En los últimos meses, tres casos han sido los más sonados, el caso de Chuatalum, Chimaltenango, en donde ya condenaron a una persona; un caso que está pendiente de aperturar juicio, el de la aldea El Jute, Chiquimula y el caso de la desaparición del lí­der sindical Fernando Garcí­a que se lleva en la ciudad capital, en donde ya hay dos personas procesadas legalmente.

Según Mario Polanco, representante del Grupo de Apoyo Mutuo, asociación que ha dado acompañamiento a casos similares, llegar a una condena en casos de desapariciones forzadas es casi que imposible, porque los acusados mueven influencias, «pero siempre habrá un clamor de justicia», aseveró Polanco.

«Los casos como éstos que son de lesa humanidad, por lo tanto no pueden quedar en la impunidad», expresó el entrevistado, además agregó que los procesos son difí­ciles y se tardan años para resolverse, «lo cual, lo único que demuestra es la impunidad que impera en el sector justicia del paí­s».

El delito de desapariciones forzadas fue tipificado hasta el año 1996 y junto con el delito de genocidio no cuentan con amnistí­a.

Para Raquel Celaya, representante de ASIES, el análisis de toda la información que esconde los archivos de la extinta Policí­a Nacional es primordial para lograr condenar muchos casos de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno.