El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, responsabilizó a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y al propietario de una vivienda en la cima de una colina por el derrumbe en el kilómetro 10.5 ruta a El Salvador, pues según el funcionario, la primera otorgó una licencia de construcción sin la respectiva supervisión y el segundo no respetó las medidas de mitigación.

Alejandro Sinibaldi, titular de la cartera de Comunicaciones, dijo esta mañana que la serie de derrumbes se deben a que el propietario de una vivienda construyó el muro perimetral sin el pozo de absorción de agua correspondiente, en la cima de la colina donde se encuentra ubicada. 

“Es una irresponsabilidad que estemos teniendo estos problemas porque no se hizo lo que corresponde, pero no tenemos el marco legal; le corresponde a la Municipalidad porque ellos son los responsables de hacer la presión necesaria, de revisar la licencia de construcción, revisar qué fue lo que se autorizó, cómo, y a ellos les corresponderá tomar las acciones”, enfatizó el funcionario.

Según Sinibaldi, a partir de ahora el problema queda en manos de la comuna de aquel municipio y del propietario en sufragar los gastos, y que el Ministerio de Comunicaciones solo se compromete a liberar el paso después de tomar las medidas necesarias para el resguardo de vehículos y personas en el área, lo cual podría tomar hasta 15 días para que se inicien los trabajos de remoción de escombros.

“Se autorizó la licencia de construcción en un lugar que tiene características complicadas para que se construya una vivienda. Segundo, esa licencia no contempló medidas como pilotes para sostener el muro de contención. Y tercero, no se hizo la canalización del agua como corresponde. En gran medida el problema se debe a que no hubo una supervisión adecuada”, criticó.

Al respecto, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Tono Coro, explicó que la vivienda en cuestión es propiedad de la empresaria Carmen Patricia Ochoa, pues tramitó la licencia de construcción correspondiente, pero no cumplió con implementar sostenes y pilotes a la misma ni al muro de contención.

Coro señaló que la edificación inició en 2010 y que en ese tiempo no se supervisó la obra pues es responsabilidad de la constructora o el ingeniero a cargo de la obra. Asimismo, el alcalde municipal expresó que ya se inició el proceso judicial contra esta persona, pero que el costo máximo que se le puede cobrar por daños a las vías es de Q500 mil.

Por último, Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la Conred, recalcó que esta área ya es considerada inhabitable, y que otras 5 viviendas podrían estar en riesgo por la saturación de agua. Maldonado informó que a partir de ahora harán estudios de factibilidad antes de que inicie la construcción de nuevas casas y que posteriormente se analizará la prohibición de las mismas en esta zona.