La Secretaría de Bienestar Social (SBS) destacó que desde la creación de las fuerzas de tarea del Ministerio de Gobernación (Mingob), el número de jóvenes recluidos en los centros correccionales aumentó considerablemente, de 35 ingresos mensuales ahora se reportan alrededor de 100. El tema trascendió en una reunión entre instituciones involucradas con el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.

Según la SBS, tras la implementación de las fuerzas de tarea, existe un alto porcentaje de jóvenes que ingresan a los diferentes centros correccionales, sindicados por diversos delitos.

En la actualidad, el número de jóvenes atendidos por la institución, sobrepasa los mil 400, indica Raquel Vielman de Alcázar, titular de la SBS.

“Tenemos mil 436, entre los que están privados de libertad y los que están en medidas socioeducativas, razón por la cual estamos regionalizando un programa de medidas socioeducativas, porque muchos de los jóvenes que hoy tenemos en nuestros centros de privación no amerita su sanción”, dice la funcionaria.

En enero pasado fueron conformadas las fuerzas de tarea del Mingob, las cuales están destinadas a la desarticulación de estructuras delictivas, dedicadas a extorsiones, secuestros, asesinatos, robo de vehículos entre otros, éstas en los últimos meses han detenido a varios adolescentes, que sindican de conformar bandas delictivas.

Uno de los casos recientes fue el del martes recién pasado, en la colonia Kennedy, en la zona 18, donde fue detenido un adolescente de 14 años, junto a otro hombre de 24, sindicados por el desmembramiento de una mujer.

Según las investigaciones, el menor también habría participado en la muerte de otra fémina, en agosto del año pasado, quien fue asesinada dentro de un taxi en la entrada a la colonia El Limón.

MESA DE DISCUSIÓN
Derivado de los acontecimientos que involucran a jóvenes, esta mañana representantes del Organismo Judicial (OJ), del Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP), del Ministerio Público (MP), de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sostuvieron una reunión para discutir temas sobre el rol de cada institución, en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley. 

Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), destacó que la mesa de discusión busca coordinar acciones para mejorar los resultados en el tratamiento de los menores.

“La idea es coordinar nuestras acciones a efecto de lograr mejores resultados para resolver esa problemática que no es de ahora, es una problemática que venimos viviendo desde hace muchos años”, refirió.

Justo Solórzano, especialista en Niñez y Adolescencia de Unicef, destacó la importancia de una respuesta organizada por parte de las instituciones, la cual se basa en la aplicación adecuada de la legislación que protege a los menores.

“Hoy estamos hablando de delitos de alta intensidad, pero que necesitan una respuesta muy bien organizada, precisamente va a buscar que se aplique la ley vigente, la ley recoge la Convención de los Derechos del Niño, que busca la resocialización, evitar que los adolescentes cuando salgan de los centros de internamiento vuelvan a cometer los hechos delictivos y sean trasladados al Sistema Penitenciario (SP) de adultos”, refirió.