En la semana del domingo 3 al domingo 10 del presente mes, salvo los dos horripilantes y trágicos accidentes de tránsito, la muerte por hambre de dos niños en el departamento de Santa Rosa y el asesinato de dos guatemaltecas el propio Día Internacional de la Mujer, acaecieron varios afortunados sucesos que, para tranquilidad de la sufrida población mayoritaria de nuestro país, debieran ser más frecuentes. Esas gratas noticias son las siguientes:
El sábado 8, se festejó el Día Internacional de la Mujer y presenciamos la nutrida manifestación femenina y nos solidarizamos con las Coordinadoras, Asociaciones, Fundaciones, Alianzas, Sindicatos y Organizaciones de compatriotas nuestras. Y quienes en su Día, unánimemente demandaron del Gobierno de la República que dé cumplimiento a una política nacional de promoción y desarrollo integral de la Mujer.
La iniciativa de ley presentada al Congreso de la República, para hacer justicia en la pareja humana, es decir, exigirle al hombre tanta responsabilidad como asume la mujer en cuanto a la procreación, pues la madre soltera frecuentemente es víctima de la irresponsabilidad del varón, quien placenteramente engendra, pero suele no reconocer el fruto de esa relación y, por ende, evadir sus obligaciones alimenticias como progenitor de un hijo o una hija. A fin de que no desampare a su descendiente ni a la madre que lo trajo al mundo, se reformarán en beneficio de la mujer, las disposiciones contenidas en los actuales artículos 210 y 221 del Código Civil.
Iniciativa de ley que, de ser aprobada, mejorará la situación económica de las familias, sobre todo las de bajos ingresos. Nos referimos a la propuesta de regular legalmente y en forma efectiva, las responsabilidad de industriales, comerciantes y empresarios suministradores de bienes y servicios, para con el público demandante de estos satisfactores, mediante la creación de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, ya que la deficiente estructura de la actual Dirección de Asistencia al Consumidor y su mal funcionamiento, hace necesario el cambio institucional, en el que tendrá participación de hecho y legal el colectivo consumidor.
La reducción del gasto en almuerzos servidos a los diputados al Congreso de la República, de Q 90 a Q 40. Habida cuenta del buen sueldo que disfrutan dichos dignatarios (por disposición legal, pero de hecho en su mayoría carecen de dignidad, y más bien resultan ser parasitarios) ellos deberían pagar de sus propios emolumentos tales viandas. Tanto más que muchos de ellos no trabajan debidamente, como el reciente caso, ya de dominio público, de un «representante del pueblo», perteneciente a un clan de la oligarquía, ex Ministro de Gobierno, quien de asistir al Congreso sólo lo hace por un tiempo máximo de 15 minutos.
Los congresistas actuales, máxime la pobreza y el hambre que padece el pueblo, debieran de saber que históricamente esa reprobable situación de privilegio que disfrutan no ha existido en el pasado, ni durante la Asamblea Nacional Legislativa, de la época de los gobiernos liberales, ni del Congreso de la República, durante los gobiernos democrático-revolucionarios, del Dr. Juan José Arévalo y del Coronel Jacobo Arbenz, y que si ahora campea es producto de la corrupción e impunidad imperantes.
Siendo así, debieran desechar su talante epicúreo, porque «no hay mal que dure cien años, ni paciente que los aguante» y, un día de tantos, el poder popular les obligará a rendir cuentas.
Menos mal que no todo está podrido en Dinamarca, en este caso, en el Congreso de la República, pues la diputada del Partido Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, ha sometido a la consideración del Organismo Legislativo, dos importantes cuestiones: una de ellas, que la Contraloría General de Cuentas, fiscalice varios fideicomisos y la otra, que se legisle garantizando a ciudadanas y ciudadanos el libre acceso a la información, garantizado en el artículo 30 de la Constitución Política de la Republica.
Los fideicomisos fueron establecidos para facilitar a los funcionarios corruptos la malversación de fondos públicos, en connivencia con la amoral clientela política bancaria. En esta época de Globalización Neoliberal, en que se blasona de modernismo, resulta paradójico el sistema fideicomisario, porque el fideicomiso es un vetusto contrato del derecho romano, mediante el cual los patricios violaban la ley que les prohibía donar bienes a esclavos y extranjeros, valiéndose de un tercero de confianza. Y éstas, nada honradas administraciones gubernamentales, en vez de ejecutar programas o proyectos de obras o servicios públicos, manejando directamente las partidas presupuestarias, se las confían a fideicomisos, de los cuales deriva jugosas utilidades la banca privada, pero al pueblo se le perjudica al acrecentarse el costo de la ejecución de la gestión pública. Es de desear que el nuevo Superintendente de Bancos, haga efectiva la intención del presidente Colom de trasladar los fondos públicos depositados en la banca mercantil al Banco de Guatemala y, además, se restrinjan y mejor se cancelen los fideicomisos.
En lo que toca a la iniciativa de ley respecto al derecho ciudadano a obtener en cualquier tiempo, información respecto a actos administrativos, desde hace años fue presentada al Congreso, el proyecto de ley Habeas Data, que nunca fue aprobado, pero que recientemente, la representante Nineth Montenegro vuelve a empeñarse en su emisión.
Por último, en el ámbito de la política internacional, también hubo acontecimientos felices, tales como: la reconciliación de los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador; la inesperada noticia de que el presidente Bush, quizás por primera vez deja de mentir en sus declaraciones públicas, cuando aceptó que Estados Unidos enfrenta una recesión en su economía, y el triunfo electoral del socialismo español, al ser reelecto el mandatario José Luis Rodríguez Zapatero.