Dice la máxima que en la vida no solo hace falta ser correcto sino que también es necesario aparentarlo, el dicho que no es más que una parte del refranero nacional trae a colación la necesidad de obrar de manera correcta y que nuestros actos también así puedan demostrarlo.

Sin duda, la sabiduría que encierran nuestros viejos refranes tienen mucho de razón y viene a colación pues en la gestión del actual Gobierno,  muchos de sus funcionarios, incluyendo al propio Presidente de la República se esfuerzan por dotar a sus acciones y gestión de un aura de intenciones correctas y encaminadas a lograr eso que la Constitución les manda, buscar el bien común. Si bien nadie puede negar esa intención de comunicar que los actos del Gobierno son en beneficio de todos, ya es una constante que ante cualquier declaración de intenciones, acciones, políticas o propuestas,  la mayoría, si no es que todos, pronto y sin mayor miramiento nos ponemos a la defensiva y buscamos encontrar ese detalle que revele en donde está el interés personal de algún funcionario, el negocio corrupto o simplemente la mano de mono escondida en la propuesta, de tal manera que ya este Gobierno podría proponer que donará en pleno su tiempo y salario al servicio de la Patria que pronto todos estaremos buscando donde está el gato encerrado en esa propuesta.

De esa cuenta, promover una ampliación presupuestaria para incrementar la educación, sugerir qué empresas técnicas asesoren a la SAT, decretar un estado de calamidad luego de una tragedia, solicitar estudios de prefactibilidad para un proyecto hidroeléctrico estatal que puede mejorar la capacidad de generación del país o acreditar la disminución de los índices de violencia, desatan, en el mejor de los casos, sonrisas de escepticismo y en el peor de ellos,  acciones legales en contra de los funcionarios involucrados, pasando por una constante e interminable crítica a cualquier acto que ejecute el Gobierno.
   
Por supuesto, no es que todos nos hayamos vuelto locos y seamos críticos sicópatas resueltos a acabar con el nombre de correctos funcionarios, no, es simplemente que a este Gobierno se le olvidó la segunda parte del dicho y lejos de aparentar ser correcto se empecina en evitar las licitaciones públicas, incrementa la dedocracia y no la meritocracia en el nombramiento de funcionarios, acapara entidades públicas en donde no mejora sino arruina sus funciones y en síntesis dejó hace tiempo de tratar de aparentar que lo que hace lo hace en el sentido correcto del proceder.