Organizaciones sindicales reunidas en la Fundación Mario López Larrave consideran que la situación de hambre y desnutrición que se vive en el país está directamente relacionada con los bajos salarios que devengan todos los guatemaltecos.
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Francisco Mendoza, director de la fundación, aseguró que para que una familia de cinco miembros pueda vivir cómodamente y gozando de los derechos básicos -como educación, salud, alimentación y transporte-, se necesita un salario mínimo de 3 mil 600 quetzales.
Agregó que el poco acceso a oportunidades de trabajo y en los casos en que sí hay acceso el trabajo no es digno, son dos puntos que contribuyen a que la crisis en las comunidades del área rural se agrave más.
Sin bien es cierto se promueven iniciativas separadas para lograr mejoras en educación, salud y trabajo, Mendoza manifestó que todos estos esfuerzos van encaminados a lograr una buena seguridad social.
«Se debe buscar la aprobación de una Política Nacional de Seguridad Social para lograr un verdadero bienestar en la población que más lo necesita», afirmó el entrevistado.
Realizó una crítica a los programas de Cohesión Social, refiriéndose a ellos como programas de acompañamiento que deberían de estar dentro de una estrategia para lograr la seguridad social y no convertirse en una estrategia para atender la crisis, como está sucediendo.
Manifestó que apoyan la propuesta de un plan para lograr un «trabajo digno» impulsado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) y que está tratando de concienciar a la población, a las organizaciones sociales, al sector público y al sector privado, para que tomen en cuenta la importancia de mejorar el sector laboral y el papel que cada sector juega en esta situación.
Hoy fue presentada ante ílvaro Colom, presidente de la República, la rendición de cuentas del Estado de Calamidad Pública que inició el 10 de septiembre de este año. Se dio a conocer que al menos 131 casos de desnutrición aguda fueron detectados en el Corredor Seco y 17 mil 445 familias se encuentran en riesgo en 21 departamentos de Guatemala.
Según datos proporcionados por Karin Solowing, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, el Gobierno guatemalteco invirtió 140 millones de quetzales para paliar la emergencia, mientras que el aporte internacional contabiliza 19.5 millones de dólares en fondos monetarios, 245 mil dólares en ayuda técnica y 6 millones de dólares en especie.
Por su parte, Colom declaró que pretende institucionalizar el plan de emergencia que se ejecutó para evitar que esta tragedia vuelva a repetirse y agregó que «la crisis ya está pasando», aunque se trata de un problema estructural histórico.