Acción Ciudadana (AC) advierte el riesgo de suscitarse actos de corrupción en el manejo de los fondos públicos que son ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ONG´s) por vacíos en el anteproyecto del Presupuesto 2008.
En el análisis realizado por AC, se advierte que el traslado de mil 263.4 millones de quetzales al Sistema de Consejo de Desarrollo, canalizados por gobernadores departamentales y 64.3 millones en transferencias a ONG´s podrían promover la mala utilización de fondos.
Esto se debe a la modificación realizada en el artículo 13 del Anteproyecto del Presupuesto, en el que no se contemplan obligaciones para que las ONG´s, asociaciones y organismos regionales e internacionales que reciben fondos estatales presenten informes trimestrales a las entidades del gobierno sobre el avance físico y financiero de los proyectos que ejecutan.
Marvin Flores de AC, indica que la omisión de la rendición de cuentas trimestral se prestaría para que funcionarios y ONG´s participen en actos de corrupción, ya que la presentación de la información en el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN) no es lo suficientemente explícita para evaluar el desempeño de los proyectos.
Sin embargo, refiere que el contenido en el artículo 12, que obliga a organizaciones que suscriban convenios del Estado para la ejecución de presupuesto a trasladar a la Contraloría General de Cuentas la información que requiera para la fiscalización de fondos es positivo y debe ser aprobado.
Lavado de dinero público
Flores considera que el sistema de administración de fondos por gobernadores podría provocar el «lavado de dinero público», en tanto que se adjudica a esos funcionarios la obligación de definir los proyectos y seleccionar a las ONG´s que se encargan de la ejecución de fondos, que a su vez contratan empresas ejecutoras de proyectos.
El analista de AC apunta que varias empresas están vinculadas a gobernadores, alcaldes o diputados que consiguen beneficios, al solicitar a los intermediarios que contraten a las ejecutoras de proyectos con las que tienen relaciones cercanas.
«Es necesario contar con mecanismos que ofrezcan información sobre la inversión de fondos públicos en proyectos (…), para solucionar el problema a fondo se debería estructurar la legislación», finalizó Flores.