El problema de las extorsiones a los transportistas continúa sin control, al extremo de que un empresario podría pagar hasta Q150 mil mensuales para resguardar la integridad de una flota. Adicionalmente, en este contexto el servicio de seguridad privada se ha convertido en una necesidad, pero ¿quién debe sufragar el costo?

“Prefiero no comentar nada por seguridad”. “Mi esposo no le hacía daño a nadie, pero no pudo pagar la extorsión”. “Me quedé sola con tres niños y no tengo como sostenerlos”. Estos son extractos de los testimonios de familiares de pilotos asesinados por no poder cancelar la cuota que exigían los delincuentes.

Y es que según los transportistas, el 80 por ciento de empresarios extraurbanos deben cancelar un “impuesto de circulación”, lo mismo ocurre diariamente a unos 600 pilotos de transporte urbano, mientras, los delincuentes no dan compás de espera ante la negativa y optar por asesinar a quien no atienda sus demandas.

Ante esta situación surge la necesidad de contratar personal de seguridad privada, pues el Estado no tiene la capacidad para proveer ese servicio en todas las unidades de transporte.

La mayoría de empresas privadas en situación de riesgo se ve en la obligación de contratar un sistema de seguridad particular, y no requiere necesariamente a las fuerzas de seguridad. ¿Quién debe asumir los costos en el transporte?

NO ES SUFICIENTE
El costo que genera la contratación de seguridad privada para las unidades de transporte debe ser pagado por los empresarios que se quejan por no tener los suficientes recursos, aunque reciben una millonaria cantidad de subsidio estatal.

En el caso de los buses extraurbanos no reciben subsidio de parte del Estado y según el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, tampoco existe la posibilidad de que esto se haga a corto plazo. “No existen recursos para eso”, aseguró el funcionario.

En cuanto a los buses urbanos, cada unidad, según promedio ofrecido por Carlos Sandoval Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, recibe Q7 mil 200 por concepto de subsidio, dependiendo de los días no laborados. El Ministerio de Finanzas registró en 2011 el otorgamiento de Q210 millones por este concepto.

Pero Luis Gómez, de la Gremial de Empresarios del Transporte Urbano, dice que el subsidio no es suficiente para pagar este gasto adicional: “Allí entramos a otros 10 pesos, porque al hablar de costos de operación del sistema la tarifa del transporte es social”.

“Lo más importante es asumir compromisos”, dice el consultado, ya que el subsidio no será suficiente para atender el tema de la seguridad. “La solución es que el Estado prestara el servicio público; nosotros somos privados prestando un servicio público y con una tarifa técnica seríamos capaces de atender todas las necesidades del ciudadano”, razona el empresario de transporte.

INCAPACIDAD DEL ESTADO
Las empresas de seguridad privada han respondido ante la falta de seguridad de las fuerzas nacionales y ofrecen a los transportistas el custodio de sus unidades con precios que sobrepasan los Q4 mil mensuales por agente.

De esta forma, una de las proveedoras de seguridad ofrece el servicio de un guardia que labore de 6:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y sábado medio día, equipado con una escopeta calibre 12 milímetros a un costo de Q4 mil 200 mensuales.

Otra de las consultadas ofrece al profesional de seguridad para laborar 12 horas como rutero en el área metropolitana, de lunes a sábado, con el uniforme reglamentario, revólver o escopeta a un costo de Q4 mil 400 mensuales.

Gómez explica que los empresarios de transporte urbano ya llevan algunos años trabajando con seguridad privada. Sin embargo, se constató que no todos los autobuses cuentan con un custodio.

“No es que el Estado no quiera, es que al ver las cifras de elementos de policía que hay para resguardar la seguridad, nosotros nos preocupamos porque aunque nos quieran atender no tienen los elementos suficientes para hacerlo”, dice el consultado.

Los horarios estimados por la Municipalidad de Guatemala, en cuanto a la prestación del servicio urbano se colocan entre las 4:30 de la mañana y las 21 horas, lo que hace pensar en que los pilotos trabajan 20 horas diarias, por lo tanto, no sería suficiente la contratación de un solo guardia, del mismo modo, los costos se duplican.

“Se requiere en el transporte dos agentes de seguridad, en dos turno al día, son cuatro agentes, por tres mil buses, son 12 mil agentes, a un costo de cuatro mil quetzales por agente, solo para seguridad se necesitarían Q48 millones de quetzales mensuales, según las cuentas que nosotros hacemos”, ejemplifica Gómez.

UN PAGO MÁS
“Para los transportistas, hoy, esto es un pago más, un impuesto más que se tiene que pagar”, asegura Itiel Ordoñez, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros Getrexpa, al ser consultado sobre las extorsiones.

Ordóñez confirma que el 80% de los transportistas debe cancelar una cuota que va desde los Q100 mil a los Q150 mil, dependiendo de la cantidad de unidades que posean y según el acuerdo al que hayan llegado con los delincuentes.

El pago de la extorsión puede realizarse de manera semanal, quincenal o mensual, según el mismo acuerdo.

Ordóñez también señaló que en los últimos días, este flagelo se ha incrementado en la Costa Sur, aunque se vive en los cuatro puntos del país, en carreteras principales y también en las que conectan una aldea con otra.

La Dirección General de Transporte tiene registradas 9 mil 895 líneas de transporte extraurbano, Ordóñez, señala que hay cerca de 30 mil unidades, de las cuales unas 24 mil deben cancelar esta cuota.

Por su parte, Gómez asegura que “ciertamente se pierde, se invierte por este problema”, sin embargo, prefiere no ofrecer las cifras de lo que deben pagar por concepto de extorsión, pues “son cifras atractivas para los delincuentes”.

Según el consultado, el problema lo sufren todas las empresas que prestan el servicio de transporte colectivo, que se traduce en miles de dueños de unidades, “cada uno con una problemática distinta”.

Según Sandoval, en sus registros se contabilizan 3 mil 221 unidades, pertenecientes a cuatro empresas que cubren ocho sectores de la ciudad capital.

VIDAS PERDIDAS
La vida de Héctor Santiago* cambió radicalmente cuando su padre, piloto de una unidad de transporte colectivo, fue ultimado a balazos por no poder cancelar mil 500 quetzales de extorsión.

El niño contaba con solamente 10 años cuando tuvo que enfrentarse a la realidad, debería dejar la escuela para trabajar y ayudar a su progenitora; juntos debían vestir y alimentar a sus hermanos de 5 y 3 años.

“Nosotros todos los años perdemos pilotos”, asegura Gómez, quien lamenta más que la pérdida de recursos económicos, la muerte de quienes prestan el servicio.

“Eso no tiene precio, no es cuantificable, se quedan enlutadas familias completas en el país, muchos huérfanos, muchas viudas, mucha gente sin sustento y eso es lo más trágico en este tema”, agrega el empresario.

En 2011 las muertes de pilotos sumaron 91 y de quienes laboran como ayudantes se perdieron 54 vidas, según estadísticas oficiales. Las zonas capitalinas que más sucesos presentaron fueron las 12, 21, 6, 7, 17 y 18.

*Nombre ficticio