Siete muertes no esclarecidas, en las sombras del Sistema Penitenciario
Las autoridades investigan las muertes violentas de siete trabajadores de Presidios ocurridas este año, pero solo en dos casos se han anticipado hipótesis; los indicios sobre la autoría de los crímenes conducen hasta el propio sistema carcelario en el que trabajaban las víctimas.
mcastanon@lahora.com.gt
El Director de Presidios cree que los ataques al personal de la institución son una respuesta de los criminales al “buen trabajo” que se ha hecho, pero también reconoce el poder económico que tienen los reclusos para “comprar voluntades”.
El motín de la semana pasada, en el que los internos tomaron como rehenes a guardias penitenciarios y destruyeron la mayor parte de las instalaciones de la cárcel de “máxima seguridad” Fraijanes II, de nuevo ha puesto al descubierto la debilidad del Sistema Penitenciario (SP) y su vulnerabilidad ante los ataques internos y externos, que han dejado el saldo de al menos siete trabajadores penitenciarios fallecidos solo este año.
En cuanto a las muertes, existen varios indicios que hacen sospechar que pudieron ser planificadas desde las prisiones, lo que sirve al Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) para fundamentar sus investigaciones, que hasta ahora se mantienen bajo reserva.
Solo en el caso de Amílcar Corado, director de la cárcel El Infiernito, quien fue muerto el pasado 18 de julio en la diagonal 6 y 16 calle de la zona 10, los investigadores sostienen la hipótesis de que se trató de un robo, en contraste con la postura del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes tras el hecho no descartaban que la muerte estuviera vinculada con la labor del funcionario en el SP.
Los investigadores sostienen que Corado pudo ser una víctima de la delincuencia; el hecho ocurrió en la zona 10, donde usualmente se reportan robos de celulares a automovilistas y los testigos señalan que los agresores dispararon con armas cortas desde dos motocicletas.
Pero esta historia es distinta al resto de los desafortunados incidentes, en los que se observan coincidencias y aun no se determinan los móviles.
ENTRE EL CAOS Y LAS AMENAZAS
Cuando se originaba un motín en la cárcel de Fraijanes II, supuestamente liderado por el grupo de narcotraficantes Los Zetas, a las 11:50 horas del lunes 19 de noviembre, también fue atacado a balazos Santos Levi Barrientos Gudiel, de 30 años, guardia del SP, quien viajaba en un picop de la institución.
Los informes señalan que fue acribillado en una gasolinera ubicada en la zona 2 por individuos que se conducían en un automóvil, quienes lo habían seguido a lo largo de varias cuadras. En la escena del crimen el MP recopiló más de 20 casquillos de los calibres 7.62 y 5.56, los cuales corresponden a fusiles de asalto.
El 16 de noviembre –tres días antes del crimen– las autoridades realizaron una requisa en la cárcel El Boquerón, donde encontraron seis armas de fuego, decenas de celulares, droga e información que vinculaba a pandilleros de la Mara Salvatrucha con la planificación de extorsiones y otros ilícitos.
Barrientos Gudiel estaba asignado a la administración de la Dirección General de presidios, donde cumplía con varias funciones.
Sobre el caso se mantiene un estricto hermetismo en Presidios, que no arroja hipótesis sobre lo que pudo haber motivado un ataque directo contra uno de sus trabajadores.
En otro hecho, el 17 noviembre –dos días antes del motín en Fraijanes II–, en la 14 calle y 5ª. avenida de la zona 9, fue asesinado Santos Benjamín González Yanes, de 29 años, quien fungía como subdirector interino del Anexo “B”, del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.
Cuando ocurrió el crimen estaba fuera de labores, pero recién había salido de la Escuela de Estudios Penitenciarios; fue atacado por delincuentes que viajaban en una motocicleta de color azul, quienes le ocasionaron heridas en la cabeza.
Luis González, director del SP, dijo que González Yanes, supuestamente antes había sido víctima de amenazas por parte de privados de libertad, quienes habrían manifestado su molestia por las constantes requisas realizadas en el Preventivo. (Lea: “Los privados de libertad tienen capacidad económica de comprar voluntades”).
Según González, el Anexo “B” fue creado para detenidos acusados por delitos menores, pero derivado de la sobrepoblación, hoy albergan a privados de libertad sindicados por los delitos de narcotráfico, femicidio, asesinato y extorsión.
CARBONIZADOS
El pasado 6 de noviembre fueron encontrados los cuerpos carbonizados de cuatro guardias penitenciarios en La Libertad, Petén, pero sobre este hecho el Director de Presidios prefirió no pronunciarse.
Según la información oficial, las víctimas fueron Mynor García Canté, José María Pérez Ramos y Henry Neftaly López, todos de 27 años; estaban asignados como guardias en la Dirección General del SP.
Mientras que Juan Walberto García Ignacio, de 25, estaba designado en una prisión de Petén. Los fallecidos tenían entre 2 y 4 años de servicio dentro de la institución.
El propio González calificó en el transcurso de la entrevista concedida a La Hora, que la cárcel de Petén era una de las más “corruptas”, pero aparentemente tras un trabajo “intenso” se habría logrado restablecer el control.
¿De dónde provino el cruel asesinato?, la respuesta nadie se atreve a responderla ni siquiera el titular del SP, quien argumenta que el MP continúa con las pesquisas y se reserva una opinión particular sobre el caso.
Es imposible que la brutalidad del caso pase desapercibida; los guardias desaparecieron días atrás, los acribillaron con armas de fuego y luego los carbonizaron. Presidios sostiene que estas personas no tenían antecedentes que mancharan su historial laboral.
ANARQUÍA
Según las investigaciones del MP y de las Fuerzas de Tarea contra Extorsiones y Sicariato, el 90 por ciento de extorsiones y muertes violentas continúa planificándose desde lo interno de los centros carcelarios
La situación llega al extremo que los autores intelectuales de los crímenes, desde las prisiones, pueden monitorear los asesinatos de sus víctimas con el uso de teléfonos celulares, al punto que pueden escuchar el momento justo en el que se ejecuta a sus víctimas.
Carlos Vega, analista en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que no solo el abandono y la infraestructura inadecuada permiten la anarquía que hoy se observa en las cárceles, sino que destaca la corrupción como uno de los factores predominantes en la estela de violencia y criminalidad que afecta al SP.
“El problema de la corrupción de Presidios no es solo de los reclusos, sino que es de las autoridades; eso es lo complicado, porque las autoridades están involucradas. Tradicionalmente se les ha iniciado proceso por delitos a los alcaides, directores, cuando se sospecha o hay indicios de corrupción”, señala.
Según Vega, las autoridades están conscientes que el impacto de la corrupción afecta a esta institución y considera que por eso deben agenciarse de todos los recursos necesarios que permitan trabajar en un proyecto que consolide un cambio en su estructura y la transparente.
“Creo que las autoridades están conscientes del colapso del SP. Existe la Ley del Sistema Penitenciario y el reglamento, que fue aprobado en la administración pasada porque se necesitaba que se aprobara, pero la implementación la tiene que hacer este gobierno. Implementar esa ley cambia las estructuras que tiene el sistema”, dice.
Carmen Rosa de León Escribano, del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), considera que presidios necesita una reforma orientada al ámbito legal, pero también en controles y reforzamiento del sistema de guardia.
“Esto tiene que ver con una reforma profunda del SP que es lo que se ha planteado en el ámbito de la ley y del reglamento, de esa cuenta es necesario retomar todo el tema, no solo el funcionamiento en sí de las cárceles, sino los controles y también en el reforzamiento de la guardia penitenciaria en cuanto a capacitación y equiparar el nivel, de allí va a derivar en que se tenga mayor control y mejor seguridad”, dice la entrevistada.
“Los privados de libertad tienen capacidad económica de comprar voluntades”
Luis González, director del Sistema Penitenciario (SP), explicó que las muertes violentas de trabajadores de Presidios podrían ser una reacción del crimen, supuestamente por el reforzamiento de los controles en las cárceles y el “buen trabajo que se está realizando”, pero reconoce que los reos tienen poder y la capacidad para comprar voluntades. La corrupción, una vez más, es el centro de atención.
POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
¿Cuál es su percepción de las últimas muertes violentas ocurridas contra trabajadores del SP?
Es una reacción normal de los que se sienten afectados por las actividades que está llevando a cabo el SP. Ellos piensan que con esto nosotros vamos a bajar la guardia, en el sentido de no seguir requisando, de no seguir actuando. Esto está por demás decirlo, pero si nosotros aceptamos una misión y aceptamos el riesgo, es lógico que a nuestro personal lo hemos estado alertando para que tomen todas sus medidas de seguridad. Para mí, son reacciones; si usted lo quiere ver así, es una reacción por los buenos resultados que hemos obtenido. Es una reacción lógica del crimen organizado que no le conviene que se tenga control, orden y disciplina. Ellos siempre van a estar en contra de eso.
¿Podríamos decir que las últimas dos muertes tienen relación con las cárceles o con el trabajo que hacían las personas que fallecieron?
Son reacciones por las acciones que está llevando el buen guardia penitenciario. En el caso de –Santos González–, estaba recibiendo amenazas de la misma población del Anexo del Preventivo.
¿Qué tipo de perfiles criminales hay en el Anexo B?
Esa fue diseñada para delitos menores, pero hoy por hoy, derivado de esa sobrepoblación, hay de diferentes delitos; en su mayoría van los de femicidio, pero tenemos otros delitos que por orden de juez van desde narcotráfico, asesinatos, y extorsiones.
¿Y en el caso de los guardias que calcinaron en Petén?
Es el Ministerio Público el que está siguiendo eso y no podemos nosotros entorpecer algún tipo de investigación. Si en algún momento podemos coadyuvar, coadyuvamos.
¿Cuáles son los avances que puede mencionar durante su gestión en el tema de corrupción, que ha sido y es uno de los problemas más serios en el Sistema?
Nosotros empezamos a poner orden y disciplina en todos los centros. De hecho, usted ya sabe que el guardia iza su bandera a las 6 de la mañana, en todos los centros, los sábados hay actos cívicos. Estamos extremando, tomando medidas y mayores controles en los ingresos tanto de guardias como de visitas a los centros, porque allí es donde se dan las cosas. Hemos incrementado o fortalecido los protocolos de seguridad, hemos efectuado traslados de guardias a diferentes lugares para evitar que continúen algunas prácticas.
En Petén había una situación altamente corrupta, pero ahora hasta se han recibido felicitaciones de Derechos Humanos, de los mismos familiares de privados de libertad. Mandamos un director y un subdirector que lo primero que hicieron fue hablar con las familias y decirles que si voceros, guardias o quien fuera estaban pidiendo la famosa talacha, que lo denunciaran. Empezaron las denuncias.
¿Cómo lograr que un guardia no sea corrupto si la institución para la que labora no le garantiza condiciones dignas de trabajo?
Recientemente estuve con el Viceministro Administrativo y con la buena noticia que nuestro expediente va para Finanzas Públicas, porque existe la oportunidad de otorgar un bono fijo al guardia penitenciario. Tenían un bono de Q700 y se lo subimos a Q1 mil 200. No se hizo público porque se estaba trabajando en eso.
En el tema de corrupción hablemos sobre los directores de centros penitenciarios. ¿Podría evaluarlos? El guardia es la persona visible, pero ¿qué hay sobre los demás cargos?
Todo el personal que entra, todos pasan su examen de poligráfico. Hasta el momento el personal que yo he traído no me ha caído en actos de corrupción.
¿Son personas de su confianza las que llevó al SP?
Total. Aunque hay personal que ya se fue, consiguió un mejor trabajo o el ambiente no le favoreció. El trabajo acá es difícil. Lo que hacemos es buscar a nuestro personal bien seleccionado y mantener una visión de país.
En los últimos acontecimientos –el motín y la destrucción del penal de Fraijanes II– fue ridículo observar el control que tienen los reos, al punto que enviaban fotos desde un smartphone cuando ustedes estaban dentro de la cárcel. ¿Qué sucede?
Es algo ridículo y allí es donde se ve que los privados de libertad tienen capacidad económica de comprar voluntades. Nosotros hemos recalcado y eso es algo que estamos estableciendo ahorita. Cualquier personal que entre al SP tiene que pasar por la Academia; aquí los problemas son de formación. A raíz de que tengamos una academia que prepare al guardia penitenciario, a los equipos multidisciplinarios, a los directores y subdirectores, que todos sepan el cumplimiento y misión, qué norte llevamos.
¿En qué prisiones se visualiza la instalación de portales para evitar contacto de guardias y reos?
Son 17 portales, ya hay dos semifuncionando. Portales nuevos propiamente para cárceles son 13, porque El Infiernito y el Preventivo ya tienen uno que funcionan en 50 por ciento. Allí ya es solo de completarlos y con estos dos serían 15. El Boquerón, que va a ser una cárcel nueva, va a contar con su portal de ingreso; estamos hablando de 16 y Pavoncito, que es el otro centro modelo de mediana seguridad, con la cárcel nueva va a venir su portal. Matamoros, Fraijanes I y II tienen su protocolo de seguridad.
HALLAZGO EN 2010
El 28 de junio de 2010 aparecieron los restos de Wendy Mariela Colín Chávez, jefa de personal del Preventivo de la zona 18, frente a las instalaciones de una radioemisora en la zona 15, con un mensaje contra el Ministerio de Gobernación y de Presidios, por supuestos “abusos y violar los derechos de los reos”.
El cuerpo de la víctima se encontraba en cuatro bolsas con la cabeza y extremidades, aunque sin la mano derecha. Los informes preliminares de los bomberos, que atendieron la emergencia, dieron cuenta que la víctima fue torturada antes de morir.
Esto, porque la cabeza tenía cortes que suponen que los criminales hicieron un torniquete contra la víctima con alambre de púas.
Carmen Rosa de León Escribano
Consejo Asesor de Seguridad