En Guatemala abundan los ejemplos de presidentes de la República que se distinguieron por su intransigencia, de tal manera que una vez adoptada una posición sobre cualquier tema y por absurda que pareciera, no habí­a razonamiento lógico alguno que los hiciera desistir de sus propósitos, sobre todo si las objeciones emanaban de opositores polí­ticos del mandatario en cuestión.

Para no mencionar nombres, como se dice coloquialmente, se recuerda al presidente Jorge Serrano Elí­as, quien no cejaba en su empeño cuando tomaba una resolución, por arbitraria o impolí­tica que fuese. Cuando se le ocurrió cesar en sus funciones a los magistrados de las distintas cortes y suprimir las funciones del Congreso de la República, en una vana imitación del presidente peruano Alberto Fujimori (actualmente en prisión y sujeto a procesos judiciales), no escuchó las voces sensatas de funcionarios y amigos leales que le aconsejaron que no convení­a al paí­s ni a los intereses polí­ticos del propio gobernante que asumiera tales decisiones; pero persistió en su intento, hasta que fue defenestrado.

Se le acusó de diferentes delitos y aún se encuentra en el exilio forzado, a causa de su intransigencia, aunque hubo otras razones etiológicas que lo condujeron a pretender disolver órganos y organismos del Estado.

Le sucedió en el cargo el presidente Ramiro de León Carpio. La otra cara de la moneda. Pero no porque fuera débil de carácter como se lo atribuyen sus detractores, sino que, a causa de su voluntad de complacer a los diferentes sectores de la sociedad, fue sumamente tolerante y solí­a rectificar a menudo decisiones que previamente habí­a dispuesto, lo que le valió que algunos de sus adversarios lo apodaran «huevos tibios».

Traigo a cuenta esta extensa introducción, citando sólo dos ejemplos de gobernantes guatemaltecos de ánimos totalmente opuestos, a propósito del acuerdo o decreto del Congreso encaminado a restituir al Presidente de la República la facultad de otorgar o denegar el indulto a los reos condenados a muerte en todas las instancias, que fue acogido con beneplácito por más del 95 % de los guatemaltecos, según una consulta telefónica de Prensa Libre, lo que da entender que la inmensa mayorí­a de la población del paí­s, hastiadas hasta la mollera de tantos crí­menes que se cometen a diario, considera que la mejor forma de acabar con la delincuencia es darle muerte a cuanto asesino, violador, secuestrador, narcotraficante, ladrón, estafador, marero, extorsionista, adúltero, fornicario y ratero caiga en manos de la justicia.

Pues bien, o, para decirlo más apropiadamente, pues mal, el presidente ílvaro Colom, para satisfacer las ansias de venganza de millones de guatemaltecos que anhelan que se ponga en funcionamiento la pena de muerte, ni lento ni perezoso declaró que él no estaba dispuesto a conceder la gracia a ningún reo sentenciado a la pena capital, lo que colmó de júbilo a los que se inclinan por la eliminación fí­sica de todos los delincuentes, especialmente editorialistas y columnistas que, para variar, se identifican con el neoliberalismo conservador.

Afortunadamente, el gobernante tiene a su lado a un cientí­fico que, cuando se graduó de médico, juró que su misión principal consistirí­a en salvar vidas humanas, y no contribuir a segarlas; además de que otras voces cercanas al presidente Colom y al vicepresidente Rafael Espada, el cardiocirujano embarcado en polí­tica, dieron a conocer su civilizada opinión respecto a la brutalidad que significa aplicar la pena de muerte, rechazando el argumento de que eliminar la vida de un delincuente es un ejemplo disuasivo, cuando que investigaciones sociológicas que han realizado en casi todos los paí­ses del mundo, han llegado a establecer que no tiene fundamento cientí­fico esa versión, habiéndose comprobado, incluso, que la pena de muerte viene a constituir un desafí­o para los criminales, al margen de que siempre se corre el riesgo de que se cometan errores jurí­dicos durante el desarrollo de un proceso judicial, sin que se pueda subsanar la equivocación cuando el reo ha sido ejecutado.

El vicepresidente Espada ha sido el más enfático al oponerse a la pena de muerte, mientras que el presidente Colom ha dado muestras de cautela ante sus iniciales declaraciones, dando a entender que existe la posibilidad de vetar el acuerdo o el decreto del Congreso que restituye el recurso de indulto o gracia presidencial, para los reos condenados a muerte, con lo que se evitarí­a que más de 40 delincuentes sean ejecutados durante los próximos meses.

Esas prudentes actitudes de los mandatarios han enfurecido a los panegiristas de la pena de muerte, señalando que Colom y Espada no proceden con firmeza en sus actuaciones, sino que son vacilantes y ambiguos, mientras que, por el contrario, se han iniciado movimientos humanitarios nacional e internacionalmente, encaminados a evitar que en Guatemala siga imperando la cultura de la muerte, además de que con la aplicación de esa sentencia, se contribuye a menguar el ya decaí­do desprestigio del paí­s en el mundo civilizado.

Como lo afirma la organización Jornadas por la Vida y la Paz (en un mal llamado «Pronunciamiento», cuando debiera ser una declaración), el recurso de los ejecutores es una expresión trágica del fracaso del Estado en polí­ticas de seguridad, y confirma la esencia represora de la visión de los partidos polí­ticos que apoyan tan salvaje medida.

En conclusión, tienen razón el presidente Colom y el vicepresidente Espada en razonar su rectificación a una resolución medieval que, fundamentalmente, no contribuirá en mí­nima porción a evitar que prosiga la violencia criminal en Guatemala.

(El verdugo encargado de aplicar la pena de muerte a un condenado, le pregunta al reo: -¿Cuál es tu última voluntad? El sentenciado replica: Pues yo quisiera que me enviaran a China, para aprender a hablar, leer y escribir cantonés).