Son curiosos los gobiernos. Entre mejor creen que lo hace, más quieren. Y el gobierno de Pérez Molina parece ir por esa ruta, la del cambio, decía él. La forma de llevar las relaciones político partidistas en el país requiere de un verdadero arte para que la población simplemente se distraiga y dirija su atención a cosas que no revisten relevancia en un momento preciso.

A veces uno se pregunta el porqué de que algunos asesores ganen sueldos casi estratosféricos, pero luego nos damos cuenta que parece que en ocasiones hasta se quedan cortos, porque la forma en que logran hacer que los funcionarios se enfoquen en distractores y la población se la crea es sorprendente.

Hace tres semanas, los incidentes trágicos en Totonicapán captaban la atención mediática, hoy lo hace la forma veloz y casi estúpida de la aprobación del Presupuesto del Estado para el próximo año de parte de los congresistas.

Sin embargo, el Gobierno nos trata de hacer creer que está abierto al diálogo al reunirse ahora con los líderes de los Cantones de Totonicapán, mientras detrás está todo el ruido de cómo maneja a su sabor y antojo al Congreso de la República, para aprobar las leyes que hagan viables sus planes, que como siempre, no corresponden a un plan de nación previamente acordado con todos los sectores.

Es sorprendente, cómo, en la ausencia de la Secretaria General del partido oficial, hace unas dos semanas, no había ni siquiera idea de cuál sería la agenda del Congreso en los días posteriores; sin embargo, hoy ya tenemos presidente electo de la Junta Directiva y hasta programa de gastos.

Pero el Gobierno no quiere quedarse con eso, es casi seguro que no. Ahora, indudablemente, con el enganche de reducir el número de diputados, como ya se ha mencionado, impulsarán la reforma constitucional que tanto revuelo causó hace algunos meses y quién sabe, con ese sube y baja de poder, qué se vaya aprobar de parte de los legisladores, quienes tendrán la última palabra, al menos de manera formal, para dar luz verde a la consulta popular.

Al comienzo de este gobierno, se decía de parte de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, que se tenían expectativas favorables en cuanto a la forma en que se dirigiría la gestión, pero la mayoría de estos se oponía a una reforma fiscal, supuestamente porque primero se debería tener legislación adecuada que garantizara el uso correcto de los recursos.

Al día de hoy, lo que tenemos es todo lo contrario a lo que se pedía en ese entonces, la aprobación de la reforma fiscal pasó, de manera sorprendente también, en un dos por tres; sin mayor discusión ni debate.

Lo único que puede recordarme la situación política actual, es algo que Jorge Serrano mencionó en su libro de la Guayaba, y es que en un apartado, donde narra parte de su accidentada relación con el sector privado, afirma cómo, para que se aprobara una reforma fiscal, se acordó con ese sector que ellos se opondrían de forma oficial y que solo publicarían un comunicado donde manifestarían su desacuerdo, pero aun así pasarían otras medidas que les beneficiarían.

De esa cuenta, todo parece encajar, de nuevo, en que la dirección del país ni siquiera es el Ejecutivo quien la decide, sino una fracción de ese sector, que aún no comprende que Guatemala debe dejar de verse como una finca, donde el capataz es el que manda.

Por eso, cuando el sector privado se opone a medidas como la reforma fiscal de inicios de año, o a las reformas constitucionales, simplemente no puede obviarse que seguramente, con las modificaciones a la Carta Magna, también resultarán adecuando sus planes y proyectos, si no es que ya están trabajando para que queden a la medida, tal como la reforma tributaria les calzó. Lo demás, es puro discurso vacío, que jamás coincidirá con los verdaderos intereses del sector, que siempre parece estar administrando al país.