Las propuestas contienen el Sistema Nacional de Seguridad (SNS), éste crea e institucionaliza al menos tres entes. Uno que existe por medio de un Acuerdo Gubernativo, el Consejo Asesor de Seguridad y dos nuevos: el Consejo Nacional de Seguridad y el Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la República (sic). El Consejo Nacional de Seguridad se integra, según ambas iniciativas por el «Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de la Defensa Nacional, el Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la República y el Procurador General de la Nación», otro sic.

Está probado que la estructura actual del Ministerio de Gobernación es anacrónica. De hecho las funciones administrativas y relacionales con la gobernabilidad debieran estar separadas de las de la Seguridad Ciudadana. Entonces aquello mencionado recién hace unos dí­as en cuanto a la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana podrí­a ser el primer paso acertado en la implementación de un sistema que pudiera ofrecer resultados no sólo diferentes sino positivos.

Esa denominación de «Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la República», me parece propia de una jerigonza que no necesariamente creará institucionalidad (al denominarlo «de Estado») y vinculado a la Presidencia de la República, será de gobierno y no necesariamente del Estado. En fin, un pequeño juego de palabras para comidillas futuras que podrí­an terminar en la presentación de recursos de inconstitucionalidad que trunquen la tal normativa que, con la denominación de «Ley Marco», tampoco dice gran cosa en congruencia con la jerga de nuestro vigente régimen de legalidad. Un neologismo más propio de nuestro malinchismo imperante y resultante de la «copia» de modelos foráneos.

En esta semana el Estado de Guatemala en su conjunto y el gobierno en particular han enfrentado una problemática que pudiera ser la punta de un iceberg en materia de los desafí­os que impone el narcotráfico y el crimen organizado. Las invasiones en Petén, pudieran ser el preludio para generar una atmósfera de ingobernabilidad. En consecuencia una seria amenaza a la estabilidad del área. Un riesgo en materia de seguridad ciudadana que implicará un esfuerzo interinstitucional para neutralizar las invasiones, si tal es posible, como un primer paso para ejercer un control eficiente.

Al mismo tiempo los asesinatos no cesan. Pareciera entonces que si lo que hay es un vací­o de normativas en pro de coordinaciones interinstitucionales, una salida al paso ante la ausencia de esos mecanismos pudiera ser buscar la figura de un Acuerdo Gubernativo que regule tales desempeños. Esto no habrá de sustituir la propuesta del SNS, pero creará el conjunto normativo que posibilite enfrentar con cierto grado de éxito el desafí­o impuesto por la ausencia en materia de seguridad ciudadana. Un mal heredado. Una debilidad de larga data.

Ahora bien puede haber un reto interno aún más grande. Más complejo. La infiltración y la orquestación de los denominados «poderes paralelos», pudieran ser en conjunto, factores que limiten la concreción de esfuerzos que en efecto tiendan a superar los actuales niveles de inseguridad. Y ante tal valladar no hay norma que por sí­ misma los venza. Eso es otro tema.