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LH: Ya pasó más de un año desde la aprobación de la Ley de Libre Acceso a la Información y todaví­a hay entidades públicas que no cumplen con la normativa o lo hacen a medias. ¿A qué se debe esto?

R/: Que nuestro paí­s es una especie de cebolla, donde todo mundo quiere poner una capa más para cubrir los problemas de mal manejo administrativo o presupuestario de los fondos que se les designan. Lo que significa es que hay corrupción y que realmente se trata de cubrir esos hechos. Por eso es que se buscan los mecanismos que lo encubran.

LH: Las alcaldí­as, ante todo, son las más señaladas por el incumplimiento de la Ley. ¿A qué podemos atribuir esta situación?

R/: Porque en cierta forma las alcaldí­as se manejan con un grado de autonomí­a que les ha permitido fijar sus presupuestos y en ocasiones, esos presupuestos no responden a las necesidades que la comunidad tiene. Se fijan presupuestos, a veces, con más personal del que necesitan o la contratación de empresas con las cuales les une algún tipo de relación.

LH: ¿Qué ejemplo sienta para todas las autoridades del paí­s, que la Presidencia de la República sea la primera que no cumpla con la Ley? Hasta hoy nadie puede ni saber cuánto gasta el Presidente y su comitiva en los viajes.

R/: El funcionario público es una especie de educador, si la máxima cabeza del paí­s no rinde esas cuentas, pues los demás han de sentir que no están obligados a hacerlo, entonces no se rinden esos tipos de informaciones. Me parece que es un mal ejemplo para los demás.

LH: ¿Ese ejemplo estarí­a replicado con las comunas y las demás instituciones en general como un modelo a seguir?

R/: Sí­, eso es parte del problema. Si se trata de no informar, pues las comunas también van a buscar un mecanismo, es contagioso.

LH: Aún contando con los recursos suficientes, en algunas instituciones de Estado se rehúsan cumplir con el derecho ciudadano de acceder a la información pública y hacen el proceso muy largo. ¿Qué va a hacer al respecto y si se puede decir que las autoridades, como siempre, aplican la Ley sólo para lo que les conviene?

R/: Nosotros llevamos un monitoreo y hemos presentado informes. Nosotros, la Procuradurí­a de Derechos Humanos, monitoreamos a las instituciones y hemos detectado que hay algunas instituciones que se resisten a informar, especialmente las municipalidades.

LH: ¿Que se va a hacer al respecto?

R/: Nosotros trasladamos nuestro informe al Congreso de la República de Guatemala, para que sea este el que tome las decisiones polí­ticas. Nuestro deber es únicamente estar monitoreando que se cumpla con la obligación de informar, y, si no se cumple, establecer si existe alguna resolución que impida ese cumplimiento y frente a eso hemos presentado varias denuncias. Nosotros vamos a todas las instituciones que nos digan y cuando nosotros verificamos algún problema, exigimos a las autoridades que cumplan, si las autoridades no cumplen hemos llegado hasta las acciones legales; por ejemplo, periodistas dijeron que no les daban información, entonces ordenamos que se les diera información en 24 horas. Les dieron la información con base en la orden de la Procuradurí­a.

LH: En ese sentido, Mi Familia Progresa y el resto de los programas de Cohesión Social representan un reto para quienes intentan fiscalizarlos. Es difí­cil recibir la información y cuando se tiene, se recibe de forma tal que es casi imposible el análisis. ¿Qué sensación crea eso alrededor de los programas?

R/: De que hay falta de transparencia, ese es el gran problema, que se da un mensaje equivocado a la población.

LH: ¿Ahí­ tampoco se puede hacer mucho?

R/: Nosotros no tenemos competencia cuando ya conoce un tribunal de una acción legal. En este caso al haberse dirigido a los tribunales, la Procuradurí­a de Derechos Humanos no tiene mucho que hacer. La Ley me dice que cuando un caso es conocido por un Tribunal o por un órgano administrativo competente, la Procuradurí­a tiene que suspender e inhibirse de conocer. La explicación es que si una resolución legal sale y saliera una resolución moral, podrí­an entrar en colisión y entonces se cree que para el sistema la mejor manera es garantizar que lo legal es lo válido. En ese momento terminó la competencia jurí­dica.

LH: ¿A qué atribuye usted todo este secretismo en los temas en los cuales la primera dama, Sandra Torres, tiene injerencia directa?

R/: Yo no quisiera particularizar, esa es una percepción que yo no puedo confirmar, le puedo decir del manejo de la PDH. A mi, nadie me ha dado una instrucción, no sé si en los otros organismos sí­. Lo que entiendo es que la Corte de Constitucionalidad ya falló en el sentido de que tienen que dar la información y entiendo que dio la información, sólo que a través de mecanismos que hicieron difí­cil o casi imposible su consulta. Lo que observo es que es la constancia en varias dependencias públicas, que son las que no están dando información, especialmente a nivel local. Parte de denuncias que nosotros tenemos es que no quieren dar información en las municipalidades.

LH: ¿Es el secreto bancario sólo una técnica para no dar información de Mi Familia Progresa y de los Fideicomisos públicos?

R/: Entiendo que hay algunas reservas. No hay que confundir lo que es el secreto bancario que es un movimiento de recursos privados, a los recursos públicos. Los recursos públicos entenderí­a yo que son depositados a un banco a través de un fideicomiso, yo creo que esos sí­ deberí­an ser informados. El secreto bancario debe de proteger aspectos privados, ahora el manejo de los fondos públicos sí­ obliga a quien lo maneja a que rinda informes de cómo es que los está utilizando.

LH: ¿Qué se puede percibir de esa resistencia a no dar información?

R/: Yo creo que son malas señales, la explicación que doy es que tratar de no informar produce una sensación de que puede existir algo anómalo. Es un error dar esa sensación porque si al final la Ley los obliga, deberí­an transparentarlo para no crear la impresión de que existe algo inadecuado.

LH: ¿Cómo puede el ciudadano fiscalizar para bien o para mal si no fluye la información?

R/: El ciudadano va a valorar siempre negativamente cualquier información. La perspectiva de la transparencia es que el ciudadano esté tranquilo de lo que está pasando, pero cuando el ciudadano no tiene información, lo único que va a tener es un criterio de opacidad de parte del Estado, de que existe un mal manejo de los fondos públicos.

LH: ¿Cree que ya es tiempo de analizar reformas a la ley vigente, para endurecer las sanciones contra quienes incumplan las disposiciones?

R/: Creo que la Ley de Libre Acceso a la Información ha caminado por la voluntad de muy pocas personas, creo que realmente no ha existido una voluntad polí­tica para que la misma opere adecuadamente. Por ejemplo, a pesar que en la Ley se establece que se dispondrá de fondos públicos para su funcionamiento, el Estado en la Ley de Acceso ha invertido cero, por lo menos al ente regulador y controlador, no se si han hecho otro tipo de inversiones.

LH: ¿Cómo ve usted, como Procurador de Derechos Humanos, el papel que juega la Contralorí­a General de Cuentas, si ni allí­ fluye la información que se solicita, mientras que la información que maneja es pública?

R/: Yo comprendo la preocupación en ese sentido, pero no tengo elementos como para poder verter una opinión, porque yo no he tenido ese tipo de dificultades, además que yo sepa, aquí­, en la Procuradurí­a de Derechos Humanos no se ha presentado ninguna denuncia contra la Contralorí­a. Si hubiera alguna crí­tica contra ellos deberí­an habernos presentado alguna denuncia, pero no hay ninguna que yo sepa.