En el juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, esta mañana fueron escuchados dos peritajes que señalaron que el Ejército de Guatemala consideraba que la población Ixil podría apoyar a la guerrilla y que una de las causas del conflicto armado interno fue la problemática de tierras.

Este lunes arrancó la jornada 17 del debate oral y público por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad, donde el Ministerio Público (MP) continuó exponiendo los informes periciales para tratar de sustentar su hipótesis ante el Tribunal Primero A de Alto Impacto.

En ese sentido, Héctor Roberto Rosada Granados, sociólogo y secretario de la Paz durante el tiempo en que Ríos Montt presidía el Congreso de la República (1993-1995), inició su declaración señalando que entre los años 1981 y 1983 el Estado de Guatemala por medio del Ejército cometió “sistemática y repetidamente el delito de genocidio”.

Según Rosada el conjunto de operaciones militares se realizó mediante acciones de represión selectiva y masiva, junto al arrasamiento de aldeas y persecución de los desplazados, “con la finalidad de impedir el resurgimiento de estructuras de organización social preexistentes al conflicto armado y mantener a toda la sociedad civil bajo absoluto control militar”.

Dentro de sus conclusiones Rosada indicó que coincidía con el Informe de Esclarecimiento Histórico, al afirmar que “el Estado llego a adoptar la determinación (de destruir al grupo) al considerar que la población maya Ixil tenía una pretensión  histórica de convertirse en opositor y que era o podía servir como base de apoyo al movimiento guerrillero en esa zona”.

“La motivación del Estado fue que la aniquilación del pueblo Ixil se traduciría en la imposibilidad del éxito de la guerrilla”, expuso.

CONFLICTO DE TIERRAS
Por su parte, la perito Elizabeth Oglesby subrayó que los conflictos sociales sobre la tierra constituyeron la base para que los ixiles fueran considerados como enemigos internos del Estado. Además recordó que a lo largo del siglo XX se desarrollaron los choques violentos entre dicha población y terratenientes ladinos.

“Así empezó la participación de los ixiles en movimientos sociales importantes, como la reforma agraria (…)”, según Oglesby, por esto el Estado y el Ejército vieron a dicha población como un grupo “revoltoso, impenetrable y que no se sometía al poder ladino”.

Esa idea de pueblo difícil estaría expresa en el plan de Operación Ixil, y habría sido el antecedente para que fueran considerados enemigos internos. 

DEFENSA
Al inicio de la audiencia, Ríos Montt trató de integrar a un nuevo abogado a su equipo técnico. La petición pretendía sustituir a Danilo Rodríguez por el letrado Jaime Hernández, no obstante su intención fue rechazada por el tribunal, que indicó que la defensa ya está integrada.

Por otro lado, un grupo de ciudadanos simpatizantes de los militares presentó ante la Corte Suprema de Justicia un petitorio acompañado de 10 mil 200 firmas exigiendo un juicio justo para los militares retirados.