El Estado de Guatemala es débil y con altos niveles de impunidad y violaciones de los derechos humanos dentro de la dinámica de la industria extractiva en el país, señala el libro La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011, presentado esta mañana por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

De acuerdo con el estudio, la actual dinámica de la industria extractiva de Guatemala comienza a marcarse con el cambio de la ley, en 1997, y se activa de inmediato con el proceso de adquisición de terrenos por parte de las transnacionales en las áreas de exploración y explotación minera, principalmente en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, ambos en el departamento de San Marcos, después que el Estado otorga las licencias respectivas.

Claudia Donis, del Área de Población, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, señala que la debilidad institucional y el no responder a la necesidad de las poblaciones afectadas, ha hecho que la industria extractiva en general pueda llevar a cabo su actividad sin tomar en cuenta las decisiones necesarias de la población en la mayoría de los casos.

Donis indica que en los estudios de impacto ambiental solo se encuentra el tema de participación de la población, pero no se ha logrado una consulta como lo establece el Convenio 169,  ya que actualmente solo se hace presentación de la actividad minera pero sin tener una verdadera consulta a la población.

Simona Yagenova, coordinadora de Estudios de Movimientos Sociales de Flacso, indica que  el texto está estructurado en cuatro capítulos, abordando una temática en la que intervienen múltiples factores que interactúan y se condicionan dinámicamente, como lo son el Estado y la industria extractiva.

Así también con un repertorio de acciones colectivas liberadas por una diversidad de fuerzas sociales, quienes se han posicionado críticamente frente a un modelo económico que se basa en la explotación de los recursos naturales.

Yagenova dice que lo que plantea este documento, son los retos de cara a proyectar en los ciudadanos qué modelo económico necesitamos y qué tipo de democracia se necesita en el país.

Ya que el tema de fondo es que el modelo extractivo hasta qué punto está afectando, entonces tienen los pobladores el derecho de exigir una política que garantice su protección ante este modelo extractivo.

Además plantea que en un contexto global de crisis es más necesario que nunca democratizar la democracia, abriendo amplios espacios de participación y decisión de la población, y viabilizando el derecho al veto cuando se trata de políticas que impactan sobre el bien común, “solo así, tendrá sentido y futuro la democracia guatemalteca” señaló Yagenova.

Según la coordinadora, es el tema de la consulta lo más relevante en este caso, ya que el concepto de la consulta tal como lo plantea el Convenio 169 no es una reunión eventual con los representantes de los pueblos indígenas sino que el Estado tenga una consulta permanente con los pueblos indígenas tratando de construir políticas públicas en consenso y aceptar disensos, cuestiones que no se han dado.