Este 29 de diciembre se cumplió el sexto aniversario de la firma del contrato de arrendamiento de 10 locales entre el “Grupo Wisa” y la “Dirección General de Aeronáutica Civil”. Como lo he mencionado en otras columnas, dicho contrato está lleno de irregularidades. Tanto que el dictamen jurídico de la Contraloría General de Cuentas respecto al contrato indica: “Que este contrato además de no tener fundamento legal, al tenor del artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, fue suscrito en fraude de ley, en consecuencia es nulo y conlleva responsabilidad penal de quienes lo suscribieron.”

Sin embargo ninguno de los que suscribieron el contrato, José Manuel Moreno Botrán por parte de la DGAC y Mohamed Abdo Waked Darwich por el Grupo Wisa, han sido interrogados en proceso penal alguno. Mucho menos los notarios, Erick Arnoldo Ralón Orellana quien elaboró el contrato y su hermano Estuardo quien lo modificó.  Dicho contrato condiciona el pago de más de 18 millones  de quetzales por parte del Grupo Wisa a la DGAC, cuando la SAT autorizara al Depósito Aduanero del Grupo Wisa a operar como “Tienda Libre” lo cual fue declarado posteriormente inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, por tanto ilegal.
Este caso demuestra como un contrato puede ser el génesis y punto de partida que de carácter “legal” una conspiración criminal, conformando estructuras dentro y fuera del Estado de Guatemala, en la que participan los más altos funcionarios de distintas carteras de gobierno y distintos gobiernos en el tiempo. En este caso particular a través de esta estructura se han sustraído millones de quetzales en impuestos a través de un claro caso especial de defraudación aduanera.
Adicionalmente muestra como una estructura criminal, especialmente la que se encuentra en SAT, se dedica a encubrir esta operación y obstruir sistemáticamente la justicia, esto liderado por Vicente Lemus y Ángel Menéndez a quien la semana pasada le solicitaron la renuncia al cargo de Intendente Jurídico.
Este caso está a punto de caer, por su propio peso o consolidarse por la fuerza de la impunidad.   La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia está próxima a entregar la sentencia que deje firme o anule dicho contrato.
Es impresionante la cantidad de funcionarios públicos que han tenido la oportunidad de parar esta infamia, sin embargo nada ocurre ya sea por ineptitud, negligencia, ignorancia, miedo o corrupción. Me declaro idealista, creo en la justicia, creo en las personas a pesar de la “condición humana” que nos limita, creo que en el fondo toda persona sabe lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es blanco y lo que es negro, lo que es justo y lo que es injusto.
Las personas que trabajan en el Sistema de Justicia de Guatemala, las buenas y las malas, saben a qué bando pertenecen. Por mucho que justifiquemos y tratemos de engañarnos en el fondo, el ser humano sabe perfectamente que hay algo intrínsecamente malo o bueno  en lo que hacemos todos los días. La conciencia es muy jodida.
El problema es que en este caso es que se hace el perjuicio al Estado, pero como mucha gente ve al Estado como la piñata, no les parece grave.  Sin embargo también perjudica a asociaciones de beneficencia centenarias que se dedican a velar por las personas más necesitadas del país. Esto llora sangre.
Afortunadamente creo en la honorabilidad de los Magistrados de la Cámara Civil de la Corte Suprema, sé que son hombres de bien que aman a su país. Exhorto a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia a que en cumplimiento de sus funciones, la justicia terrenal y divina emitan una sentencia apegada a derecho y verdad.