El informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México -el cual dieron a conocer públicamente- ha logrado que diversos sectores sociales de Guatemala y México hayan externado opiniones de preocupación, básicamente las diputadas y diputados de ambos congresos, así­ como investigadores, universidades, medios de comunicación e instituciones dedicadas a la problemática migratoria. Por esta razón, el presente artí­culo expone sus conclusiones:

México como paí­s de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo. Cada año, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, alrededor de 550 mil mexicanos emigran a Estados Unidos. Asimismo, en los últimos tres años, el Instituto Nacional de Migración aseguró un promedio anual de 140 mil migrantes, sin documentos, en su mayorí­a de paí­ses de Centroamérica y en su mayor parte, también con la intención de llegar a Estados Unidos.

Existen varios factores de í­ndole económica y social que determinan las migraciones y su conformación, entre los que se encuentran: la pobreza, el desempleo, la simetrí­a económica entre paí­ses vecinos o relativamente cercanos, la falta de expectativas o de acceso a servicios básicos y el propósito de reunificación familiar. Algunas personas se ven obligadas a emigrar por motivos de persecución o por traficantes y tratantes de personas que los acosan y engañan con la promesa de mejores opciones de desarrollo e ingresos. Por otra parte, en los flujos migratorios hay cada vez más mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que viajan acompañados o solos.

Lo anterior se ve agravado por la gran extensión y alto riesgo de los trayectos que tienen que recorrer de manera subrepticia a lo largo del territorio nacional, lo que los convierte en personas completamente expuestas y vulnerables a sufrir cualquier tipo de violación a sus derechos humanos.

Los riesgos de este prolongado recorrido incluyen la posibilidad de sufrir un secuestro. No obstante esta reconocida vulnerabilidad, la autoridad migratoria, la policí­a federal y las corporaciones policiales, así­ como los agentes del ministerio público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano. En la inmensa mayorí­a de las ocasiones, los delitos permanecen impunes y revelan rasgos de apatí­a, omisión o corrupción.

Del contenido de este informe especial se desprende que, respecto de los secuestros de migrantes, no existe una coordinación, ni siquiera básica, por parte de las autoridades responsables de la seguridad pública y de la persecución de los delitos, las que tienen la obligación de investigar los hechos y someterlos al imperio del juzgador. Corresponde a estas autoridades tomar medidas acordes, dentro de sus respectivas facultades, para luchar en contra de la impunidad que actualmente prevalece en perjuicio de los migrantes.

Algunos de los factores determinantes que llevan a los migrantes a no denunciar el secuestro son: el desconocimiento de sus derechos por la falta de información que padecen cuando son o están asegurados, el temor a represalias o a ser devueltos a su paí­s; la prioridad que tienen en llegar a su destino, la creencia o la certeza de que las autoridades están coludidas, y la desconfianza en la procuración de justicia.

Por todo lo anterior, la conclusión a la que arriba este informe especial es que la alta incidencia con la que está ocurriendo el secuestro de migrantes debe constituir una señal de alarma que debe ser atendida debido a la injusticia que representa, al grave sufrimiento que implica para las ví­ctimas, a la afectación directa a patrimonios familiares de por sí­ limitados y a la afrenta que significa para el paí­s el hecho de que en su territorio se estén realizando secuestros colectivos, lo que a pesar de su gravedad ha recibido poca atención.