Cuando el presidente Otto Pérez Molina tomó posesión tras una campaña en la que prometía erradicar la violencia, inseguridad y la impunidad, muchos de nosotros, imaginamos que la promesa finalmente se iba a concretar en forma radical, no solo en el tema de la Seguridad Pública y que se tomarían acciones serias y eficientes para, al menos, poder ponernos en el camino que llevaría al logro de ese objetivo.
Llegar a tener un país seguro no se trata únicamente de la búsqueda de la seguridad pública, como nos decía el Presidente en su campaña, sino de consolidar un sistema de seguridad nacional adecuado y articulado de forma eficaz.
Contrario a la creencia generalizada de que la Seguridad Nacional se refiere estrictamente a temas de defensa, ésta toma en cuenta aspectos tan fundamentales como la preservación del orden constitucional así como del régimen democrático fundado en el desarrollo integral, la prevención de riesgos, control de amenazas y reducción de vulnerabilidades, al mismo tiempo que observa el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
En Guatemala, la seguridad pública sigue siendo un tema quimérico, sin embargo quisiera hacer énfasis en la importancia que para ese fin tiene el fortalecimiento de nuestro existente Sistema Nacional de Seguridad (SNS).
A través de la ley marco del SNS, a las instituciones que lo integran (ver artículo 7 de la ley mencionada) se les confieren responsabilidades específicas que, la mayoría de ellas, están muy lejos de alcanzar. A continuación menciono algunas de las contradicciones más evidentes entre lo establecido en la ley y lo llevado a cabo por las instituciones.
En primer lugar la cooperación interinstitucional del sistema es deficiente pues sus dirigentes tienen la percepción de que las instituciones gubernamentales en lugar de ser aliadas son enemigas entre sí, lo que lleva a duplicación de información, escasa cooperación, desinformación, desperdicio de recursos, etc.
De esta cuenta que (incluso dentro del mismo gobierno) al cambiar autoridades de forma periódica, se amenaza la institucionalidad y estos mismos permiten que se destruya el sistema de trabajo logrado durante años. Esto es especialmente preocupante en el ámbito de las agencias de Seguridad Nacional, dentro de las cuales los individuos debiesen tener la capacidad de hacer una carrera garantizando así la seguridad, profesionalización y eficiencia del SNS.
Por otro lado debemos cuestionarnos ¿quiénes están al frente de nuestras agencias de Seguridad Nacional? La integridad de los funcionarios en este campo debe ser intachable y la defensa de los intereses del Estado (y no los individuales como generalmente sucede) su más alta prioridad. Llenar ese perfil en un sistema que recompensa el servilismo y la mediocridad es difícil, más no imposible.
Como ciudadanos debemos también entender la importancia (a pesar de no estar de acuerdo con algunos casos) de los instrumentos que pueden ser necesarios para preservar la Seguridad Nacional como lo son el espionaje, clasificación de información, etc.
El robustecimiento de la Seguridad Nacional es fundamental en Guatemala no solamente para recobrar la seguridad pública, sino porque la integridad del concepto, muy escuetamente delineado aquí, engloba a todos aquellos elementos que lleven hacia la protección de la persona humana y el bien común de los habitantes del Estado.
Aunque por ahora parece inalcanzable… Guatemaltecos, podemos seguir soñando, pero más que eso sumándonos al esfuerzo con nuestras propias acciones.