La cifra de secuestros en capitales y municipios de México, especialmente en Chiapas, Tabasco y Veracruz, se ha incrementado en forma alarmante: en seis meses fueron secuestradas 9,758 personas, correspondiendo la mayor parte a Honduras, El Salvador y Guatemala, según el Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de los migrantes, que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México a través de su presidente, el doctor. José Luis Soberanes.
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Después de efectuar una amplia investigación que incluyó entrevistas directas con mujeres y hombres secuestrados, la CNDH constató que en los días o meses que los migrantes permanecen secuestrados, se les golpea, viola o mutila. Quienes se dirigían por territorio mexicano en forma indocumentada a Estados Unidos, se les secuestra utilizando la amenaza de armas y golpes, desde los lugares donde se encontraban (ferrocarril, carros, caminando en veredas o calles de las ciudades, así como en hoteles), y se les traslada a bodegas o casas de habitación. Ahí solicitarán en forma violenta el teléfono de sus domicilios o parientes y amigos en Estados Unidos para pedir un rescate que oscila entre 500 y 5,000 mil dólares.
Secuestrar a una persona es un acto que afecta la dignidad humana. Nadie tiene derecho a privar de su libertad a ningún ser humano. Y en el caso de los migrantes secuestrados -hechos frecuentes desde 2007- cuando tratan de llegar a territorio estadounidense, la acción del secuestro adquiere otras implicaciones: se realiza una acción contra personas que han salido de su país por no tener trabajo o buscar mejores alternativas de vida. Basta estar unas horas en cualquier albergue migratorio para enterarse que los migrantes dejaron familia endeudada, pues para poder viajar hicieron un préstamo, vendieron un bien o utilizaron pequeños ahorros.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dio a conocer que las condiciones de cautiverio son inhumanas y a las personas se les trata con crueldad. Por su condición de indocumentados la mayor parte de los migrantes no presentan las denuncias y los casos de secuestro quedan impunes. «En algunos casos -afirmó el doctor Soberanes, durante la conferencia de prensa en donde presentó el Informe- los migrantes proporcionan indicios que sugieren la participación o colusión de autoridades de los tres órdenes de gobierno». También se dio a conocer que los captores se identifican como maras o miembros de grupos zetas.
Los secuestros -se añade en el Informe- es una actividad delictiva muy grande y conllevan altos niveles de ingreso. Si se establece un promedio de 2,500 dólares recibido por persona secuestrada, entonces los secuestradores habrán obtenido aproximadamente 25 millones de dólares. La tendencia será entonces a que se incremente esta forma de criminalidad. La posición de las autoridades, además de informar a la población y tomar medidas preventivas, debe corresponder a la gravedad y frecuencia del delito y combatirlo en todas sus expresiones. El secuestro de los migrantes lo realizan bandas organizadas. Tienen redes de colaboradores y recursos económicos.
Las mujeres y hombres que son secuestrados también corren el peligro de ser parte de la Trata de Personas, en especial, por no poder pagar el rescate. Por esta razón, es necesario fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades de policía y migratorias de Guatemala y México; igualmente, otorgarle mayor impulso a las decisiones emanadas del diálogo bilateral entre ambos países.