En Siglo Veintiuno del 16 de febrero pasado, se publicó una entrevista a Karin Slowing, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, y ex coordinadora del Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) del PNUD; quien manifestaba que la ausencia de un plan de largo plazo para el país y los problemas de «traslape de competencias» entre ministerios y secretarias, junto a la falta de coordinación entre éstos para la ejecución de sus funciones, es precisamente lo que el Consejo de Cohesión Social (CCS) trata de compensar y así priorizar áreas que atender.
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Y se refería a «traslape» o duplicidad de funciones, ¡que ironía!
Ese tipo de respuestas me hizo recordar que, quizá fue a mediados de 2006, cuando Slowing presentó el INDH de 2005, en el salón de actos Severo Martínez Peláez, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Usac. En esa ocasión, la entonces coordinadora de ese informe realizó su presentación, sin problema; pero en la fase de preguntas, parafraseándola, dijo que se congratulaba de dar origen al debate entre los asistentes, al ser cuestionada por uno de los catedráticos de la mencionada Facultad, de que ese informe era simplemente una fotografía del país y, que en nada servía si no hacía referencia a que los problemas que enmarcaba eran generados por la estructura económica del país, es decir, por concentraciones de tierra por parte de grupos de poder económico, principalmente.
A lo anterior, Slowing respondió que al PNUD solamente le correspondía hacer recordatorios a los gobiernos de los compromisos asumidos que no estaban cumpliendo, pero que no podía obligarles a nada.
Ahora, cuatro años después, tenemos similar situación: la secretaria dice que Segeplan no tiene «dientes para poder rearticular, reorganizar ni coordinar la acción sectorial» de los ministerios o en este caso, obligar al Gobierno para ejecutar planes de largo plazo.
La incongruencia con todo esto, es que el CCS se estaría encargando entonces de desempeñar el rol que le corresponde a Segeplan, quien tiene la obligación de priorizar la inversión del Estado en las áreas que carecen de ella y el de coordinar las acciones de los ministerios para que cada cual no se conduzca por caminos independientes. Todo eso, de acuerdo a la estructura de la planificación de Guatemala, que incluye a los consejos de desarrollo, de donde obtendrían la información pertinente para la implementación de políticas tendientes al desarrollo de Guatemala.
La situación que se está dando, es que la actual administración se ha pasado las instituciones del país por delante, y que las anteriores no le han dado el lugar que le corresponde a la planificación del desarrollo de Guatemala, situación que da pretextos a algunos, para declararse anti-Estado. Percepción por demás equivocada.
Mi pregunta: ¿Qué hace Slowing en Segeplan? O, también, ¿Qué hacen varios ex-activistas «sociales» en dependencias del ejecutivo? Porque, recuerde que antes vivían reclamando transparencia y priorización en el quehacer de la cosa pública. Pero, por el momento, solo tengo la impresión de que todo, todo, todo… sigue igual.
Que cada quien vea su propia viga y no la paja.