La escasez y repartición desigual de la comida y las agresiones físicas por parte de vigilantes hacia los internos serían las principales causas de conflictos en el Centro Juvenil de Detención Provisional, conocido como el correccional Las Gaviotas, de acuerdo con familiares de los menores de edad. Cuando el hambre se torna desesperante y los abusos son insoportables la situación se sale de control, dicen las fuentes consultadas. Las autoridades ofrecen tomar cartas en el asunto.
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Los gritos de auxilio que se escucharon el pasado 30 de marzo en los alrededores del correccional, en la zona 13 capitalina, correspondían a varios adolescentes supuestamente involucrados en una revuelta, cuentan los vecinos del sector. Ese día, la información sobre el problema que ocurría en Las Gaviotas era confusa y las explicaciones no aterrizaban en conclusiones claras.
Días después, los familiares de los internos relataron que los problemas se originaron por la “escasez de comida”, que supuestamente impulsó a que algunos jóvenes arrebataran los alimentos de otros, y finalmente se golpearan entre sí; la Secretaría de Bienestar Social (SBS) –responsable de ese tipo de centros de privación de libertad– informó que el problema se debía a la “inconformidad” entre los internos por la alimentación, pero que buscaban solucionar de forma inmediata el problema.
Sin embargo, más allá de la revuelta y los conflictos internos, ese suceso abrió la puerta a una serie de denuncias de supuestos abusos y falta de políticas de rehabilitación dentro de los correccionales.
De acuerdo con los relatos de 10 familiares de los internos, que fueron entrevistados por La Hora, las “pequeñas” porciones de frijol y arroz y la consecuente desesperación por el hambre, fueron el detonante para que los adolescentes recluidos se golpearan en esa ocasión, aunque los motivos de su inconformidad son más profundos.
“Dice mi hijo que todo empezó cuando cuatro muchachos les arrebataron la porción de comida a sus otros compañeros, porque no se llenan; los otros no se dejaron y se empezaron a golpear”, cuenta una de las entrevistadas, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Según la información recopilada en las entrevistas, el trato es “desigual” para los internos; “a Los Paisas les dan hasta un vasito de gelatina, en cambio a los otros apenas si les dan unos cuantos frijoles y arroces; los que más sufren son los pandilleros”, indican las denunciantes.
En el momento de euforia de la riña, según la información recabada, ingresaron al área de conflicto los monitores, quienes cumplen el papel de vigilantes o cuidadores, y supuestamente golpearon y dieron descargas eléctricas a los jóvenes.
“El abusivo de siempre es ese monitor, apodado el Bejuco”, refirió una de las entrevistadas, quien dijo desconocer el nombre del sujeto, que supuestamente “juega” con un artefacto con el que da descargas eléctricas a los internos.
Los vecinos del área recuerdan que el día del conflicto se escucharon gritos de los adolescentes que pedían “auxilio”, pues al parecer “alguien los estaba golpeando”.
Las entrevistadas indicaron que uno de los castigos más severos, es la bebida de agua con jabón que son obligados a ingerir los adolescentes que cometen faltas dentro de los correccionales. “Tampoco se vale regresarlo, porque les va peor”, indican.
Tras este incidente, las madres de familia indicaron que se suspendieron dos días las visitas al correccional; después del acontecimiento, los familiares dicen que observaron que algunos jóvenes tenían golpes en el cuerpo, pero ninguno de ellos habló al respecto. El monitor nunca se alejó del área de visitas.
La Secretaría de Bienestar Social cuenta con estrictas restricciones para el ingreso de visitas; únicamente permite que lo hagan los padres, o en caso especial, hermanos mayores. Nadie más puede hacerlo y La Hora lo comprobó.
Las mujeres entrevistadas comentan que tienen comunicación constante con otras que tienen a sus hijos en diferentes correccionales, y coinciden en que el trato a los adolescentes en los diferentes centros es prácticamente el mismo.
LOS CENTROS
La última estadística oficial, a la que tuvo acceso La Hora indicaba que actualmente hay 580 jóvenes recluidos en los diferentes centros: 241 en el Centro Juvenil de Detención Provisional (Las Gaviotas); Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Etapa II), 180; Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Anexo) 123; Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Gorriones) 36.
La Procuraduría de los Derechos Humanos, en el informe “Menores en Conflicto con la Ley Penal”, que culminó el año pasado, destaca en los hallazgos encontrados, que no existen protocolos específicos de reinserción de menores en conflicto con la ley, únicamente cuentan con reglamentos internos disciplinarios.
El trabajo de los equipos multidisciplinarios se enfoca principalmente en los internos que han sido sancionados por el juzgado correspondiente.
Además, un 85 por ciento de los detenidos es adicto a las drogas, la distribución de los internos se realiza básicamente por pandillas, no por grupos etarios como establece la ley.
Se intentó conocer la situación de los internos en cuanto a la alimentación, que es uno de los principales motivos de inconformidad; según el portal de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Bienestar Social, la adquisición de alimentos para los centros de detención se realizó por medio de la modalidad de compra directa el año pasado.
El último contrato registrado para la adquisición de alimentos servidos para los internos del Centro Juvenil de Detención Provisional, establece que se “realizará durante el período del 20 al 31 de diciembre 2011”, de acuerdo con la Información de Procesos de Contrataciones –actualizada a enero de 2012–, pero no hay datos disponibles sobre la situación de 2012. En teoría se prorrogó el contrato, pero se desconoce la cantidad de raciones que se sirve a los internos en la actualidad.
Por otro lado, el portal Guatecompras expone el concurso de licitación número “SBS-002-2012-L”, con el código 1997734, en estado “vigente” para la “adquisición de servicio de alimentación servida para centros de privación de libertad a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia”, el cual detalla las condiciones y la calidad de los alimentos que deben recibir los internos en el 2012.
Entre estos centros se encuentra las Gaviotas; solo para ese correccional se están licitando 71 mil 050 platos de comida para cada tiempo de alimentación, lo cual es contrastante en comparación con la cantidad de internos y los meses restantes del año.
Al respecto, Enrique Leal, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, explicó que los adolescentes se alimentan con una dieta balanceada que sugiere una nutricionista.
La comida es la suficiente para que los jóvenes puedan satisfacer sus necesidades físicas, incluso resalta, que ahora toman leche y cereal.
Una de las molestias, según el entrevistado, pudo surgir porque existen mayores controles en el ingreso de alimentación, debido a los hallazgos de “polvos”, droga y armas, principalmente en ETAPA II, que podrían estar ingresando los familiares de los adolescentes.
Por el momento Bienestar Social continúa trabajando con la empresa que proveía los alimentos en la administración anterior, sin embargo, antes del segundo semestre del año, buscan contratar a un nuevo proveedor.
Al consultar a las autoridades, sobre los 71 mil desayunos, almuerzos y cenas que están licitando, en el centro de internamiento las Gaviotas, Leal, dijo que esto se debe porque también se provee alimentación a los monitores, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fuerzas castrenses que conforman los anillos de seguridad cercanos.
¿PAPEL REHABILITADOR?
De acuerdo con Zoel Franco, coordinador del Programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala (ICCPG), actualmente no existe un papel rehabilitador por parte de las instancias competentes que tienen a su resguardo a los adolescentes en conflicto con la ley.
“Hasta ahora no se cuenta con un modelo que integre programas de atención integral. Aunque hay que destacar la disponibilidad e interés por parte de las actuales autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, para coordinar con diferentes sectores de justicia, seguridad y sociedad civil, al impulsar programas en los centros”, indicó.
El profesional dice que la Secretaría debería tener claro que tiene que implementar programas que prevengan la reincidencia -prevención terciaria- por parte de las y los adolescentes que han sido sancionados, y además debe tener claro que el fin de las sanciones es un fin educativo, que debe propiciar la culminación de procesos de socialización en las y los adolescentes, considerando que son personas en desarrollo.
Por aparte, el subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, opina que efectivamente, no existen programas integrales, que permitan una adecuada reinserción y rehabilitación. (Lea entrevista “Ningún adolescente puede ser sujeto de tortura y maltrato”).
DE CARGADOR A SICARIO
La vida de “Sebastián”, cambió el pasado mes de marzo, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó a una residencia ubicada en el asentamiento Unidos por la Paz, en la zona 12 de Villa Nueva, allí fueron detenidas siete personas, entre estos varios menores de edad.
La orden de aprehensión fue girada para capturar a los siete acusados, entre estos “Sebastián”, uno de los adolescentes, que abandonó sus estudios, porque su madre no logró reunir el dinero de la inscripción este año.
Su progenitora, relata, que “Sebastián” trabajaba como “cargador de bultos”, en un mercado cercano, todos los días colaboraba con ella con Q50 u Q80 diarios, para ayudarle en los gastos familiares.
Las autoridades por aparte, señalaron a “Sebastián”, junto al resto de capturados, que era parte de una estructura criminal que participó en la masacre de otros adolescentes, en noviembre del año pasado, también los acusaron de “sicarios y extorsionistas”.
Al cuestionarle a la madre del adolescente, por las razones que su hijo fue detenido, indicó: “parece que fue por contaminación al medio ambiente”, refirió confundida. La entrevistada desconoce realmente el motivo de la captura, al igual que entra en confusión para saber si el adolescente aprobó el último año escolar, “se quedó en primero básico, pero a saber si ganó, con decirle que yo ni fui a traer sus notas”, dijo.
En el hogar de “Sebastián”, no hubo una figura paterna, lo abandonó cuando era muy pequeño.
Zoel Franco
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala