Indudablemente lo mejor de la polí­tica del Gobierno actual ha estado en la implementación de programas de asistencia a las familias más pobres, imitando proyectos que han funcionado exitosamente en otros paí­ses y que han sido un avance importante en el combate a la pobreza. El principal esfuerzo, no sólo por su magnitud sino por su proyección, es el de transferencias condicionadas a las familias que enví­an a sus hijos a las escuelas, porque al mismo tiempo que ayuda a los más necesitados, les alienta a preparar mejor a sus hijos para que en el futuro puedan tener herramientas para buscar una vida más digna. Los programas de Cohesión Social son absolutamente indispensables en un paí­s con los niveles de pobreza que hay en el nuestro y eso hay que reconocerlo sin tapujos. En ese campo, sin embargo, hay enormes pelos en la sopa, por la negativa tenaz del Gobierno a proporcionar al Contralor de Cuentas los datos precisos de los beneficiarios. Y eso que el Contralor tiene el mandato constitucional de auditar no sólo el gasto público, sino a toda persona individual o jurí­dica que reciba fondos del Estado. La poca transparencia de los programas es, pues, un pero muy grande que los termina empañando. El otro asunto crucial es el de la seguridad ciudadana y en ese campo no vale la pena profundizar mucho en el análisis. Como ayer dijo el Cardenal, es asignatura pendiente que tiene el Gobierno y no parece ser parte de sus prioridades y por lo tanto no se puede esperar mucho para los dos años siguientes. Lo mismo puede decirse del combate a la corrupción, empezando por la burla del caso Meyer y siguiendo con los favores a los financistas de campaña. Posiblemente nunca, en la historia del paí­s, un financista habí­a tenido tanto control del sector público como el que ahora tiene el señor Gustavo Alejos y es sabido que no se mueve la hoja del árbol sin su intervención. En resumidas cuentas, la de cal es la atención a los pobres y las de arena son la falta de transparencia, la inseguridad y el tráfico de influencias.