La falta de una legislación adecuada en nuestro paí­s en lo que respecta a la comercialización del gas licuado de petróleo (propano), ha dado como resultado que miles de cilindros en mal estado están siendo ingresados al paí­s de manera ilegal por la frontera con El Salvador, tomando en cuenta que en esa nación ya se encuentra vigente una ley que prohí­be su uso.

Esta información se conoció en el Congreso de la República y en vista de que en El Salvador las empresas que venden este producto cuentan con un subsidio estatal, se ha conocido que las guatemaltecas los compran a bajo costo ingresándolos ilegalmente a Guatemala para venderlos a precios altos, obteniendo jugosas ganancias a través de la competencia desleal.

Recientemente la iniciativa presentada por el diputado Jorge Luis Ortega para regular la venta de gas propano y responsabilizar a las empresas distribuidoras a cancelar seguros de vida y por daños a inmuebles a causa de explosiones de cilindros por fuga o por mal estado, pese a haber recibido dictamen favorable de la Comisión de Energí­a y Minas, no prosperó y salió de discusión en el pleno, con el argumento de pretender favorecer a una empresa en particular.

La propia Ministra de Energí­a y Minas, Carmen Urí­zar, mostró su desacuerdo con la citada iniciativa, que también pretendí­a obligar a cada empresa distribuidora a troquelar en el hombro de sus cilindros su identificación para deducirle responsabilidades, por explosiones a causa de fugas o mal estado como las 375 que ocurrieron el año anterior, que según datos de los cuerpos de bomberos dejaron como resultado gran cantidad de personas muertas, mutiladas y con graves quemaduras, así­ como la destrucción de viviendas.

Mediante la iniciativa 3599 presentada por Ortega se pretendí­a que las principales empresas como Tomza y Dagás invirtieran alrededor de 35 dólares por cada cilindro dañado, lo cual elevarí­a la cifra a 17 millones de dólares tomando en cuenta que al momento de presentar la iniciativa al Congreso se estimaba que al menos medio millón de cilindros se encontraban en estado inservible y que era necesaria su reposición, expresó el diputado Roberto Alfaro, de Encuentro Por Guatemala.

A criterio del congresista, esta cifra aumentó en los últimos dí­as, por el contrabando que ingresa de El Salvador, lo cual se sospecha que pueda favorecer a Tomza, que serí­a una de las más afectadas al momento de cobrar vigencia la ley.