La XLI Asamblea General de la OEA, finalizada hace dos semanas, tuvo el mérito de abordar como asunto central uno de los temas que mayor preocupación provoca hoy a todos los habitantes de América. A la valiente decisión del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, de proponer que la Asamblea se concentrara en torno a la seguridad ciudadana, se suma la propuesta del presidente ílvaro Colom, de convocar a los Presidentes de Centroamérica a esta Conferencia sobre Seguridad, para adoptar sus propias estrategias sobre el tema. La delincuencia es uno de los grandes problemas que vive la región y en la mayor parte de los paí­ses, los ciudadanos la identifican como el principal de ellos.

En la última década no ha habido un gran crecimiento del crimen. Por el contrario, la cifra que se maneja ahora es de 14,94 homicidios por cada cien mil habitantes, inferior a la de 16.19 del año 2001. Pero esa cifra es aún muy superior al promedio mundial de 8. Además, es mayor en América Latina y el Caribe y tiende a concentrarse en algunos paí­ses, regiones y ciudades. Por otra parte, sin olvidar el crecimiento de la violencia intrafamiliar y el femicidio, el fenómeno criminal se asocia hoy mucho más al desarrollo visible del crimen organizado, que adquiere cada vez más carácter transnacional. La droga atraviesa las fronteras, al igual que la trata de personas, la extorsión y el secuestro, la piraterí­a intelectual, el tráfico de armas, el lavado de dinero. El crimen, como empresa, se aprovecha de la debilidad de los Estados, de la falta de empleo, y la desigualdad, que son fenómenos dominantes en la mayor parte de nuestras sociedades.

El fenómeno es controlable si sumamos a los criterios de coordinación regional, polí­ticas nacionales acordes a la realidad de cada paí­s. Las áreas de trabajo son generales, pero la polí­tica propiamente tal para atacar muchos de estos delitos, es de cada paí­s, con realidades criminales y tasas de criminalidad distintas. Pero en el ámbito regional se hace indispensable una coordinación cada vez mayor. Y así­ lo establece la Declaración de San Salvador, que tiende las bases de una polí­tica común de seguridad que permitirá trabajar con planes conjuntos para atacar en su raí­z la transnacionalización del crimen.

Hacer de la seguridad una efectiva polí­tica social, no supone solamente medidas de protección o de castigo a la delincuencia. Supone también medidas de contexto, de desarrollo económico y social y también de derechos humanos. Uno de cada cuatro jóvenes de América Latina y el Caribe no estudia ni trabaja; esa juventud en riesgo es fácil presa del crimen organizado.

Dentro de este contexto, hay que desarrollar y coordinar polí­ticas especí­ficas, en materia policial, judicial, carcelaria y de acción comunitaria para combatir el crimen. Por ello es importante también que nuestros sistemas de justicia y nuestras policí­as, ahora agrupadas mayoritariamente en una nueva Asociación, Ameripol, que también se reunió en El Salvador, instrumenten estrategias de coordinación. En materia de narcotráfico, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD – OEA) acaba de aprobar su nueva estrategia en materia de drogas, enfatizando aspectos como el combate al lavado de dinero, la prevención y la restricción de la demanda, que la polí­tica de interdicción hasta ahora predominante, dejaba en segundo plano. En noviembre concertaremos el Plan de Acción de la OEA en nuestra 3ª Reunión de Ministros de Seguridad Pública.

El trabajo ya ha comenzado y será largo. Pero el éxito de citas como la de El Salvador y Guatemala, y la unidad con que el tema está siendo abordado, nos permiten un espacio de optimismo.

* Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)