Lejos de encontrar una oportunidad de rehabilitación en los centros correccionales, los menores de edad pueden iniciar en esos lugares una carrera criminal que se extiende, con el tiempo, a las cárceles, donde se acentúa su incidencia delictiva en delitos mayores.

La Hora recopiló información de dos jóvenes recluidos en centros para menores y ahora, en prisión, fundamentales en estructuras criminales. ¿En qué falla el sistema?

A sus 19 años, Carlos Josué Méndez Gómez es una “pieza clave” en una peligrosa estructura criminal dedicada a las extorsiones, que según las autoridades, es responsable de diversos crímenes contra la vida en el país y que fue parcialmente desarticulada el pasado 28 de junio, cuando se efectuaron unas 21 detenciones de sus presuntos integrantes.

El argumento de las autoridades para capturar al joven se basó en una serie de investigaciones, que supuestamente señalaban al detenido como el enlace entre los pandilleros privados de libertad que planifican extorsiones e integrantes de esa organización que operan afuera de las cárceles, amenazando y exigiendo dinero a las víctimas.

Según las pesquisas de las autoridades, respaldadas con una respuesta escueta del detenido, este salió hace unos meses de un centro para menores, cuando el proceso de reinserción había terminado. Sin embargo, su “carrera criminal” solo estaba iniciando.

Este caso es similar al de otro joven, que por su grado de “peligrosidad”, fue trasladado el año pasado del Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 a una cárcel alejada de ese lugar.

Se trata de Rolando Baldomero Bámaca Mendizábal, quien actualmente tiene 21 años y según las investigaciones, se ha “profesionalizado” en su carrera delictiva, que inició en un centro correccional para menores luego de involucrarse en incidentes que han conmocionado a la sociedad guatemalteca, como el asesinato del catedrático Jorge Emilio Winter Vidaurre, quien murió brutalmente en el Correccional Etapa II, ubicado en San José Pinula, en marzo de 2009.

Bámaca Mendizábal también fue individualizado en julio de 2011, en otra investigación del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), como el enlace con otro pandillero recluido en Fraijanes II.

De acuerdo con las pesquisas, la comunicación entre el joven y el líder de la estructura criminal a la que pertenece, permitían extorsionar con fuertes sumas de dinero a empresarios y conductores del transporte extraurbano.

Según la información oficial del Sistema Penitenciario (SP), Méndez Gómez y Bámaca Mendizábal actualmente están recluidos en la cárcel Fraijanes I.  El primero en mención ingresó el 28 de junio, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, conspiración, lavado de dinero u otros activos. Mientras que Bámaca Mendizábal fue trasladado el 22 de noviembre de 2010 por los delitos de asesinato, motín de presos y detención ilegal.

La pregunta que emerge en ambos casos es: ¿Por qué falló el sistema correccional?

¿FRACASO?

El último informe del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), presentado en enero de 2012 al Congreso, apunta a que el sistema correccional para los menores de edad está muy lejos de ser exitoso, y por el contrario, advierte que es en extremo ineficaz para alcanzar sus objetivos.

“El PDH, preocupado por la situación, realizó en 2011 la supervisión a la administración pública a centros especializados de internamiento del departamento de Guatemala. Entre las conclusiones de esta supervisión se determinó que los jóvenes en conflicto con la ley penal se reinsertan en la sociedad entre un 20 a un 30%”, señala el documento.

Es decir, que el sistema de rehabilitación es cerca de 70 por ciento ineficaz, “y  mientras los indicadores que definen la situación se mantengan inalterables y las condiciones de vida para la población guatemalteca no mejore, es difícil esperar que los niveles delincuenciales disminuyan; todo lo contrario, pueden continuar agravándose con los peores efectos y el mayor sufrimiento imaginable en la niñez y la adolescencia”.

Zoel Franco, del programa de Justicia Penal y Seguridad Juvenil, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), opina que la privación de libertad consolida y potencia las “carreras criminales”, por lo que la reclusión de un joven -como se practica actualmente- podría ser contraproducente para su rehabilitación.

“Estamos hablando de la consolidación de procesos criminales; más que todo esto se ve y se potencia cuando se priva de libertad a un adolescente y más cuando se le priva de libertad con el mismo grupo con quien se identifica. Actualmente la Secretaría de Bienestar Social (SBS) tiene a los jóvenes que pertenecen a mara o pandilla en un mismo centro de privación de libertad, aun cuando no están sujetos a una sanción por el delito que se sigue en un debido proceso”, indica Franco.

Según el entrevistado, el sistema de rehabilitación y corrección, en términos generales, aún no ha abordado el tema de forma integral, y en la actualidad el modelo vigente únicamente ha servido para reforzar la estigmatización contra los menores en conflicto con la ley.

“El sistema no se ha preocupado por abordar el tema de manera adecuada. Es decir, lo que se está construyendo a través de la privación de libertad es la consolidación de carreras criminales, pues lejos de que un muchacho tenga en un centro de privación de libertad si se maneja con su mismo grupo, vamos al tema de la estigmatización y el etiquetamiento que se genera alrededor de él”, señala.

LAS CONSECUENCIAS

Aunque a la fecha no es del conocimiento público lo que sucede en el interior de los centros correccionales, se han recopilado denuncias e informaciones de los familiares de los adolescentes sobre la situación de las instalaciones y la administración de los reclusorios.

Los acontecimientos violentos suscitados en los correccionales, en los que se ha atentado contra la vida de los internos y del personal de servicio, también sirven para dimensionar la magnitud de las circunstancias.

El 3 de junio pasado se produjo un motín en el anexo del correccional Las Gaviotas, según declaró la Secretaría de Bienestar Social (SBS); en esa ocasión, la situación fue provocada por la rivalidad entre integrantes de pandillas enemigas.

En el incidente, según la funcionaria Flora Ramos, murieron Áxel Omar Palma Bámaca, de 17 años y Ariel Hernández Paz, de 18, quien falleció a su ingreso al Hospital San Juan de Dios; otras 9 personas  resultaron heridas.

Sin embargo, la versión de los familiares de los jóvenes era otra, pues indicaron que fueron los monitores quienes motivaron la trifulca e incluso fueron ellos quienes entregaron las llaves a los adolescentes para que estos se agredieran.

El 17 de abril, La Hora publicó un reportaje basado en la denuncia de parientes de los menores, que recogían información de antecedentes violentos, previos a estas muertes.  La situación resulta compleja al intentar ingresar a los centros para confirmar toda la información, pues las autoridades no autorizan el ingreso, señalando que pretenden proteger la integridad de los menores de edad.

Pero esta situación no es novedosa. Según un informe de la PDH, en septiembre de 2005 ocurrieron dos enfrentamientos entre los internos de Etapa II que pertenecían a la Mara 18 y la Mara Salvatrucha; el saldo fue de 13 muertos y 19 heridos.

En junio de 2006 mueren tres personas y una resulta herida durante otro capítulo de violencia que también se le atribuye a la rivalidad entre las pandillas dentro del correccional.

ENTORNOS

Existen varias discrepancias sobre el rol que debe o deberían jugar los familiares de un menor en conflicto con la ley para su rehabilitación.

Según Jorge Mario Caballeros, exsubsecretario de Reinserción Social y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la SBS, la situación es compleja cuando intervienen algunos padres que incluso sirven de “mensajeros”, entre grupos criminales que utilizan a sus hijos para delinquir.

“Hay dos fenómenos, los padres pueden estar involucrados directamente dentro de las pandillas y el otro es que los pandilleros del Sector 11 amenazan a los menores con hacerle daño a los padres si no hacen determinadas acciones y una de ellas es que sirven de correos, que los utilizan, los adolescentes forzan  a sus padres por temor”, refiere Caballeros.

Zoel Franco, por aparte, apuesta por integrar a las familias a la rehabilitación de los jóvenes, a través de organizaciones sociales con experiencia en el tema.

“El problema que complejiza todo es que el Estado no ha garantizado que la familia pueda participar de manera integral -en los procesos de rehabilitación-, hay familiares -no precisamente la madre, el padre, los hermanos-, que pueden servir de referentes y es ahí donde la SBS debe fortalecer su intervención y hacerse acompañar de organizaciones que tienen experiencia sobre la relación de familia y jóvenes en conflicto, de lo contrario la situación va a seguir dándose”, refiere el profesional.

 Rolando Yoc, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) opina, en cambio, sobre la necesidad de una rehabilitación adecuada, que empieza principalmente con una infraestructura adecuada para generar procesos de adaptación, rehabilitación y reinserción.

Yoc lamenta que a la fecha no existan programas para la juventud, que les permita tener una opción para integrarse a la convivencia armónica dentro de la sociedad.

Este vespertino se comunicó con el actual subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Enrique Leal, sin embargo, no se obtuvo respuesta.