El grupo pro justicia Convocatoria Ciudadana presentó señalamientos contra 9 de los 26 aspirantes a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, quienes a su criterio no deberían integrar el Organismo Judicial.
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A escasos 13 días de la elección y nombramiento de los magistrados que por cinco años integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un grupo de jóvenes hizo públicos señalamientos contra 9 abogados que aspiran a integrar esa instancia.
Los jóvenes presentaron los reparos a los miembros de la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia del Congreso, en una reunión en la que previamente habían escuchado los planes y proyectos de los candidatos a magistraturas.
Lesbia Jackeline España Samayoa de Olivet tiene tres impedimentos para ser magistrada, según las organizaciones pro justicia, que le señalan por «ejercer el comercio en forma personal y directa», siendo contratista del Estado desde el año 2006 a la fecha, mientras que al mismo tiempo ocupa el cargo de magistrada titular de Corte de Apelaciones.
Por otra parte, se menciona que España no informó a la Comisión de Postulación de la CSJ sobre su ocupación comercial y además, obtuvo una calificación de 45 puntos sobre 100 en la revisión de su expediente por lo que «El candidato NO llena el perfil necesario para ser Magistrado».
Por otra parte, señalaron al candidato Manuel de Jesús Pocasangre ívila, quien además de ser el padre del gobernador departamental de Guatemala, Erick Pocasangre Morán, integró la planilla de candidatos a diputados distritales de la Unidad Nacional de la Esperanza en las elecciones pasadas.
Pocasangre ívila también es el director ejecutivo del fideicomiso «Bosques y Agua para la Concordia», que ha administrado fondos para el pago de ex Patrulleros de Autodefensa Civil y fue demandado por amenazas en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
REACCIí“N
Luego de intercambiar puntos de vista con los miembros de los grupos pro justicia, España explicó que el ejercicio de otro trabajo no contraviene los requisitos exigidos para optar a la CSJ y a la Corte de Apelaciones.
Asimismo que expresó que «me sorprende que se preocupen por buscarme tachas (…) pago mis impuestos y no me robo ni un centavo. No acepto que se dude de mi honorabilidad».
Por su parte, Pocasangre dejó entrever que no escondió su trabajo con el fideicomiso, y recalcó que con su candidatura a la CS busca un mejor trabajo.
Conflictos de intereses
Las tachas de la sociedad civil se extienden a la magistrada Elda Nájera, hermana del diputado Santiago Nájera, debido a que en su caso se considera que hay conflicto de intereses.
Además, los activistas entregaron otros seis casos a la diputada Nineth Montenegro, que incluyen el de Jorge Mario Valenzuela, quien fue señalado por haber suspendido la orden de aprehensión contra Nery Cachupe, vinculado con la compraventa anómala de una finca, y el de Yassmin Barrios, al considerarse que no ha desempeñado cargos como magistrada de Apelaciones o tener 10 años de ejercicio como litigante.
Otros son los de í“scar Sequén, señalado por tener denuncia en el Ministerio Público por falsedad material y falsedad ideológica, Brenda Quiñónez, con denuncia penal en el Ministerio Público debido a la desaparición de documentos en la Superintendencia de Telecomunicaciones, y Thelma Aldana, criticada al haber frenado la liquidación de los bancos Promotor y Metropolitano, al otorgar amparo contra los miembros de la Junta Monetaria.
Asimismo, Héctor Maldonado se encuentra entre los señalados por adeudar a la Corte de Constitucionalidad Q48 mil en multas por amparos, aunque recientemente presentó las pruebas que invalidan las acusaciones en su contra.
Los señalados han expresado, en distintas oportunidades, que las acusaciones en su contra no tienen peso sobre su candidatura a las magistraturas, y sostienen que sus hojas de vida les permiten participar en la próxima elección.
Carta
Un colectivo de organizaciones sociales -entre las que se encuentra CALDH, el Centro de Estudios de Guatemala y la Fundación Rigoberta Menchú- publicó hoy la segunda carta abierta que envía al Congreso, para urgir el voto público en la elección de magistrados de la CSJ y Cortes de Apelación.
De acuerdo con los civiles, el Congreso debe aprobar de urgencia nacional la iniciativa 4109, que reforma la Ley Orgánica del Congreso de la República y faculta a ese organismo para que la elección de los magistrados sea pública y nominal.
Piden también los activistas en derechos humanos y pro justicia, que los diputados tomen en cuenta la información que la sociedad civil les entregue sobre los candidatos a magistraturas, para que de esa forma se «abstengan a nombrar a personas que tengan vetos debidamente fundamentados y documentados».