En un volumen no cuantificado, la migración laboral guatemalteca efectúa con escaso dinero su viaje a Estados Unidos. Aunque han solicitado préstamos, hipotecas o vendieron un bien, viajan en cualquier parte de los vagones del ferrocarril de carga de la empresa Mayab (conocido como el Tren de la Muerte), porque no pueden pagar otro medio de transporte y tampoco pueden cubrir la cantidad que les piden los traficantes (coyotes). De tal manera que exigir dinero para liberar a quienes han secuestrado tiene una implicación criminal doble pues privan -con violencia- de su libertad a un ser humano y exigen dinero a familias en extrema pobreza. La persona que ha abandonado su núcleo familiar lo ha hecho por no tener trabajo y, obviamente, por falta de dinero. Por esta razón, el informe señala la necesidad de «proteger los derechos humanos de los migrantes que son o pueden ser ví­ctimas de delitos, entre éstos el secuestro, mediante la promoción de su acceso efectivo a la justicia y a la protección de sus derechos que está obligado a garantizarles el estado mexicano».

El informe presenta testimonios y casos de centroamericanos que, después de haber sido secuestrados, fueron liberados luego de pagar la extorsión que les exigí­an. Hombres y mujeres informaron a los investigadores de la Comisión que fueron retenidos -con extrema violencia- y recluidos en casas, locales o bodegas, destinadas al uso de cárceles donde se les dio un trato inhumano al privárseles de lo necesario para sobrevivir (dormir en el suelo, alimentación, etcétera): «Pesaba más de 150 libras -dice una mujer secuestrada-, ahora peso 90, estoy débil, mareada, ojeruda (sic), cansada, golpeada, pero agradezco a Dios por haberme librado de ellos y le pido a él que haga justicia divina. La Van (se refiere al carro donde la trasladaron) que ellos usan es con número de placas XCL1521…». Los secuestradores y secuestradoras se mueven abiertamente, enseñando armas de alto poder (AK-47, escuadras 9 milí­metros), desplazándose a un lado de las ví­as del tren, en las veredas o carreteras o esperando la salida de indocumentados de los albergues. Nadie los detiene. Otra forma de exigir dinero es cuando los indocumentados reconocen que tienen familiares en Estados Unidos. Entonces llaman a ese paí­s para que les lleven el dinero del rescate o lo hagan por medio de un giro.

También pagan a grupos de maras para que secuestren y les lleven a los indocumentados. Ellos amenazan con realizar amputaciones en caso haya oposición. «Durante ese tiempo (del secuestro) dormí­a en el suelo y sólo me daban de comer una vez al dí­a tortillas duras y un pedacito de pollo viejo -es el testimonio de una ví­ctima-. En el lugar nos cuidaban continuamente cinco personas que consumí­an coca y bebí­an cerveza todo el dí­a, habí­a más personas secuestradas. Los secuestradores mataron un salvadoreño porque no pagó el rescate, le dijeron que hablara con su familia por últimas vez, y el lunes en la tarde lo subieron a una camioneta y ya no volvió».

El informe presenta propuestas dirigidas a las señoras y señores titulares de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Pública, donde se refiere a la necesidad de emprender acciones precisas para combatir el secuestro de quienes integran la migración y darles un efectivo acceso a la justicia, fortalecer las instancias que brindan atención a las ví­ctimas del delito, sancionar a los responsables y reparar el daño a las ví­ctimas; de igual manera, incluir como grupo vulnerable a los migrantes para que se les considere dentro de los programas de seguridad pública establecidos por las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

El flujo migratorio de guatemaltecos hacia Estados Unidos incluye hoy la posibilidad -surgida desde 2007- de ser secuestrados. Las autoridades guatemaltecas y mexicanas deben analizar con detenimiento este tema en sus reuniones bilaterales porque vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son seres humanos y en Guatemala, México y Estados Unidos, se les debe respetar su dignidad (Final).