La contratación de seguridad privada, por parte de Juntas Electorales Departamentales y Municipales (JED) y (JEM), en algunos lugares caracterizados por tener altos niveles de conflictividad, preocupa a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que integra el Mirador Electoral.
Flacso considera que este tipo de contratación de empresas privadas de seguridad para garantizar que el proceso electoral se lleve a buen resguardo, no se encuentra contemplada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La entidad considera que esta medida disminuye el rol que debe jugar la Policía Nacional Civil (PNC), la única institución encargada de velar porque los más de 2 mil 500 centros de votación y mesas electorales cuenten con la debida protección y resguardo del proceso, según la ley orgánica de esta.
Sobre el tema, Héctor Benjamín Mejía, presidente de la Junta Electoral Departamental de Retalhuleu, dijo que ya cuentan con la aprobación del TSE para la contratación de elementos de seguridad privada; lo que se pretende es proteger a los miembros de las juntas receptoras de votos ante cualquier eventualidad.
El entrevistado considera que la iniciativa del TSE pudo derivarse de que la PNC no cuenta con el número suficiente de efectivos para responder a esa necesidad, que es vital para la tranquilidad de la ciudadanía retalteca.
Finalmente, Flacso destacó que la semana anterior el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, se comprometió a presentar el Plan Estratégico de Seguridad, específico para el proceso electoral.