Mientras que el grupo Libertad Democrática Renovada (Lider) denuncia ante el Ministerio Público el supuesto pago a diputados de otros bloques por apoyar al oficialismo en la aprobación de préstamos, las demás bancadas aseguran que son “difamaciones” y se defienden pidiendo que se investiguen dichos señalamientos, aunque hasta ahora ninguno de los grupos ha presentado pruebas.

Los señalamientos y denuncias ante el Ministerio Público por supuesta compra de diputados persisten en el ambiente legislativo.

El bloque Lider, amparado en publicaciones de medios de comunicación escritos –sin incluir a La Hora– denuncia el supuesto caso de corrupción en el Ministerio Público y pide que se investigue sobre el supuesto pago Q150 mil a cada diputado por interrumpir la interpelación al ministro de Cultura y Deportes Carlos, Batzín, y así aprobar el préstamo de US$200 millones.

Del otro lado, el presidente del Congreso, Pedro Muadi, ya dijo que denunciaría los hechos ante el MP para que se investiguen dichos señalamientos, aunque asegura que es  solo una “difamación”.

 Al igual que Muadi, la diputada Nineth Montenegro dijo que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si es cierto el supuesto pago a diputados o si es mentira, ya que deben ser sancionados en caso de ser verdad.

SIN PRUEBAS

El que interpuso la denuncia de parte de Lider fue el subjefe de bancada Leonardo Curup Camey, quien aseguró que las denuncias recurrentes en los medios de comunicación escrita fueron la causa que lo motivaron a denunciar al presidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti por supuesto pago de Q150 mil a cada diputado para que votará a favor de los préstamos.

Montenegro también indicó no tener pruebas que respalden su denuncia, sólo pide al MP que investigue si se está pagando a los congresistas o se está “difamando” y que cualquiera que sea el resultado se debe sancionar.

Christhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), cree que ese tipo de declaraciones esconde la forma de operar del Congreso, pero que nadie se ha atrevido a presentar pruebas suficientes que permitan culpar a alguien, pues al final todos salen de las negociaciones que se hacen en el Legislativo.
Castillo manifestó que es una irresponsabilidad de los actores políticos por hacer lanzar señalamientos y denuncias sin ninguna prueba y que es lamentable la ausencia de éstas, pues ayudaría a transparentar el ejercicio en el Organismo Legislativo.
Según el de Ipnusac, esta es la peor legislatura, por la clase política que representa actualmente a los guatemaltecos y que también “el Congreso ha pasado de ser un espacio de negociaciones a uno lugar de transacciones”.