---

En ese contexto nace el Programa Escuelas Seguras, creado en el año 2009, y que actualmente cuenta con 13 autopatrullas que resguardan 40 centros educativos en la ciudad capital y Mixco; nació con la idea de prevenir y disuadir hechos delictivos generados por alumnos o personas ajenas a los establecimientos como integrantes de pandillas, delincuencia común y organizada en zonas marginales o rojas.    

Sin embargo, tras hechos de violencia acaecidos semanas atrás en alrededores de escuelas e institutos, diversos sectores cuestionan la efectividad del programa en cuestión para el resguardo, tanto de estudiantes como de maestros y particulares.

En ese contexto, la Procuraduría de los Derechos Humanos por medio de la Defensoría de la Juventud, efectuó un estudio sobre la efectividad o deficiencias del programa que está a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Prevención del Delito, responsable de dotar de la seguridad perimetral en los alrededores de los establecimientos educativos.

Este análisis se realizó recientemente mediante encuestas a docentes, estudiantes y directores de los establecimientos educativos públicos que tienen cobertura en este Programa, para evaluar el impacto del mismo y realizar las sugerencias correspondientes.

Abner Paredes, titular de dicha Defensoría, enfatiza en que se continúa con la captura de información tras la inspección in situ de las acciones enmarcadas en Escuelas Seguras de la ciudad capital y que tanto la interpretación como la elaboración del informe final podrían tardar varias semanas en emitirse.

De manera preliminar, Paredes dice que mediante la investigación de campo se constató que la Policía Nacional Civil no ha tenido un alto nivel de incidencia para prevenir violencia y delincuencia en los centros educativos, principalmente en las afueras de los mismos.

Según el entrevistado, la mayoría de amenazas provienen de personas adultas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado que de una u otra forma, tratan de involucrar a los jóvenes en actividades delictivas o el consumo de drogas.

De igual forma,  no descarta que dentro de las aulas delitos como el acoso, el robo de pertenencias entre estudiantes y las extorsiones a catedráticos, estén siendo parte del día a día durante la jornada escolar.

“La parte preventiva en los perímetros educativos es una de las grandes debilidades, particularmente en zonas marginales o rojas. Asimismo, lo que está pasando adentro es mínimo a comparación de la violencia que se está dando en los alrededores”, explicó el delegado de la PDH.

La PDH concretamente critica la capacidad de respuesta policial instalada en centros educativos ante situaciones de violencia. De esa cuenta, la Magistratura de Conciencia de 2010 a la fecha ha recibido 21 denuncias en relación al programa Escuelas Seguras, todas focalizadas en la ciudad capital.

El Defensor de la Juventud señala que no existe un plan concreto de prevención de violencia y delito, responsabilizando también al Ministerio de Educación por no implementar planes efectivos que permitan, tanto a profesores como a padres de familia, detectar e identificar conatos de violencia y tomas las medidas necesarias.

“Se tienen protocolos y programas de capacitación, pero lo que falta es implementarlos. En lo cotidiano estas prácticas no se aplican. Tiene que haber una acción más proactiva y no solamente el patrullaje en las afueras o en el perímetro de los centros educativos”, puntualiza Paredes.

PALIATIVO QUE NO RESUELVE
Actualmente unos 4 millones de alumnos, en promedio, se encuentran inscritos en los niveles de preprimaria, primaria, básicos y diversificado. De estos, según fuentes oficiales, 3 millones, integran el sistema escolar del Estado.

El pasado 3 de abril fueron atacadas con arma de fuego dos adolescentes identificadas como Karla Daniela y Nancy Paola Oscal Pérez, de 17 y 15 años respectivamente, estudiantes del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica (INCA).

Cuerpos de socorro en el lugar determinaron que habían sufrido heridas de bala en el cráneo y cuello; y ambas fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios en estado delicado. Karla Daniela murió a su ingreso al nosocomio y Nancy Paola, 23 días después.

Testigos indicaron, en su momento, que era un hombre con casco de motorista, quien se acercó a las hermanas y sin mediar palabra, les disparó para luego escapar a bordo de una motocicleta conducida por otro hombre.

Mario Rodríguez, encargado del área de Educación del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac; indica que hechos como este reflejan la creciente presencia de las pandillas en la conducta delictiva focalizada tanto en institutos como colegios, donde pretenden vincular a estudiantes en situación de riesgo.

A decir del investigador, el programa de Escuelas Seguras es un paliativo que no resuelve el problema de la violencia, básicamente porque no se cuenta con los recursos y la logística necesaria y porque el mismo debe ser tratado de forma integral en el sentido de involucrar a los padres de familia y maestros.
 
“De hecho, en las colonias y barrios, la gente identifica a quienes son los pandilleros, dónde viven, qué hacen y dónde se mueven. Las autoridades reaccionan solo cuando el problema ya es más serio y complicado y ha pasado a ser una situación lamentable”, argumenta Rodríguez.

El analista destaca el papel del maestro en la prevención del delito en el sentido de enfrentar situaciones de riesgo como las extorsiones o amenazas de muerte. Además, menciona que el Mineduc debe proporcionar protocolos de actuación para que se asuma un rol en el proceso de prevención de la violencia en las escuelas.

“QUERÍAN Q10 MIL POR MÍ”
A propósito, directivos del INCA informaron que los padres de 26 alumnas están a punto de culminar el trámite para cambiarse del plantel a otro establecimiento educativo, luego del ataque armado donde murieron las hermanas Nancy Paola y Karen Daniela, de apellidos Oscal Pérez.

Padres consultados que pidieron no ser identificados, coincidieron en que la medida responde al temor que persiste en esta población estudiantil y que a sus hijas no les importa tener que someterse a exámenes de evaluación y nivelación de cursos en otros colegios y a ellos, asumir los costos que conlleva el traslado.
 
Pero ese no ha sido el único incidente registrado este año. La escuela San Judas Tadeo, ubicada en la 13 avenida y 26 calle de la zona 13, ha sido objeto de ataques armados en dos ocasiones, aparentemente por grupos de extorsionistas, causando alarma en padres y vecinos del sector.

La Hora localizó a *Mariana (nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente); exdirectora de una escuela de primaria en la zona 5 capitalina, con el fin de conocer la experiencia de estos hechos en las escuelas.

Mariana relata que en 2009 la escuela estaba bajo el asedio de las pandillas, afectando a docentes, directivos y administrativos de este establecimiento, pues estas exigían el pago de Q10 mil a ella y Q5 mil por cada maestro, para no atentar contra la vida de los estudiantes.

“Dijeron que si no accedíamos al pago de la extorsión, nos iban a secuestrar y matar. Afortunadamente la PNC respondió de inmediato y nos mandaron agentes encubiertos que vigilaban la escuela. Después vimos que eran algunos papás quienes estaban involucrados en estos ilícitos”, señala.

La exdirectora insta a educadores, estudiantes y padres a promover una cultura de denuncia en las comunidades y al rescate y reforzamiento de los valores “que tan perdidos están dentro de los hogares” como el respeto, integridad y la honestidad, para trasladarlos a las escuelas.

En ese sentido, la Unidad Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Panda), este año ha recibido 30 denuncias de familias extorsionadas, comerciantes, maestros y transportistas, entre otros. En 2013 se recibieron 4 mil 160.

“También pienso que en los establecimientos debe prevalecer la disciplina porque donde no hay medidas disciplinarias, va a haber desorden siempre. Las protestas que se han visto últimamente estarían bien si estuvieran bien fundamentadas, pero la mayoría se convierte en vandalismo”, enuncia Mariana.

SIN COBERTURA EN DEPARTAMENTOS
Actualmente son cinco las comisarías que tienen a su cargo el patrullaje de las escuelas; con 50 agentes de la Policía Nacional Civil y 13 autopatrullas que cubren 40 centros educativos en la capital y uno en el municipio de Mixco, en horarios de 06:30 a 18:30 horas de lunes a domingo.

Asimismo, datos oficiales refieren que 220 personas han sido capturadas por delitos contra alumnos y 224 adolescentes, remitidos a Juzgados de Niñez y Adolescencia de 2009 a la fecha.

Mientras en los primeros cuatro meses de 2014 se han efectuado 2 mil 721 patrullajes de protección por parte de las fuerzas de seguridad y la identificación de 6 mil 893 personas, 210 vehículos y 815 motos sospechosas.

Al ser consultado, el viceministro de Prevención del Delito, Arkel Benítez, informa que de momento se evalúa la pertinencia de 82 solicitudes para que el Programa Escuelas Seguras sea implementado en otras zonas de la ciudad capital y municipios aledaños.

No obstante, el funcionario admite que las acciones no han tenido un mayor despliegue policial por el poco recurso humano para estas funciones, pero confía en que el proceso de expansión en las filas de la PNC; traiga consigo más elementos especializados en la lógica de seguridad perimetral que implica rondas policiales estrictamente alrededor de las escuelas. Por esta razón, el Viceministro fue claro al indicar que el programa “no se puede llevar a escuelas del interior del país”.
 
Menciona además que en las escuelas de los demás departamentos existen coordinaciones oportunas a través de las Comisarías Departamentales, enlazadas a la Política de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2023.

“Sabemos que Guatemala es uno de los departamentos que genera más violencia comparado con otros departamentos. Eso no significa que esté desatendida una escuela. Imagínese si le ponemos policía a cada escuela en la lógica del programa, no nos alcanzaría la policía”, justifica.

Benítez profundiza en que “el hecho de que se cambiara de nombre a un programa no significa que se haya quitado o cambiado”, respondiendo a constantes señalamientos contra el gobierno de Otto Pérez Molina, por supuestamente eliminar el programa de Escuelas Abiertas, puesto en marcha por su antecesor Álvaro Colom.

A decir de Benítez, desde 2012 existe el programa Jóvenes Protagonistas, como un espacio de formación extraescolar, que se implementa en escuelas y otros espacios los fines de semana, para el aprovechamiento del talento artístico, deportivo, social y cultural de jóvenes; al tiempo que busca fomentar valores y principios, basados en la integración familiar, el apoyo mutuo, la amistad, la concordia y la paz.

“Hemos visto que muchos jóvenes traen los problemas a las escuelas por las situaciones de conflicto en los barrios donde viven. Tenemos que ir cerrando los espacios de oportunidad para delinquir, pero también es responsabilidad de los padres de familia y profesores”, refuta.

ACHATAMIENTO EMOCIONAL
“La violencia en el país lleva en la niñez a un estado de acostumbramiento y de percepción de que la violencia es algo normal, natural y que no se puede resolver. Eso va teniendo un efecto en la vida cotidiana del niño, porque se forman ciudadanos con la violencia como paisaje y no se trata de minimizarla sino al contrario, se va reproduciendo”.

Esta es la visión del tema por parte de Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, quien agrega que se está provocando un “achatamiento emocional” en los jóvenes al presenciar o notar diariamente hechos de violencia en sus círculos sociales.

Cabe mencionar que en septiembre de 2012, un hombre bajo efectos de licor, irrumpió en una escuela de Tactic, Alta Verapaz, para asesinar con machete, a dos niños de 8 y 13 años, quienes estudiaban en esta localidad.

Según testigos del hecho, el agresor identificado como Julio Saquil, de 35 años, pretendía atacar a las maestras de la Escuela Rural Mixta Autogestión San Juan de la Asunción, pero persiguió a los niños y los hirió hasta segarles la vida. Minutos más tarde, vecinos enardecidos golpearon a Saquil y le prendieron fuego. La situación provocó pánico en los menores de edad presentes.

“Se generan estados de miedo, inseguridad, ansiedad y estrés, pero son temporales porque de cualquier forma hay que estudiar y salir a la calle. También una familia que no se comunica y que no forma vínculos cercanos con sus hijos genera una situación complicada”, explica Garavito.

Finalmente, el psicólogo califica como “militar” la visión de seguridad del gobierno de OPM, y en su lugar propuso el programa de la Liga denominado “Mi Territorio sin Violencia”, el cual se encuentra en 13 municipios del interior del país y que busca que jóvenes en situación vulnerable se alejen de las pandillas y de esta forma se contrarreste la violencia.

“Este Gobierno habla de leyes, de más policías, más patrullas, más soldados, más cámaras, más armas y más todo porque su lógica tiene que ver con el fortalecimiento de la visión militarizada, represiva y reactiva y no preventiva que incluya la participación social, educación y organización”, culmina Garavito.