Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), inició la conferencia de prensa anunciando que sería la última al frente de la comisión, y que la próxima semana será Francisco Dall»Anese quien la lidere.
Castresana se despidió de la CICIG y de las apariciones públicas, y agradeció a su equipo, además de solicitar que se continúe el apoyo a Dall»Anese.
Refirió hechos en los casos que la CICIG ha aportado, como la condena contra los autores materiales del abogado Rodrigo Rosenberg, corroborando la verdad interina que planteó la comisión al inicio del año; valoró el aporte de la CICIG en la tecnología en investigación.
También refirió sobre las investigaciones que se realizan por el contrato por el Documento Público de Identificación (DPI) del Registro Nacional de Personas (Renap), que surgió como consecuencias de las denuncias que realizara el mismo Rosenberg en su video póstumo, como refirió Castresana.
CASO RIVERA
Castresana, además de anunciar que fue la última conferencia de prensa con él a cargo de la CICIG, convocó a los medios para dar a conocer el estado de las investigaciones en el caso por el asesinato de Víctor Rivera, el cual se encontraba bajo reserva, y hoy concluía ese período, por lo que dieron a conocer el caso.
Durante dos años, según Castresana, se recopilaron las pruebas por el asesinato del ex asesor privado de seguridad Víctor Rivera, quien fue ultimado el 7 de abril de 2008, acompañado de su secretaria personal, María Rosario Melgar Martínez. El hecho ocurrió en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, en horas de la noche.
De acuerdo con la hipótesis, hubo al menos quince disparos, que le provocaron la muerte a Rivera, y lesiones menores a su asistente.
IMPLICADOS
Jorge Mario «El Gordo» Paredes Córdova, vinculado al cartel de Zacapa y que guarda prisión en Estados Unidos tras ser extraditado, es quien habría ordenado la ejecución y se le considera el autor intelectual.
«El Gordo» Paredes está cumpliendo una condena de 31 años en Estados Unidos.
Según la hipótesis de la CICIG, Paredes habría ordenado el asesinato de Rivera como venganza por la muerte de su hijo, en el cual Rivera estaba vinculado; no queda claro si Rivera tenía vínculos delictivos con «El Gordo», pero se apunta a que habría vínculos.
Jorge Alberto Soto Zepeda, mano derecha de Paredes, habría sido quien coordinó el ataque, que estuvo ejecutado materialmente por Aurelio Ruiz y Werner Gómez Sandoval, ambos sicarios. Soto y Gómez están desaparecidos, posiblemente muertos.
Aurelio Ruiz, uno de los sindicados de la autoría material, ya está capturado, al igual que otros que están vinculados con la red de sicarios, además de quienes habrían ayudado para registrar las armas con nombres ficticios.
María Rosario Melgar Martínez, asistente personal de Rivera, habría facilitado la información para que se cometiera el asesinato, y habría recibido de pago 100 mil dólares en recompensa. Melgar Martínez fue sacada del país bajo el programa de Testigos Protegidos del Ministerio Público, pero al seguirle la huella, desapareció, sin que la Fiscalía supiera dónde.
PRUEBAS
Se tienen pruebas científicas de balística, por lo que se ha podido ubicar las armas utilizadas, a pesar de que estaban registradas bajo nombres científicos. También se utilizaron escuchas telefónicas, así como testimonios de testigos protegidos y testimonios anticipados.
CASO MATUS
ílvaro Matus, el fiscal de Delitos Contra la Vida, en el momento del asesinato de Víctor Rivera, está señalado de haber obstruido a la justicia al no haber ordenado allanamientos para investigar el caso, haber destruido pruebas y haber sacado del país a Melgar Martínez sin tomarle testimonio previo, estaría vinculado a un caso paralelo.