diputados», señaló a la AFP Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Con el 30% de población indígena, Ecuador es el quinto productor sudamericano de petróleo y bajo el gobierno de Correa se ha acercado al presidente venezolano Hugo Chávez, en detrimento de los organismos mundiales de crédito.