En 2010 el Organismo Judicial (OJ) emitió 5 mil 397 sentencias, entre absolutorias y condenatorias, sin embargo, en 2009 recibió un total de 74 mil 826 expedientes, lo que implica que sólo el 7.2 por ciento de los casos ingresados un año atrás fueron resueltos en esa instancia del Estado, que según estimaciones, en 2011 se enfrentará a la carencia de fondos para gastos. ¿Qué panorama le espera a la justicia en este año que recién comienza?

Los cálculos financieros de esa instancia dan cuenta que el presupuesto asignado para este año sólo alcanzará para ejecución de gastos hasta septiembre; a eso se suma el déficit de Q300 millones producto de los recortes presupuestarios realizados a ese poder del Estado.

Mientras que sólo el 7.2 por ciento de procesos llegan a sentencia en el OJ, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteará el próximo año una serie de reformas para agilizar los procesos, sin embargo, reconoce que la ley penal de Guatemala aún no está preparada para enfrentar la inmensa demanda de justicia.

Aunque analistas coinciden en que la efectividad del OJ no puede medirse sólo en sentencias, análisis recientes dan cuenta que menos del ocho por ciento de los procesos son resueltos efectivamente, lo que supone un indicador claro de la eficiencia. Además, que la falta de presupuesto se ve reflejada en las escasas sentencias que dictan anualmente.

Entre tanto, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) amenazó con un paro de labores en los próximos dí­as para exigir un incremento presupuestario, pues consideran que la asignación de este año apenas cubrirá el pago de salarios.

LOS NíšMEROS

En cifras el OJ presentó durante el año recién pasado un aumento en el número de procesos penales abiertos, ya que en 2009 abrió un total de 74 mil 826 al tiempo que los diferentes tribunales emitieron un total de 4 mil 475 sentencias, de las cuales 3 mil 893 fueron condenatorias y 582 absolutorias. En 2010 la cifra se incrementó.

El OJ registró durante los primeros nueve meses del año recién pasado un total de 73 mil 659, aproximadamente 8 mil 184 procesos al mes, lo que a diciembre sumarí­a en promedio 98 mil 200 expedientes según cifras del Centro de Análisis y Documentación del Organismo Judicial (Cenadoj).

Según Cenadoj Las sentencias también se incrementaron durante 2010 ya que los tribunales emitieron un total de 5 mil 397 sentencias de las cuales 4 mil 402 fueron condenatorias y 995 absolutorias.

Pero, ¿qué ocurrirá con el OJ durante este 2011 cuyos fondos, según los magistrados de la CSJ, son insuficientes para cubrir los gastos de todo el año?

PRESUPUESTO

Gabriel Gómez, magistrado de la CSJ, advierte que el presupuesto de 2011 solo alcanzarí­a para cubrir nueve meses de este año debido a la asignación aprobada por el Congreso de la República y a los recortes presupuestarios que han sido ejecutados a ese organismo.

Gómez suma a lo anterior el déficit de Q300 millones, lo cual es «altamente preocupante para la situación financiera del OJ».

«Esto afectarí­a a todos los rubros, incluso para el último trimestre de 2011 podrí­amos tener problemas con pago de nóminas, lo que nos moverí­a a hacer ajustes», explicó Gómez y reiteró que tendrí­an que acomodar el presupuesto tanto en salarios como en ejecución.

El magistrado hizo también hincapié en que el OJ solo podrí­a terminar este año con normalidad respecto a su presupuesto si el Ministerio de Finanzas incrementara el presupuesto, ya que la propuesta de 1 mil 10 millones para el próximo es insuficiente.

En noviembre último, la CSJ anunció el recorte presupuestario de Q170 millones a su presupuesto, este recorte ha sido constante desde 2008, el año antepasado le fueron recortados Q 51 millones, lo que genera que actualmente tengan un déficit de Q160 millones que duplicarí­a en 2011 según análisis financieros de ese órgano.

PLANO PENAL

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, considera que las cifras antes expuestas revelan la necesidad de «seguir promoviendo las reformas de la justicia penal» y acelerar los cambios ya implementados en el Decreto 18-2010 que entró en vigencia en mayo último y establece la gestión oral en esa rama.

Barrientos apunta: «teóricamente más de un 70 por ciento de procesos deberí­an ser resueltos por otras ví­as como la desjudicialización, los procedimientos abreviados y otros», sin embargo, esto solo parece ocurrir en la teorí­a como reconoce el magistrado.

Entre las reformas que plantea esa instancia para agilizar los procesos está una que propone la creación de dos tipos de procesos: el «simplificado», para los juzgados de paz y el especí­fico para que una vez que se tengan todas las pruebas inicie con la acusación y los juicios. Además, cambios a los juzgados de paz para conocer delitos menos graves e integración de tribunales con cinco jueces.

El presidente de la Cámara Penal afirma que con esas reformas «podemos entrar a un proceso de tener más sentencias y sobre todo más resolución de conflictos e impulsar la mediación, la idea es fortalecer este poder del Estado para resolver el vací­o histórico de justicia», comenta. «En los códigos anteriores también ha habido falencias pues de 30 mil procesos solo se resolví­an 2 mil», detalla Barrientos.

Finalmente el magistrado señala que la falta de presupuesto en el OJ afecta en mayor parte a la rama penal ya que «es donde hay más profundas necesidades de justicia», además comenta: «es lamentable que este organismo sea tratado como si fuera una entidad semiautónoma del Estado, o como si jugara un papel de poca relevancia», indica.

INNECESARIO

Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Jurí­dicos, señala que las reformas que busca plantear la Cámara Penal este año son innecesarias ya que las últimas modificaciones al Código Procesal Penal deben ser bien implementadas para ser más útiles.

«En este momento las reformas legales no son necesarias en esa materia, lo que falta es la organización y gestión para el tema de la agilización de juicios, las últimas reformas mejoran el sistema y permiten agilizar los procesos, el problema es que los tribunales suspenden demasiados procesos», comenta Monterroso.

Para el analista entrevistado, esto se debe a que los jueces son abogados y no administradores, por lo que hace falta aplicar «un buen sistema de administración y no dejar a los jueces que hagan sus propios mecanismos para gestionar los casos». El experto apunta, además, que la efectividad de esa instancia no puede medirse solo en sentencias, sino en las acciones desjudicializadoras que apliquen; no obstante, un análisis reciente del Instituto de Estudios Jurí­dicos arrojó que solo el nueve por ciento de los procesos son efectivamente resueltos, indicó Monterroso.

EXIGEN MíS

Juan Ramón Lau, presidente del STOJ, explica que la insuficiencia en el presupuesto para este año generará una «parálisis» en ese órgano del Estado, además lo califica como «un tiro de gracia hacia al sistema de justicia».

«No alcanzará para el pago de salarios, ni para la ejecución de otros proyectos ya establecidos, entre ellos la creación de más juzgados y tribunales, la contratación de más jueces y personal administrativo, paralizarí­a automáticamente el sistema», señala.

El presidente del STOJ apunta, sin embargo, que el escaso porcentaje en los resultados del OJ no tiene relación con el presupuesto asignado; «somos 8 mil 633 trabajadores y se erogan Q800 millones en salarios, no tiene que ver nada, además aquí­ solo se aplica la justicia; los jueces solo resuelven, no se puede hablar de mora judicial y aplicar responsabilidades solo a los jueces», respondió.

Lau dijo finalmente que la clase trabajadora del OJ exigirá el aumento en el presupuesto para el próximo año con una huelga general y otras medidas de hecho. «Hemos convocado a asamblea general para el 28 de enero, donde se va a definir si vamos a paro de labores; no consideramos prudente que el Congreso haya aprobado el presupuesto donde merman al OJ a más de Q350 millones, asumiremos medidas drásticas, como paros de labores hasta una huelga de hambre», advirtió el sindicalista.

REFLEJO

Mónica Leonardo, experta en temas jurí­dicos, refiere que la baja asignación presupuestaria para ese organismo refleja la falta de compromiso de parte del mismo Estado en materia de justicia, lo cual significa la imposibilidad de hacer frente a las demandas de justicia que tiene el paí­s. También considera que lo económico tiene un ví­nculo con los resultados de las sentencias. «Son temas que no debieran verse aisladamente», dice.

No obstante, la entrevistada apunta: «El OJ es capaz de generar sus propios recursos a través de los y las fianzas, y en 2011 la implementación de Ley de Extinción de Dominio llevará consigo una fuente nueva de recursos para esta entidad del Estado».

Leonardo considera que aun con bajos recursos, los jueces «aún están en sus posibilidades de impartir justicia». «No todas las falencias se deben a la insuficiencia presupuestaria, hay debilidades formativas y generadas por la ausencia de conductas deontológicas y falta de compromiso con el trabajo de los jueces», añade.

La entrevistada indica que en ese organismo existe «una necesidad latente» de que los juzgadores sean seleccionados mediante procesos de idoneidad, además de la implementación efectiva de la ley de la carrera judicial y que la permanencia en los cargos esté vinculada a regí­menes que establecen la honestidad y la transparencia. «A través de su conformación de jueces podrí­a darse una implementación correcta de las normas para aplicar mejor justicia», apunta.