Por la muerte del campesino Francisco Tepeu Pirir, de 37 años de edad ocurrida hace siete días en el caserío San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez, sus hermanos Luis y Leonso; el primo Juan Pirir Camey y otro sanjuanero, Faustino Chalí denunciaron públicamente que un militar, tres abogados indígenas y Rigoberta Menchú son los autores intelectuales de ese asesinato.
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Hugo Tulio Búcaro, militar; Amílcar Pop, Carmela Curup y Mario Sapper, abogados; son quienes han incitado a la violencia en contra del tema de la cementera y suscitaron que unas 22 personas actuaran en contra de la víctima, dieron a conocer en la Procuraduría de Derechos Humanos, (PDH).
También señalaron a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), de haber manipulado a las comunidades en momentos que la Asociación Civil Integral de Desarrollo del Pueblo Indígena para el Control y Prevención Ambiental en San Juan Sacatepéquez, promovía el diálogo para analizar si la instalación de la cementera va a traer beneficios o destrucción ambiental.
«A raíz de esa búsqueda de diálogo comunitario que promueven doce comunidades, algunos se han volcado únicamente por la violencia, a raíz de la manipulación de intereses políticos y económicos. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, si el gobierno lo autoriza respetaremos», indicó Faustino Chalí.
Reiteraron que la víctima era Presidente de esa asociación indígena y que buscaba defender los intereses comunitarios en paz pero la Asociación de Abogados Indígenas, sólo ha promovido la violencia desde septiembre de 2007.
Luis Tepeu Pirir enfatizó que temen por su vida, pues ya fueron amenazados que al finalizar el estado de Prevención en ese municipio, van a atentar contra su vida, por lo que solicitaron ante la PDH, que el Presidente de la República amplíe la medida de vigilancia y limitación de derechos a 60 más y que se instale un destacamento militar y una estación de la PNC.
También piden que el Fiscal General intervenga la fiscalía de San Juan, Sacatepéquez, a las organizaciones gubernamentales encargadas de seguridad y justicia, resolver el crimen de Francisco Tepeu Pirir, que se haga justicia y no sea un caso más que quede en la impunidad.
Este conflicto de intereses ha mantenido en zozobra a los habitantes de Asunción Chigúan, Las Trojes, Cruz Blanca, Ocaña, en donde la presencia del Ejército y la PNC, han roto la rutina y la paz, según se han quejado sus residentes.
Actualmente hay más de 43 capturados, algunos de ellos son responsables de la muerte de Francisco Tepeu Pirir, aseguraron los denunciantes en la PDH.
El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) denunció esta mañana que, a raíz del estado de Prevención decretado por el Gobierno el pasado 22 de junio, en San Juan Sacatepéquez, «las más afectadas han sido las mujeres, ya que se ha perturbado su vida cotidiana, violándoles el derecho a la libre locomoción y con ello la posibilidad de buscar los alimentos para sus familias».
Según un comunicado de la organización, debido al cerco militar tendido en la comunidad de San Antonio Las Trojes, sus habitantes se han visto en la imposibilidad de salir para comerciar sus productos y comprar sus alimentos. Además, los niños y niñas no han podido asistir a la escuela.