Este suplemento, como lo dijimos desde su presentación hace ocho semanas, no está orientado simplemente a la cobertura del proceso electoral que vivimos, sino que a tocar los temas permanentes de la actualidad polí­tica en términos generales y sin duda alguna que el relacionado con la seguridad constituye hoy en dí­a el más candente y preocupante para la población. Se trata de un tema polí­tico, indudablemente, que los partidos tienen que abordar con seriedad porque es cuestión de Estado y si bien un adecuado planteamiento puede generar votos y atraer simpatí­as, no es con tal finalidad que debe abordarse el delicado asunto.

Hemos tratado de contactar con expertos para establecer cuál es la realidad de la inseguridad actual en el paí­s, desde lo que representa en términos económicos, hasta las estadí­sticas que revelan que vamos como el cangrejo y que cada gobierno, en los tres últimos perí­odos, ha sido peor que el otro en cuanto a garantizar el derecho a la vida. La idea es proporcionar a la nueva Ministra y a la sociedad una radiografí­a de la situación existente para que puedan iniciar planes para corregir los males y enderezar el rumbo.

El tema de la depuración de las fuerzas de seguridad es algo que sin duda alguna constituye el mayor desafí­o para la nueva ministra, no porque ella pueda realizarla en el tiempo que estará al frente de la cartera bajo la presidencia de í“scar Berger, sino porque puede sentar las bases para que ese esfuerzo no termine siendo algo parecido al reciclaje que produjo el adefesio que hoy es la PNC. La ministra cree que la mayorí­a de los agentes son buenos elementos y que el problema está en un diez por ciento de la fuerza, estimación que deberá corroborarse con hechos e investigaciones. Los agentes tienen que ser sometidos a las modernas técnicas de investigación, incluyendo el uso del polí­grafo y de exámenes psicológicos, para establecer quiénes son aptos para permanecer en la Policí­a y quiénes tienen que ser retirados.

El Congreso tiene que facilitar el proceso de depuración y si bien los derechos laborales son irrenunciables y no pueden ser objeto de menoscabo, no pueden esgrimirse como escudo para proteger la existencia de cuadros corruptos y de delincuentes en las fuerzas de seguridad. Una ley tiene que establecer la facilidad para evaluar técnica y cientí­ficamente a los agentes porque en ello va la vida de muchos guatemaltecos y por lo tanto se trata de un valor superior que debe ser resguardado por los legisladores.

Y los partidos polí­ticos siguen en deuda con la población, puesto que no han hecho los aportes serios y no politiqueros sobre la materia ni han ayudado a clarificar un debate que tiene que alejarse de la caza de votos para centrarse en la supervivencia misma del Estado y el resguardo de la vida de los guatemaltecos. Seguimos esperando las propuestas que deban concretar en el futuro inmediato.