El natural revuelo desatado por la infausta publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012, con el que se inauguraron las actividades gubernamentales en este comienzo de año, pueden significar un erróneo actuar oficial. Para citar íntegramente el dicho popular, puede cosecharse “tormenta” ante esta siembra de vientos. Una tormenta más y totalmente innecesaria dadas las características de la conflictividad que se avecina, cuya complejidad por sí sola es sumamente intrincada como para agregar el desaguisado recién publicado en el primer día hábil de la actividad estatal.

Cabe preguntarse entonces si con el anunciado procedimiento de consulta no se estará admitiendo la “metida de pata” a la que han arrastrado los principales colaboradores y consejeros del Presidente o por el contrario, una vez enterados de la atención causada, que esta acción sea precisamente parte de un plan que la desvíe en tanto se habrán de “cocinar” otros aspectos que quizás no merezcan ser observados por la población. Por ejemplo, una vez presentado el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la vigencia del Decreto Número 10-2012 que contiene la denominada “Actualización Tributaria”, paulatinamente los contribuyentes nos habremos de ajustar al calendario tributario de enero y si eventualmente el fallo de la Corte de Constitucionalidad fuese en el sentido de los solicitantes, para entonces, muchos de los iniciales tributos ya estarían en las arcas públicas y su retorno a los contribuyentes podría ser algo tan engorroso como caótico para el propio Gobierno, esta vez, en la administración de las dichosas finanzas públicas.

En este “juego de laboratorio del Hámster” nacional, en el que apresuradamente se corre para seguir en el mismo punto, se producen manifestaciones de lo más variopintas en el sentido de pronunciarse a favor del proceder gubernamental y otras, muchas más, en el sentido de rechazar las medidas adoptadas. Pero al final, todo cambia para continuar igual. Entonces cabe preguntarse qué otras motivaciones subyacen con este tipo de expresiones gubernamentales que estimulan la unidad de ciertos segmentos ciudadanos que han venido a constituirse en la voz que dice representar a la “sociedad civil”.

La administración pública es en principio la gestión de medios para mitigar las adversidades sociales y la carencia de oportunidades de los sectores más desposeídos, al tiempo de propiciar ámbitos de inversión que en efecto estimulen el poder adquisitivo del salario. Esas funciones no se están produciendo de manera alguna. De tal forma que la situación derivada de la poco afortunada publicación oficial no solo se ve empañada por su contenido, sino además por la forma en la que fue redactada; cuyo artículo 1 hace alusión a la limitación interpretativa de una instancia continental inexistente. Se nota pues que la prisa en su elaboración no fue producto de una sesuda discusión sino derivado de una motivación que hasta podría estar completamente alejada de la dichosa “reserva” que se busca en cuanto a la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cualquier suerte de pensamientos maliciosos se puede estimular a partir de este apresurado acto que ha logrado aglutinar a sectores diversos en pro de una causa que lucha contra la impunidad. La credibilidad presidencial se ha venido a menos de una forma innecesaria y hasta ridícula. Con este tipo de consejeros casi es absurdo focalizar la atención en lo que pueda y hace la oposición, si el enemigo parece estar dentro, demasiado próximo tal vez. Eso debiera preocupar al mandatario mucho más de lo que hasta ahora ha podido manifestar. Los problemas que se vienen pueden causarle más de un dolor de cabeza y arrojar al país a un clima de ingobernabilidad creciente. Inmanejable con este tipo de  “ayudas”.